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Opinión

  • | 2007/03/31 00:00

    ¿Reparar sin gastar?

    Maria Paula Saffon, de DeJuSticia, critica la doble moral del Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que incluye como objetivo del Estado la reparación de las víctimas de crímenes atroces, pero no prevé ni un centavo de recursos para llevarla a cabo.

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Sorprende que, a pesar de la centralidad que deberían tener los derechos de las víctimas de crímenes atroces fruto del conflicto armado en la agenda gubernamental, la única referencia que hace el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo al derecho a la reparación esté consignada en el capítulo relativo a la política de seguridad democrática, que poco o nada tiene que ver con la reparación. Sorprende aún más que el Proyecto de Plan de Desarrollo consigne como objetivo del Estado la reparación de las víctimas, pero no lo acompañe de una asignación de recursos que permita su materialización.

¿Cómo garantizará el Estado que los daños sufridos por las víctimas serán reparados, si el Plan Nacional de Desarrollo no asigna recursos para lograrlo?

Es cierto que los actores armados que cometieron crímenes atroces deben repararlos con bienes tanto ilícitos como lícitos. Y el Estado debe esforzarse por garantizar que ello sea así en el marco de los procesos judiciales llevados en su contra, no sólo para que las víctimas sean reparadas con el patrimonio de sus victimarios, sino también con el fin de garantizar el desmonte de las estructuras económicas de poder del paramilitarismo. Sin embargo, el Estado conserva su obligación de satisfacer el derecho a la reparación en todos los casos en los que éste no pueda ser satisfecho con el patrimonio de los victimarios.

Es muy posible que, tras los procesos judiciales que se adelantarán en virtud de la ley de justicia y paz, muchas sean las víctimas que no reciban una reparación integral. De un lado, la mayoría de paramilitares no serán juzgados, pues han sido beneficiarios de indultos que se conceden cuando el actor armado no tiene procesos judiciales abiertos en su contra por concepto de crímenes atroces. La inexistencia de estos procesos no garantiza que los crímenes atroces no se hayan cometido, por lo que en muchos casos conduce a procesos de impunidad encubierta. De otro lado, muchos paramilitares que se someterán a la Ley de Justicia y Paz no entregarán bienes suficientes para la reparación de sus víctimas, dadas las sofisticadas operaciones de testaferrato y lavado de activos que han llevado a cabo, y dadas las inmensas dificultades que enfrentan los jueces para deshacerlas. Finalmente, es posible que muchas víctimas no participen en los procesos de justicia y paz por el temor a sufrir represalias, o que no obtengan reparaciones porque no logren probar la identidad de sus victimarios o su pertenencia a un frente armado que responda solidariamente por las reparaciones.

Ninguna de las situaciones anteriores les quita a las víctimas el derecho a recibir una reparación integral por las violaciones de sus derechos. Tampoco exonera al Estado de su obligación de garantizar que todas las víctimas de crímenes atroces serán reparadas. Por ello, es fundamental que el Plan Nacional de Desarrollo prevea asignaciones de recursos para cumplir con dicha obligación. De lo contrario, la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas como un objetivo estatal puede quedar reducida a una promesa meramente retórica.

Para impedir que lo anterior ocurra, un grupo de organizaciones de la sociedad civil*–dentro de las cuales se encuentra DeJuSticia– propondrá esta semana a los congresistas encargados de aprobar la ley del Plan que incluyan en ésta un programa nacional de reparaciones administrativas masivas para las víctimas de crímenes atroces en el marco del conflicto armado(*). Un programa de esta naturaleza tiene el objetivo de cubrir a todas las víctimas de manera equitativa, a través de un sistema basado en tarifas, determinadas en función del daño sufrido y de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Así, la propuesta busca impedir que la reparación de las víctimas se reduzca a los procesos judiciales, que pueden implicar limitaciones de acceso y obtención de resultados para las víctimas. Sin embargo, la idea no es reemplazar sino complementar las reparaciones judiciales con reparaciones administrativas masivas. Así, las víctimas mantendrían su derecho a acudir al proceso judicial para reclamar sus reparaciones, pero también podrían no hacerlo y recibir en todo caso una reparación administrativa. Obviamente, en el evento de recibir un tipo de reparación, no podrían recibir la otra. Pero podrían, por ejemplo, obtener una reparación administrativa y acudir al proceso judicial para exigir sus derechos a la verdad y a la justicia.

Igualmente, la propuesta busca cuestionar el mito generalizado de que la reparación de las víctimas es imposible, o llevaría al Estado colombiano a la quiebra. Un programa de reparaciones administrativas masivas puede ser perfectamente cubierto con recursos del Estado. Como lo han demostrado estudios recientes hechos por instituciones como Indepaz –con base en los criterios de reparación usados por las altas Cortes colombianas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– las reparaciones de todas las víctimas del conflicto armado le costarían al Estado aproximadamente el 17 por ciento del PIB.

Ahora bien, dada la magnitud de la cifra, es razonable que la reparación de las víctimas se lleve a cabo de manera progresiva y durante varios años. Por ello, en realidad, la suma anual destinada a ese propósito no sería superior al 2 por ciento del PIB. La asignación de esos recursos en el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo implicaría usar el 2,7 por ciento de los recursos del Estado entre 2006 y 2010 para la reparación de las víctimas. Esto permitiría reparar a una tercera parte de la totalidad de las víctimas del conflicto armado en los próximos cuatro años, lo que significa que todas las víctimas podrían ser reparadas en los próximos doce años, si se previeran recursos equivalentes en los siguientes planes de desarrollo.

La asunción del costo de las reparaciones de las víctimas por parte del Estado no debería escandalizarnos. Ésta es una obligación del Estado que tiene el propósito de reestablecer la dignidad de las víctimas, perdida no sólo por la violación de sus derechos, sino por la ausencia de reconocimiento de su sufrimiento y, como tal, por la negación de su propia condición de ciudadanos. Además, la reparación permite generar un rechazo colectivo de las atrocidades, que puede contribuir a la garantía de no repetición.

En esa medida, lejos de ser considerada como una carga para el Estado y la sociedad, la reparación de las víctimas debería ser comprendida como una oportunidad singular para la transformación democrática del Estado y para la construcción de una ciudadanía incluyente. Por ello, aunque sin duda implicaría un esfuerzo fiscal importante para el Estado, ¿qué otro costo reportaría más beneficios durables para el país que la reparación?

"El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia– (www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

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