Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/03/01 00:00

Reparación y víctimas

Patricia Buriticá Cépedes* asegura que el decreto propuesto por el gobierno para reparar a las víctimas no incluye todas las que son, ni contempla la reparación como algo que va mucho más allá de una limosna.

Reparación y víctimas

Todos los argumentos que escuchamos, basados en cómo se ha dado la reparación en el mundo, tienden a justificar que la reparación es un imposible, que es muy costosa, que sólo a través de las Cortes se obliga a los Estados a reparar. Razones económicas o de grandes dimensiones del problema no pueden ser los criterios para iniciar la reparación integral en Colombia.

Colombia ya tiene varias sentencias nacionales e internacionales en las que ha tenido que reconocer su responsabilidad en graves violaciones de derechos humamos y asumir pagos y medidas en concordancia con tal responsabilidad. En algunas sentencias, por acción directa de agentes el Estado, y en otras, por omisión de sus responsabilidades en materia de protección a los ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos fueron violados.

La reparación integral a las víctimas del conflicto armado, entonces, no puede ser considerada meramente un acto de beneficencia o un subsidio más, como una ayuda o un favor, este es un derecho y como tal debe ser establecido.

La primera consideración en el proceso de reparación es que las víctimas tengan la posibilidad de participar en el diseño, la ejecución y el seguimiento de las medidas de reparación. Son ellas las que necesitan ser reparadas y deben ser ellas quienes den su visto bueno de tales medidas, la participación de las víctimas, en sí misma, es una de las tantas medidas de satisfacción en la reparación integral.

Por ello ante el anuncio del gobierno nacional de que expedirá un decreto en el que se contemplan algunas medidas de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, es importante llamar la atención sobre la decisión de informar y escuchar opiniones y que este ejercicio se convierta en un acto de escucha responsable. Que las necesidades, los intereses y las propuestas de las víctimas sean tenidos en cuenta en concordancia con sus derechos, y que haya distinción entre procesos de información y procesos de deliberación participativa.

En una segunda consideración, la situación de las víctimas no las puede colocar en desventaja para obtener sus derechos. Más del 80 por ciento de ellas son mujeres, de ingresos inferiores a un salario mínimo, de procedencia rural y con más de un delito denunciado. Su condición de pobreza y de desamparo no puede ser utilizada como el argumento principal para que las medidas de reparación que se establezcan desconozcan los plenos derechos que encierra la reparación integral.

La tesis de que “algo es algo, peor es nada” o de que en situación de pobreza una reparación puede ser una ayuda, es desconocer su condición de víctimas y llevarlas a una nueva revictimización. Las ayudas humanitarias, los subsidios dados a la población desplazada en materia de vivienda y otros, o las prioridades establecidas en los programas para población desplazada y víctimas, hasta ahora no han sido medidas de reparación. Mal podría ahora el gobierno establecer que estas víctimas que ya han recibido estos beneficios asuman esto como parte de su reparación.

En tercer lugar, la propuesta del gobierno no contempla las víctimas de agentes del Estado. Su argumento principal es que ellas tienen otros mecanismos legales para obtener reparación y el Estado sólo debe asumirla como producto de un fallo judicial.

Pongámosle cara y cuerpo a este debate. Sólo para mencionar algunas, las más recientes, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales son campesinos, jóvenes de zonas alejadas de familias pobres, que han sido vestidos de guerrilleros y mostrados como muertos en combate. Se sabe de 950 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 2002. ¿Tendrán estas familias los recursos para contratar un abogado y llevar un proceso que puede durar 10 años y finalmente recibir reparación?

Estos son sólo casos recientes. ¿Qué diremos de las desapariciones forzadas de los otros años y de cómo fuerzas del Estado han estado implicadas en masacres y asesinatos que han quedado hoy evidentes con las verdades que están saliendo en los procesos de judicialización de justicia y paz? Entonces cuántas son, cuántas quedaran por fuera, cuál la razón para su exclusión. No considero ético, ni justo excluirlas.

En cuarto lugar, el decreto propone una tabla indemnizatoria, entre 40 y 25 salarios mínimos, de acuerdo con las clases de violación, a pagar en un plazo de cinco años, y en un solo pago. Las víctimas son personas a las que les fue arrebatada de manera violenta su proyecto de vida y tienen todo el derecho a recuperarlo. Por ello una indemnización que no vaya acompañada de otras medidas en materia de garantías de no repetición, restitución de derechos en cuanto a la pérdida de bienes y patrimonio, es una indemnización que rápidamente se diluye en las múltiples necesidades inmediatas, y queda lejos de ser la recuperación de su proyecto de vida.

En este mismo sentido, el país conoce que los paramilitares desmovilizados y los no desmovilizados siguen controlando las zonas, siguen demandando de las víctimas su silencio frente a las denuncias, están presentes en los lugares donde se cometieron los hechos y estarán también cuando las víctimas reciban las indemnizaciones, y seguramente serán ellos mismos los que volverán a arrebatarles el escaso dinero que se les entregue.

El reto no es destinar unos recursos para las víctimas, el reto es que ellas puedan seguir viviendo sin la zozobra de saber que volverán a ser víctimas. Por ello si la propuesta del gobierno no contempla medidas para garantizar la no repetición, será un hecho más de ayuda, mas no un hecho de reparación.

La reparación administrativa es una propuesta que debe ir más allá de un decreto. Esta debe contar con un gran consenso nacional, pasar por un ejercicio en el Legislativo, ser una ley de la República que comprometa a todos los sectores políticos, constituirse en un esfuerzo de los gobiernos locales y departamentales, ser una política pública que no se agote cuando se agoten los recursos. Billones de pesos costara al país reparar a las victimas, por eso mismo se requiere de un amplio consenso nacional.

Ya hemos vivido la experiencia con las políticas frente a la población desplazada. Se necesita una sentencia de la Corte, una normatividad especial (Ley 387), y sin embargo, los gobiernos locales no logran establecer partidas presupuestales y políticas para que se cumpla con las obligaciones constitucionales en esta materia. ¿Será que lo mismo va a pasar con la reparación?, ¿Obliga un decreto nacional a un alcalde o a un gobernador a incorporar medidas de reparación?

El tema está sobre la mesa, la reparación no es un asunto sólo de las víctimas, es un asunto que atañe a la opinión pública, a la ciudadanía, a gobernantes, al legislador.


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*Patricia Buriticá es Directora de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP).


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