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Opinión

  • | 2016/11/17 10:56

    “¿Y ahora qué hago con este fusil?”

    El verso de Luis Carlos López viene al caso: ya que tenemos el “nuevo mejor acuerdo del mundo” el reto es cómo ponerlo a funcionar.

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Ahora sí, para bien o para mal, tenemos un nuevo acuerdo, que es ya definitivo, con la guerrilla de las Farc. En lo esencial, es el mismo acuerdo que ya se había suscrito y que el pueblo rechazó en las urnas, pero con cambios de suficiente entidad como para que no se pueda imputar al Gobierno haber defraudado el veredicto popular.

Debemos aplaudir el compromiso de las Farc de reparar a las víctimas con sus propios recursos; así tendría que ser, pero hacerlo expreso resulta positivo. La nueva justicia transicional, que en su versión original arrasaba con las instituciones y el derecho nacional, se reconduce para que, sin perjuicio de su especialidad, sea armónica con nuestro sistema judicial. Las preocupaciones por posibles “cacerías de brujas” deberían disiparse si la nueva justicia de paz actúa tanto con rigor como con prudencia.

Dijo el presidente que “muchos sectores, en particular de militares retirados, veían con preocupación el tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz. Este temor se resolvió. Logramos una fórmula que garantiza a nuestros soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica”. Tengo confianza en que así será.

Se mantiene la regla consistente en que quienes confiesen temprana y espontáneamente delitos de lesa humanidad, no vayan, en principio, a la cárcel aunque se precisa el alcance de las “restricciones efectivas de la libertad”. La espinosa cuestión de la conexidad del delito de narcotráfico con los delitos propiamente políticos, de la cual depende la posibilidad de su amnistía, se defiere a los jueces para que, en cada caso, la definan. Para ello tendrán que verificar si se traficó en función de las necesidades de financiar la rebelión; y, si así fuere, concedan tal beneficio.

El modelo neo-corporativo en zonas rurales, que algunos vimos con enorme preocupación, por cuanto menguaba las competencias de las autoridades estatales, y era hostil, de modo tácito, a la inversión privada, ha sido atenuado. Igualmente se ha hecho claridad sobre la compatibilidad del modo de producción campesina con el desarrollo capitalista y empresarial del campo. Es bueno que se anuncie la creación de una comisión de desarrollo rural, la cual, a mi juicio, lo único que debería hacer es ratificar las propuestas de la reciente Misión Rural que dirigió José Antonio Ocampo.

Se modularon los excesivos beneficios concedidos a los partidos y movimientos nacidos de la desmovilización de la guerrilla que, paradójicamente, colocaban en desventaja a quienes han jugado en la política inerme. Las limitaciones que en el anterior acuerdo se imponían a las autoridades en la lucha contra el cultivo y tráfico de sustancias prohibidas, en buena hora han sido removidas.

Por razones obvias, las Farc no aceptaron que se les prive de elegibilidad política. Si deciden ingresar al orden legal es porque profesan una ideología y un modelo de sociedad que quieren proponernos en la arena civil. Negarles ese acceso solo tendría sentido si las hubiéramos derrotado por las armas y si, además, las consideráramos meros carteles delincuenciales huérfanos de intenciones políticas. Pero, como también lo señaló el presidente, “no tendrán curules a dedo. Al contrario, tendrán que participar en las elecciones. Tampoco tendrán cargos en el gobierno, como ha ocurrido en muchos otros casos. Pero si podrán ser elegidos”.

Dejo para el final de esta reseña la eliminación de la incorporación automática de los acuerdos a la Carta Política, un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho que causaría enorme daño a la seguridad jurídica por razones que aquí se han expuesto y que no vale la pena repetir. Infortunadamente, la amenaza sigue latente: está contenida en el Fast Track aprobado por el Congreso, que se encuentra vigente, pero que no es utilizable por haber fallado la condición de que hubiera triunfado el Sí. Sé que hábiles colegas se ocupan de construir, por la vía judicial, una fórmula que haga utilizable el mecanismo para refrendar el nuevo acuerdo.

Una palabra sobre los factores que hicieron posible este resultado virtuoso. El presidente, mediante su reconocimiento temprano del resultado de los comicios y su invitación a la búsqueda de entendimientos con los voceros del No, realizó una contribución fundamental. Luego de que se acallaron ciertas voces estridentes, se hizo lo que era indispensable: abrir espacios para que la oposición formulara unas propuestas “realistas” –así se las calificó- que se pudiera llevar a La Habana.

La oposición, a su vez, procedió con celeridad, lo que deja sin piso la acusación de que su único interés consistía en dilatar. Sobre estas bases se pudo reabrir la mesa con las Farc; en el interregno estas actuaron con prudencia, un indicio de que se están preparando de manera adecuada para ingresar a la democracia.

Sin embargo, a pesar de estos factores positivos no sabemos si los líderes del No respaldarán el nuevo contrato. Por las razones que fuere, no se les concedió la oportunidad de conocerlo antes de su firma, lo cual les deja abierta la posibilidad de tomar distancia. En ese escenario los beneficios –tanto como los costos- serían para el Gobierno. La polarización, por desgracia, no cesaría: no tendríamos el anhelado “acuerdo nacional”.

Llegados a este punto la cuestión que hay que resolver consiste en cómo refrendar el nuevo acuerdo. Básicamente surgen tres opciones: un nuevo plebiscito, la convocatoria de “cabildos abiertos”, o acudir a los mecanismos ordinarios del Congreso. Por razones que no podré exponer en esta ocasión, creo que esta última es la solución adecuada. En contra de las dos primeras, que son modalidades de la democracia directa, les propongo que mediten en las palabras de un eminente politólogo, Giovanni Sartori:

A la mayoría de los particionistas (...) lo que les interesaba de verdad era un asambleísmo en el cual pequeños grupos de activistas se convertían en las vanguardias motrices de las masas inertes. Lo suyo era, en sustancia, un elitismo de tipo leninista (...) La invitación “a participar más” es meritoria; pero si se hincha desmedidamente, como si toda la democracia pudiera resolverse en la participación, es una recaída infantil (cómo habría dicho Lenin). Y es también una recaída no sólo impracticable de hecho, sino también conceptualmente peligrosa, que nos propone un ciudadano que vive para servir a la democracia, en lugar de una democracia que existe para servir al ciudadano”.

¿Si me hago entender?

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