Lo que dicen las sentencias

Existen al menos dos grandes discusiones. El primero tiene que ver sobre si el despojo de más de 5 millones de hectáreas a campesinos fue algo planeado, es decir, se hizo de forma sistemática con el fin de apoderarse de la tierra o si por el contrario, como opinan algunos académicos, fue una consecuencia no esperada del conflicto. El segundo debate, es responder la pregunta quien despojó y quien se quedó con la tierra de los campesinos. Sobre este segundo tema nos vamos a dedicar en lo que sigue, los datos son bastante reveladores.

Al hablar de hectáreas perdidas por los campesinos se puede hacer dos clasificaciones. Por un lado, el abandono de la tierra y por otro, el despojo. El primero, es aquella situación en la que una familia o propietario se vio obligado a abandonar su tierra debido a situación de riesgo extremo producto del conflicto armado, como por ejemplo fincas enteras minadas, o bombardeos cerca a la casa o combates fuertes. El despojo por el contrario, hace referencia a una situación más o menos planeada de quitar una tierra a una familia o propietario, es decir, hubo una intencionalidad clara.

La Fundación Forjando Futuros recientemente publicó un informe bastante revelador. Después de cinco años de implementación de la ley de víctima y restitución de tierras los avances son pobres, de 83.637 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras solo se han publicado 1300 sentencias, para un total de 176 mil hectáreas restituidas, de algo más de 5 millones.

Por otro lado, al discriminar los datos sobre el patrón de perdida de tierra de los campesinos y el autor de los hechos los datos dicen lo siguiente. Tanto para el abandono y despojo:             

Nótese como el 83% del despojo lo cometieron paramilitares y la guerrilla apenas el 9%.   Los datos anteriores vienen a confirmar algo que es aceptado en el mundo de la investigación académica, pero que aún se dificulta aceptar para la población en general y para la prensa colombiana. Y es que la mayor cantidad de tierra despoja se hizo en una alianza entre paramilitares y empresarios o políticos que hoy se encuentra en la legalidad y no la guerrilla.

Si bien, la guerrilla también despojó tierra, lo cierto es que en varias zonas del país, paramilitares y empresario se aliaron para usar la estrategia de campo arrasado, aquella frase de “me vende o le compro a la viuda” se hizo famosa  en toda la costa Atlántica. Alías Cadena utilizó las notarías de Sucre para que decenas de campesinos desfilaran a firmar escrituras a cambio de nada con la complicidad de las autoridades. En el Magdalena Jorge 40 y Chepe Barrera hicieron lo propio y en el Cesar en apenas dos años los propietarios de menos de 5 hectáreas se vieron reducidos a la mitad, y esos predios pasaron a formar parte de grandes extensiones de propiedad.

Lo complicado del asunto es que esta tierra que despojaron paramilitares, luego de algunos meses y en complicidad con notarios, alcalde y oficinas de registro, se les hizo un carrusel para crear un histórico de propietarios. Es decir, en solo meses estas tierras tuvieron 3 o 4 dueños, con el fin de borrar cualquier relación entre el despojador y el dueño final. Por ejemplo, esto fue lo que pasó en el caso de Magistrado de la Corte Constitucional Pretelt y su esposa Martha Ligia Patrón, quienes adquirieron tierra despojada y luego la englobaron en una gran propiedad llamada La Corona de algo más de 700 hectáreas.  

En el Urabá esta tierra despojada se llenó de palma, al igual que en el Meta, también se volvieron grandes extensiones para la crianza de ganado y en general para cultivos de tardío rendimiento. Los dueños de estas tierras en su mayoría no son guerrilleros, o paramilitares, por el contrario son personas del mundo político, empresarios rurales y hasta multinacionales. Muchas de estas personalidades se oponen al proceso de paz, pues saben que bajo la Jurisdicción Especial para la Paz deberán decir la verdad y devolver lo que se robaron. Ahora van a comenzar a financiar la campaña del NO en el plebiscito y harán hasta lo imposible para oponerse a la firma de los acuerdos y sobre todo su aplicación.