Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/03/03 00:00

Responsables (para)políticos

César Rodríguez, de Dejusticia, sostiene que los miembros del gobierno deben responder por los escándalos de sus familias y clanes políticos.

Responsables (para)políticos

Cómo es la vida: ahora resulta que la defensa favorita de los funcionarios del gobierno salpicados por el “Para-gate” es la meritocracia. Nos dicen que si llegaron tan lejos –digamos, al Ministerio de Comunicaciones o al de Relaciones Exteriores, o al Consulado de Frankfurt o Milán– fue porque el Presidente se fijó en ellos por su destacada trayectoria profesional. Y que, al fin y al cabo, uno no responde por lo que hagan las ovejas negras de la familia o los amigos de parranda.

El asunto sería cómico si no fuera perverso. Lo cómico es que semejante adaptación tropical de la meritocracia es obra de los miembros de los clanes políticos que perfeccionaron la receta del clientelismo, que no es otra cosa que el intercambio de favores políticos –digamos, de votos en las regiones por jugosos nombramientos en el gobierno–. Y que, por eso, es todo lo contrario al concepto de meritocracia.

Lo que ya no es tan gracioso y pasa a ser perverso es que la meritocracia tropical diluye por completo la responsabilidad política, que es la única que puede salvar la democracia colombiana de las relaciones con la mafia que hoy salen a la luz de nuevo con el “replay” del Proceso 8.000 y el lío de la para-política. Así que, antes de que se venga el próximo escándalo, vale la pena detenerse a desbaratar los argumentos de los miembros del gobierno y sus abogados que se desgarran las vestiduras por la meritocracia mientras callan sobre el tema que sí importa, el de su responsabilidad política.

Como la mezcla de lo cómico y lo perverso es lo irónico, no nos debe asombrar que sea Álvaro Araújo, el congresista más empapelado en el proceso judicial de la para-política, quien haya dado la mejor definición de la responsabilidad política. Acorralado por los medios tras ser acusado por la Corte Suprema hace unos meses, ripostó: “Si vienen por mí, vienen por la 'Conchi' y por el presidente Uribe”.

Tenía toda la razón. La frase memorable sintetiza como ninguna los elementos clave de la responsabilidad política. El primero es que ésta nada tiene que ver con la responsabilidad penal. Por eso es que si la justicia iba por Araújo, iba de rebote también por la ‘Conchi’. Porque aunque en materia penal uno va a la cárcel sólo por sus actos, en materia política uno se puede quemar por los actos de sus aliados –incluidos, por supuesto, los familiares políticos.

Ya veo a mis colegas abogados saltar en defensa del principio de la responsabilidad individual. Me dirán –como lo dicen Serpa, Samper y Uribe por igual– que una absolución judicial equivale a un perdón político. Y que no hay razón para pedirles a los políticos más que lo que se le exige al común de los mortales.

El argumento es impecable desde el punto de vista jurídico, pero absurdo desde el punto de vista político. Porque lo que está en juego en la responsabilidad política es una cosa muy distinta: la confianza de los ciudadanos en el Estado. Y como lo sabe cualquiera a quien le hayan puesto los cachos, la confianza es un sentimiento muy frágil: cuesta mucho adquirirla, pero basta un desliz para perderla. La confianza es aun más frágil en la esfera política, porque los ciudadanos son más desconfiados que cualquier enamorado celoso y sospechan todo el tiempo de la integridad de sus gobernantes. Por eso en las democracias los funcionarios están sujetos a estándares de responsabilidad más exigentes que los ciudadanos de a pie.

Pero todavía habrá algunos que me dirán que es cruel hacer que renuncien funcionarios como la ‘Conchi’, que, según ellos, tenía todo para desempeñar con lujo su cargo. Lo cual nos lleva de nuevo al tema de la meritocracia tropical, un mito que hay que tumbar de una vez por todas. ¿Hay alguien que de verdad piense que la ‘Conchi’, o la actual Ministra de Comunicaciones, por ejemplo, fueron nombradas por puro mérito y que su pertenencia a los clanes Araújo y Guerra, respectivamente, en nada ayudó? A menos que vivamos en un país de fantasía como el que nos quieren pintar los Londoños Hoyos, la respuesta obvia es que el apellido es lo único que las distingue de los cientos de candidatos que estarían por lo menos tan calificados como ellas para esos cargos.

Pero el Presidente estaba en todo su derecho de nombrarlas. Porque ninguna ley le exige que escoja a quien tenga más méritos para los altos cargos del gobierno. Por eso esos puestos de llaman “de confianza”, para distinguirlos de los puestos de carrera, donde el mérito es la clave para ser nombrado y ascender.

De ahí que a uno lo puedan nombrar ministro, embajador o cónsul por conexiones familiares o clientelares, como lo han hecho todo el tiempo los políticos para pagarles favores a otros políticos. Pero por eso mismo –y aquí está el quid del asunto– la suerte de quien ha llegado tan lejos gracias al cómodo atajo está atada a la de su clan político. La responsabilidad política y la renuncia, por tanto, no son más que una consecuencia lógica que tienen que asumir quienes disfrutan semejantes privilegios de cuna. Muy diferente, claro, es el caso de quienes llegan a altos cargos sin que sus vínculos familiares hayan ayudado en nada, o incluso cuando esos vínculos son más un lastre que un activo profesional.

Y a pesar de lo que digan Uribe, Samper o Serpa, la responsabilidad política se aplica no sólo al funcionario que se mete en líos o debe renunciar por los de sus aliados políticos. También se aplica a quien lo nombró, mucho más cuando, como sucede en el actual gobierno, los nombramientos problemáticos parecen conformar un preocupante patrón.

Si el zaperoco por la renuncia de la ‘Conchi’ y el escándalo del ex director del DAS nos ayudan a pasar de la meritocracia tropical a la responsabilidad política seria, de algo habrán servido. La prueba de fuego será si los demás funcionarios cuestionados también se van, y si el Presidente alguna vez acepta la responsabilidad que le cabe en el asunto. De lo contrario, habrá que irse alistando para la repetición eterna de los 8.000 y los Para-gates.

*Profesor de la Universidad de Los Andes y miembro fundador de Dejusticia.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia– (www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

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