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Opinión

  • | 2007/07/21 00:00

    Rescate o intercambio: un falso dilema

    El gesto humanitario del estado debe estar sujeto a unas condiciones que aseguren que el intercambio no sea fuente de males futuros

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Es un falso dilema. En realidad no se trata de escoger entre rescatar a los secuestrados o intercambiarlos por guerrilleros presos. El Estado en ningún caso puede renunciar al derecho de usar la fuerza para combatir el delito, aun cuando ello pueda significar que haya quien pierda la vida. Esa renuncia significaría el triunfo de los delincuentes, que sabrían de antemano que su crimen quedaría impune. De paso, incentivaría la repetición del delito y, en consecuencia, habría más secuestros. Por supuesto, reconocer para el Estado el derecho de intentar rescates no significa hacerlos de cualquier manera. Debe planificarlos con cuidado y realizarlos por fuerzas especializadas y con todas las precauciones posibles para evitar la muerte de los rehenes. Esas condiciones de especialización y precauciones, sin embargo, no suponen que los rescates sólo puedan intentarse cuando haya "garantía de éxito". En cualquier acción en que haya uso de fuerza letal esa garantía es imposible y el riesgo de muerte siempre estará presente.

Al mismo tiempo está abierta la posibilidad de realizar un intercambio entre rehenes y guerrilleros. Esa posibilidad no es, sin embargo, un imperativo ético o una obligación del derecho internacional humanitario. Es una opción política. No es una obligación del DIH porque, como lo ha reiterado el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), la toma de rehenes es una infracción gravísima del DIH y, por tanto, la única obligación es la de la liberación inmediata, y en perfecto estado de salud, de los secuestrados. Sostener que el intercambio es un "deber humanitario" supone legitimar este crimen y eso, dice el Cicr, es inaceptable y va en contravía del propósito de humanizar la guerra. El argumento es el mismo: si se establece el intercambio de rehenes por combatientes como una obligación, el resultado final será el aumento exponencial del secuestro de civiles. De manera que en este caso erraba el ex presidente López Michelsen, como se equivoca también Ernesto Samper, aunque éste haya decidido descalificar al Cicr, la máxima autoridad en la materia, acusándolo de "burocrático".

El intercambio no es tampoco una obligación ética. De hecho, es posible argumentar que hay objeciones para el mismo: la de hacer del ser humano una mercancía, susceptible de ser negociada; la equiparación que supone poner en el mismo plano civiles inocentes y criminales avezados; los costos que trae ceder al chantaje y negociar el Estado de derecho; los incentivos a la repetición de esta práctica criminal; etcétera.

Con todo, el intercambio es posible, incluso puede ser deseable. Pero no a cualquier costo ni en cualquier circunstancia. Si bien las víctimas pueden limitarse a la perspectiva exclusiva de sus comprensibles anhelos y dolores, el gobierno no puede hacer lo mismo. El gesto humanitario, compasivo y generoso del Estado, debe estar sujeto a unas condiciones que aseguren que el intercambio, al mismo tiempo que libera de su esclavitud a los rehenes y alivia la tristeza infinita de sus familias, no sea fuente de males futuros, iguales o peores que el cautiverio de los actuales secuestrados.

Así que no se trata de negarse a rajatabla al despeje por el mero hecho de "no ceder territorio", de defender un pedazo de tierra de su ocupación por las Farc. Ni de preservar una política como la de seguridad democrática, por valorada que sea. Ni de aferrarse con terquedad a una posición política.

El retiro de la Fuerza Pública de una zona para el intercambio sería posible si se preserva en ella la autoridad legítima de las demás instituciones estatales; si se asegura el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos del área; y si hay un compromiso de los guerrilleros liberados de no volver a delinquir.

Se trata de que el intercambio no sea un incentivo perverso, en palabras de Eduardo Pizarro, para la comisión de nuevos secuestros, ni un estímulo para la violencia, ni una oportunidad para dejar a los habitantes de la zona sujetos a los caprichos criminales de las Farc La propuesta de los "países amigos" de una zona de encuentro, por 60 días y con control de área por observadores internacionales, solucionaba las principales preocupaciones. En su momento, fue aceptada por el gobierno. Es el momento de retomarla.
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