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Opinión

  • | 2016/12/01 10:30

    La refrendación del nuevo acuerdo de paz

    El 2 de octubre se votó por un acuerdo de paz. El martes y miércoles el Congreso refrendó uno distinto, que permite que hoy jueves sea el tan esperado “Día D”.

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Hay dos temas que merecen ser aclarados para que la opinión pública tenga un conocimiento informado de ellos: 1) El de que con la refrendación que acaba de hacer el Congreso de la Paz pactada con las Farc, para lo cual tenía indiscutiblemente competencia, se está desconociendo la voluntad popular mayoritaria expresada el 2 de octubre pasado en el Plebiscito; 2) Que la Corte en su sentencia C-379/16 obligaría a que cualquier nuevo acuerdo de paz debería ser sometido a consideración del electorado como lo había sido el anterior.

El 2 de octubre se votó por un acuerdo de paz. El martes y miércoles el Congreso refrendó uno distinto, que permite que hoy jueves sea el tan esperado “Día D”. En obedecimiento a lo decidido en el Plebiscito, el primer acuerdo no fue implementado. No podía serlo. Era la manera de respetar la voluntad popular y de cumplir lo prescrito por la Corte Constitucional: “Si el Plebiscito no es aprobado… el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una política pública específica. Por ende, si se parte de considerar que el Plebiscito no reforma la Constitución, entonces una potencial desaprobación del Acuerdo Final tiene incidencia únicamente respecto de la implementación de esa decisión de política pública en específico, manteniéndose incólumes las competencias de los diferentes órganos del Estado entre ellas la facultad del presidente para mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros Acuerdos de Paz”.

Fue lo que logró el presidente después de un gran esfuerzo de negociación con la oposición.  

Se ha comenzado a decir por algunos de los inefables defensores del “No”, que la Corte Constitucional estableció que cualquier nuevo acuerdo debía ir a refrendación popular. Inexacto.

Textualmente la Corte dice sobre los nuevos eventuales acuerdos de paz: “Dichos acuerdos, a su vez, podrán ser sometidos a refrendación popular si así lo decide el Ejecutivo y el Congreso, siempre con base en las normas constitucionales que regulan los mecanismos de participación”. (Negrillas, mías)

No pueden los líderes del “No” desinformar a la opinión pública a este respecto cubriéndose púdicamente con frases como la siguiente: “si entiendo bien la Corte obliga a la refrendación popular del nuevo acuerdo”. No, no obliga. La frase de la Corte no se presta a confusión: “Dichos Acuerdos… podrán ser sometidos a refrendación popular si así lo decide el Ejecutivo y el Congreso”. No hay, y es fácil comprobarlo con la simple lectura de lo transcrito, obligación jurídica de llevar a un nuevo Plebiscito o a un referendo el nuevo acuerdo de paz ni en su totalidad ni en algunas de sus partes.

Según Armando Montenegro: “La posverdad se refiere al arraigo de creencias y convicciones, basadas en la emoción, que no logran ser refutadas por la evidencia y los hechos objetivos”. (El Espectador, 27 de noviembre de 2.016, p.79) Frente a esas convicciones, frecuentemente fruto de fuerzas oscuras, de atavismos, resentimientos, espíritu de venganza, la racionalidad es impotente y los argumentos, en consecuencia, inútiles. Son personas, como se decía antes, con fe de carboneros, no ya en convicciones religiosas sino políticas.  

Traigo a cuento esta cita por razón de que, del otro lado del espectro político, también se cuecen habas. Es así como el jurista Enrique Santiago afirma sobre el A.L. de la “vía rápida”: “Aunque la Corte Constitucional seguro se va a pronunciar, nada impide que el Acto Legislativo entre en vigencia después de la refrendación” (El Espectador, 27 de noviembre 2.016, p.10). Se refiere a la refrendación por el Congreso. Sin embargo, el A.L.No.1 de 7 de julio de 2.016 en su a.5° subordina su entrada en vigencia a la “refrendación popular del Acuerdo Final”, que no era otro que el que el 2 de octubre fue rechazado por la mayoría de los votantes. Adicionalmente, la refrendación por el Congreso, es exactamente eso, la refrendación por los voceros del pueblo, dentro del contexto de la Democracia representativa, y el a.5° del A.L. señalado se refiere a la “refrendación popular”, es decir, del pueblo a través de los mecanismos de participación de éste que se encuentran enumerados en el a.103 de la C.P. y que son los instrumentos de  la Democracia directa, tanto como el Congreso lo es de la representativa. Son las razones por las cuales refrendado por el Congreso el nuevo acuerdo de paz con las Farc, el A.L.No.1/16 no puede jurídicamente entrar en vigencia.

Se rumora que la ponencia radicada por la doctora Calle, respecto de la demanda contra el A.L.No.1/16 dirá que el “Fast track” no sustituye la Constitución. No fue demandado con base en especulaciones, sino con fundamento en las sentencias de la propia Corte Constitucional que ha dicho, de un lado, que los artículos referentes a la creación o producción de normas constitucionales –que van del 374 al 379 de la C.P.- no pueden ser modificados por el Congreso por falta de competencia para ello; y de otro, que los actos legislativos que autorizan facultades extraordinarias no precisas al Presidente de la República, sustituyen la Constitución. En la demanda se citan las respectivas sentencias. Por todo esto me resisto a creer que la Corte declarará constitucional la llamada “vía rápida” pues para ello deberá cambiar el precedente jurisprudencial que ha sostenido hasta la fecha. Sería, por lo demás, otro “regalo envenenado” al Gobierno respecto de la paz firmada con las Farc como lo fue su pronunciamiento sobre la ley estatutaria del Plebiscito, pues esos actos legislativos expedidos por la “vía rápida” tendrán un cierto déficit de legitimidad al ser expedidos mediante un procedimiento sucinto y ad hoc cuya inconstitucionalidad no desaparecerá en la conciencia colectiva.

Firmar la paz con grupos al margen de la ley es una responsabilidad del presidente que han asumido íntegramente en los últimos tiempos Virgilio Barco, César Gaviria, Álvaro Uribe sin haber acudido ninguno de ellos a refrendación alguna pues ninguna refrendación se necesita. La legitimidad de la decisión que se adopta depende de la Constitución establecida. Desconocer estas “realidades” y el ejemplo sentado por los ex presidentes es lo que nos ha llevado a perder tanto tiempo para la “implementación” que de otra manera ya estaríamos terminando en cuanto a legislación se refiere pues llevamos perdidos alrededor de cuatro meses.

¿Y ahora qué nos inventaremos para seguir perdiendo el tiempo?

_______________  

Añadido: Con “Fast Track” o con la Constitución vigente, un proyecto se puede convertir en ley ordinaria, si hay voluntad política, como efectivamente la hay respecto de la Paz,  en menos de dos (2) meses. En relación de los proyectos de ley el “Fast Track” es indiferente.

*Constituyente 1.991

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