Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2015/11/19 14:24

La voz del Pueblo

La refrendación de la paz no puede ser causa de una honda fisura entre los colombianos.

Jorge Humberto Botero. Foto: Archivo Particular

El Gobierno le ha pedido al Congreso que regule el mecanismo de refrendación ciudadana del acuerdo que logre con las FARC; y adopte medidas para aligerar la expedición de las normas que se requieran para implementar lo que, hasta donde sabemos, es todavía una posibilidad, quizás elevada, pero no una certeza.

No obstante, los ponentes en comisiones conjuntas parecen saber a este respecto mucho más que los ciudadanos de a pie. Por eso escribieron que “los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las guerrillas representan un gran avance hacia la reconciliación nacional”. Sería estupendo conocerlos. Hasta ahora la idea que teníamos –que habría que desechar por errónea– consiste en que nada de lo que se debate ha sido cerrado. El propio de La Calle ha denominado el texto sobre justicia transicional “acuerdo en desarrollo”.

Sea de ello lo que fuere, es interesante enfatizar que al actuar unilateralmente frente al Congreso, el Gobierno desconoce el compromiso de definir esas materias en la mesa de La Habana. Esta forma de proceder implica riesgos que seguramente son calculados: nuestra contraparte ha rechazado explícita y reiteradamente esa conducta. Además, “despacharnos solos”, a priori convalida eventuales incumplimientos de la guerrilla; por ejemplo, con relación a la fecha límite para la suscripción del acuerdo definitivo...

Postula la propuesta de los congresistas cercanos al Gobierno que las normas que proponen no sean para todo tipo de plebiscitos (que si están bien concebidas deberían ser abstractas), sino, exclusivamente, para validar el acuerdo que se negocia con las FARC. Tal vez sea esta una manera sutil de decirle a los “elenos” que está por partir el último tren al que pueden subirse.

Respecto de la propuesta inicial del senador Barreras, se efectúan cambios razonables. Ya no habrá votaciones durante varios días, el voto no será obligatorio y, por ende, se eliminan las sanciones para quienes no concurran a los comicios.

Esto nos lleva a la compleja cuestión de umbrales y mayorías. La propuesta que ahora se plantea consiste en lo siguiente: “Se entenderá que la ciudadanía aprueba el plebiscito por la paz en caso de que la votación por el “sí” obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el “no”. Con cifras de hoy se requeriría que unos 4.4 millones de ciudadanos voten a favor del acuerdo en una proposición indivisible. Es decir, todo o nada.

La oposición rechaza, tanto la votación binaria o “en bloque”, como el umbral o votación mínima que sería, simultáneamente, mayoría.
Respecto de lo primero, pretende que pueda votarse por cada una de las proposiciones (que pueden ser millares) contenidas en el eventual acuerdo y que el umbral sea sustancialmente mayor.

Al respecto se dirá que el plebiscito es un dispositivo de respaldo ciudadano a una política; es decir, a una estrategia enderezada, por ejemplo, a renegociar la deuda externa de un país, como sucedió recientemente en Grecia; o a la finalización de un conflicto armado, que es el objetivo que aquí perseguimos. Se trata de un mecanismo muy diferente al de un referendo, que sirve para la adopción por los ciudadanos de unas normas jurídicas singulares, razón por la cual, como se hizo en el 2003, hay que votarlas una a una.

Usar la técnica del referendo para el plebiscito lo conduciría al fracaso; con alta probabilidad unas preguntas serían aceptadas y otras negadas, ello implicaría que el equilibrio entre los intereses de una y otra parte, que tan difícil es de construir, podría perderse. Sucede en este ámbito algo parecido a lo que ocurre con la decisión tomada por el Congreso sobre tratados bilaterales, como el de comercio que suscribimos con los Estados Unidos en el 2006: puede negarlos o aprobarlos pero, jamás, modificarlos.

De otro lado, requerir umbrales muy elevados, digamos la mayoría del censo electoral, que hasta hace poco estuvo vigente, le concede una ventaja excesiva a los opositores, a quienes basta, para hundir la iniciativa, limitarse a invitar a la gente a que no vote. Ese no puede ser el camino. Se construye democracia de participación movilizando al electorado, no pidiéndole que se quede en su casa.

Pero, sin duda alguna, tiene que haber un umbral de alguna magnitud. Los ponentes para primer debate no explican de dónde sacaron la cifra mágica del 13% del censo electoral. Vale la pena una discusión a fondo sobre esta materia. Como igualmente sobre la conveniencia de que la votación a favor supere a la minoría por una cierta diferencia, digamos el 5%. Un solo voto no debería ser suficiente.

Un tema final: la igualdad que debe garantizarse entre el Gobierno y la oposición en la fase de campaña electoral para que un posible resultado favorable sea legítimo. El Gobierno, por definición constitucional, no puede ser neutral; es quien promueve el plebiscito para revalidar, acudiendo al pueblo, una política suya. El Consejo Nacional Electoral, cuyos magistrados se eligen, teniendo en cuenta su militancia en los partidos que los respaldan, carece de fiabilidad.

Habría que pensar, entonces, en el acompañamiento de una comisión internacional que nos provea el sello de confianza que nuestras propias instituciones electorales no están en condiciones de generar. De poco nos serviría una paz que, si no se gesta bien, se convierta en un nuevo factor de conflicto entre los colombianos.

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