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Opinión

  • | 2008/04/17 00:00

    Reformita o Constituyente

    De poco sirve una reforma que imponga nuevas sanciones a los políticos en el papel si el Estado no tiene dientes para hacerlas cumplir. Mejor sería una Asamblea Constituyente.

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La crisis generada por la narcoparapolítica no es más que la repetición de una vieja historia. Durante los últimos treinta años, ha sido ininterrumpida la interferencia de la ilegalidad en las esferas de decisión pública, para no hablar de la influencia de los grupos económicos. El vehículo han sido las organizaciones políticas y las elecciones, la ruta.
 
La propuesta que se tramita en el Congreso sobre la responsabilidad política de los partidos es un avance, pero no deja de ser una “reformita” frente a la magnitud del problema y de las falencias del conjunto de instituciones que regulan el funcionamiento de la democracia representativa.

En el pasado, se consagraron obligaciones a colectividades y candidatos, sin ningún resultado, mientras el aparato estatal seguía siendo incapaz de garantizar que las cumplieran. Imponer en el papel responsabilidades a los partidos no significa nada, si no se fortalece la capacidad de investigación y sanción.

Tres casos lo ilustran: con el fin de garantizar transparencia en la financiación de la política, la ley 130 de 1994 obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a castigar a quienes no presenten cuentas de campaña. No obstante, todo quedó en discurso e impera la impunidad. Los datos del propio CNE lo confirman: de 2002 a septiembre de 2005 ese organismo dejó caducar 11.324 actuaciones. Un cálculo superficial, establece que por esa razón el Estado dejó de percibir cerca de 60.000 millones de pesos por concepto de sanciones.

Otro caso, no menos dramático, es la lucha contra el fraude electoral y los delitos que vulneran los mecanismos de participación ciudadana. A pesar de su importancia, la Fiscalía no esta dotada de organismos especializados y permanentes. Es tradición que para cada proceso electoral, el Fiscal General cree Comisiones Especiales de Fiscales Delegados y designe un coordinador. En el mejor de los casos, puede encargar al Vicefiscal. En cambio, en países con menos problemas, como Panamá o México, existe la Fiscalía Electoral.

La justicia contencioso-electoral es el tercer paradigma de ineficiencia. Basta recordar, que la lentitud del Consejo de Estado ante las irregularidades que se presentaron en la elección del Senado de la República, en 2002, permitió que durante treinta meses usufructuaran curul ciudadanos que no fueron elegidos. Por cierto, nunca se conoció investigación penal por la comisión de ese fraude electoral.

¿Para qué, entonces, asignar cargas a los partidos, si no se fijan procedimientos ciertos para su verificación? ¿O si se diseñan para que sean inefectivos? Si en verdad hay voluntad política de combatir la injerencia del delito, es urgente complementar el proyecto de acto legislativo con instrumentos que le den dientes al Estado.

¿Pero puede este Congreso hacer una reforma de esas características? Difícil ser optimista. Dedicado a defenderse y resignado a ver desfilar sus miembros rumbo a prisión, no está en capacidad de hacer ningún cambio de fondo. La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, parece, a pesar de todo, un camino más realista.

Aunque la hostilidad natural de los parlamentarios, afectados por el fantasma de la anticipación de elecciones, es el principal obstáculo para convocar a una Constituyente, en gran parte depende del mandato, que señale directamente el constituyente primario a la Asamblea. Por ejemplo, no se puede poner en peligro la composición y período de los magistrados que integran las Cortes, tampoco los del actual Legislativo y Ejecutivo. Carecer de ese preciso mandato es una tentación para el cierre del Congreso, pero, también, para lo contrario: que se afecten los procesos judiciales contra los parapolíticos.
Por otro lado, una Constituyente ofrece al presidente Uribe el camino para exorcizar todos los estigmas que le endilgan y la mejor oportunidad de solucionar un tema que amenaza en convertirse en centro de la próxima campaña presidencial. Si fuera así, es posible que la brújula ciudadana apunte a otro norte y los éxitos de la política de seguridad democrática naufraguen en medio de olas de populismo.

Por lo pronto, la renovación de la clase política se dará a punta de providencias judiciales. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía no se queden solamente en la cúpula, sino que bajen hasta las bases de los aparatos políticos corrompidos. También, que las presiones políticas no afecten la ecuanimidad y valentía para reconocer la inocencia de quien no se pruebe plenamente su culpabilidad.

Nota: Deben estar temblando los políticos y “personalidades” vinculadas con las Farc, ante la posibilidad de que comiencen a hablar los computadores de Reyes.

www.rafaelguarin.blogspot.com



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