Rememorando Ituango

Hace 10 años las veredas del Aro y La Granja en el municipio de Ituango – en el norte de Antioquia – fueron prácticamente desaparecidas del mapa. Después de una incursión paramilitar que duró varios días y que incluyó torturas, violaciones sexuales, trabajos forzados y el asesinato selectivo de una veintena de campesinos, varios centenares de sobrevivientes huyeron del horror de la masacre dejando atrás sus tierras, sus muertos y sus casas ardiendo en llamas.
 
Las víctimas de Ituango debieron esperar 8 años para que se encontraran los responsables de la barbarie. En el 2006, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en las masacres de Ituango ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la Corte, tras escuchar los testimonios de los agentes estatales y de las víctimas, condenó a Colombia a reparar integralmente a las víctimas de la masacre. Sin embargo, la semana pasada, aún cuando los actos de reparación ordenados por la Corte Interamericana sólo han sido ejecutados a medias por el Estado colombiano, Ituango volvió a ser víctima del horror y la destrucción del conflicto armado. Esta vez, por cuenta de una bomba que hasta el momento ha sido atribuida por las autoridades al frente 18 de las Farc.

Independientemente del debate en torno a los autores del hecho, este nuevo episodio de violencia en contra de la población civil pone de presente hasta que punto el Estado está incumpliendo con su deber de garantizar la no repetición de ataques contra aquellas poblaciones que han sido víctimas de los más atroces embates por parte de los actores del conflicto armado interno.

Precisamente la garantía de no repetición fue uno de los puntos nodales de la condena de la Corte Interamericana en contra de Colombia. Según la Corte, una reparación adecuada exige medidas de rehabilitación y satisfacción para las víctimas, así como la garantía de que no se repetirán violaciones de derechos humanos como las que dieron lugar a la condena. Por ende, se exigió al Estado colombiano – entre otras – garantizar condiciones de seguridad que permitieran retornar a sus tierras a los habitantes de La Granja y El Aro que fueron desplazados con motivo de las masacres.

A pesar de las órdenes de la Corte Interamericana en ese sentido, Ituango sigue siendo un municipio de alto riesgo, tal y como lo ha manifestado la Defensoría del Pueblo durante los últimos tres años. Según el comunicado de prensa de la Defensoría posterior al ataque, a través del Sistema de Alertas Tempranas se había presentado varios informes de riesgo advirtiendo a las autoridades civiles, militares y de policía departamentales y locales, que las acciones de las Farc contra la población civil de Ituango estaban en aumento. En consecuencia, la alerta señalaba claramente la necesidad de proteger a los pobladores de la zona rural y urbana del municipio, “dada su alta vulnerabilidad frente a las acciones violentas del frente 18 de las Farc que opera en esa zona y que ponen en riesgo a la población civil”.

Desafortunadamente, los desprotegidos del conflicto siguen siendo los mismos, y así lo demuestran los sucesos de la semana pasada. ¿De qué sirve acaso que el presidente Uribe haya salido corriendo para Ituango a llevar a cabo un consejo de seguridad cuando el daño, tantas veces anunciado, ya había sido consumado?

Es precisamente por ello que resulta paradójico que el Presidente hable de la necesidad de solidarizarse y apoyar a la comunidad de Ituango, cuando eso es precisamente lo que el Estado colombiano se ha negado sistemáticamente a hacer durante los últimos 10 años. Y es que no debemos olvidar que al momento de producirse las masacres del Aro y La Granja, Alvaro Uribe Vélez era nada más ni nada menos que el gobernador de Antioquia. Fue bajo su administración que la Corte Interamericana concluyó que en Ituango, lejos de tomar acciones para proteger a la población, miembros del ejército no sólo prestaron su aquiescencia a los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también participaron y colaboraron directamente en su ejecución. Colaboracio´n entre paramilitares y agentes del Estado que fue denunciada con anterioridad a la masacre por líderes de la zona y funcionarios locales, sin que las autoridades civiles y militares del departamento respondieran al clamor de protección de los habitantes de la zona.

No obstante, aún cuando el Estado no ha terminado de cumplir con las reparaciones ordenadas por la Corte, el Presidente se refirió tras el atentado a la voluntad de acero de su gobierno para derrotar a los terroristas que atacaron Ituango. Cabe entonces preguntarse: ¿Dónde estuvo esa voluntad de acero durante los últimos tres años en los que la vulnerabilidad de la población de Ituango ha sido denunciada sistemáticamente por la Defensoría de Pueblo?

Seguramente luego de sufrir este atentado de las Farc a los ituangüeños les vuelvan a dar nuevas indemnizaciones, como las que les dieron por orden de la Corte, pero éstas no les devolverán a sus familiares a la vida que hubiera sido protegida si el Estado hubiera actuado a tiempo. Y menos aún les dará confianza en un Estado que los sigue abandonando. Ituango quedará condenado a seguir esperando la próxima masacre, sumergido en el infortunio de ser un olvidado municipio escondido entre las escarpadas montañas del norte antioqueño, cuyo nombre solamente nos trae a la memoria aquellas víctimas para quienes no hubo presidente, gobernador, y ni siquiera dios, que los salvara del infierno.