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Opinión

  • | 2012/03/22 00:00

    Restitución de tierras y censura de prensa

    Uno de los temas fundamentales para el actual Gobierno Nacional es objeto de censura en algunas salas de redacción. Propongo que dueños, socios y miembros de juntas directivas de empresas de información hagan públicos sus vínculos con sectores ligados a la tierra, para mayor transparencia.

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La restitución de tierras a campesinos que fueron víctimas del despojo forzado por parte de grupos paramilitares es un proyecto paradójico: de un lado, es una de las banderas del actual Gobierno Nacional, pero, de otro, se ha convertido en un tema de censura en algunas salas de redacción, particularmente en regiones donde el robo de predios fue sistemático.

En algún momento pensé que la tragedia que vivieron cientos de labriegos al perder sus predios rurales y abandonarlos bajo presión armada, incluso dejando varios muertos tras de sí, iba a ser un asunto con el cual tendríamos un contacto constante a través de la prensa impresa, televisiva, radial y virtual, y nos sensibilizarían con historias contadas desde las víctimas, tal como se lo merecerían, pero por lo que he venido leyendo, escuchando y conociendo, la cobertura de este tema no será tal como lo había pensado.

Ya conozco casos en los que las voces de los dueños del capital agroindustrial han desplazado a las las voces de las comunidades afectadas por el despojo de tierras y alcanzado el lugar privilegiado del espacio mediático para hacer valer sus derechos y difundir sus puntos de vista como si fueran los únicos válidos y admisibles. Se percibe ya una asimetría entre la atención que recibe el empresario y el campesino por parte de cierto sector del periodismo regional.

Ese desequilibrio informativo, que es promovido desde las direcciones de los medios y replicado por algunos editores, ya está generando tensiones entre los periodistas, quienes en algunos casos se cuestionan si ese proceder es ético y, sobre todo, democrático; si lo que vienen haciendo responde a intereses colectivos o a intereses individuales, que buscan desviar la atención sobre los verdaderos responsables del despojo de tierras. Las dudas gravitan en las salas de redacción.

¿Y qué es exactamente lo que viene sucediendo en algunos medios de información que configuran actos de censura? Ya he conocido algunos. El primero de ellos es el veto de fuentes: en algunas salas de prensa se prohíbe consultar voces no oficiales, alternativas diríamos, para conocer otros puntos de vista posibles sobre el tema; el segundo es la relegación a segundo plano de las voces de las víctimas del despojo y sus representantes; el tercero tiene que ver con la falta de contrastación de fuentes, una de las exigencias clásicas del buen periodismo; y cuarto, la mutación del concepto de “voz oficial”: antes eran altos funcionarios del Estado, ahora son los empresarios y los voceros de grupos económicos.

Estas mordazas que se le imponen a ciertas fuentes, para privilegiar otras más poderosas económicamente, me llevaron a leer nuevamente a Ramon Reig, un periodista y académico dedicado al análisis de los medios de información, quien afirmó en uno de sus libros que “toda estructura de Poder precisa de un discurso, de unos mensajes, que la consoliden. La misión del Poder es no dejar de serlo. Para ello, el concurso y la complicidad mediáticas son imprescindibles”.

Por momentos, cuando leo algunos editoriales, cuando escucho alguna entrevista o cuando veo alguna nota televisiva, y descubro esa “complicidad” de la que habla Reig entre los medios de información y los dueños del capital agroindustrial en este país, siento que hablan con miedo, como si la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fuera a socavarles su poder. Y ese temor lo están trasladando a las salas de redacción, contaminando el trabajo de los periodistas y reorientando algunas posiciones editoriales.

Por ello es que noto demasiadas ambigüedades en la cobertura de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. A veces intentan dar cuenta de eventos ligados al tema de una manera equilibrada, pero luego aparecen editoriales que contrastan con la información y más tarde publican boletines de prensa textuales de los empresarios como si fueran noticias elaboradas por los periodistas del medio.

¿Qué factores están influyendo en algunas salas de redacción para que impere esa ambigüedad? Yo me aventuro a dar dos respuestas que pueden leerse de manera individual o complementaria: la primera, que en algunos medios de información, el tratamiento de la información relacionada con la restitución de tierras está politizándose y será “caballito de batalla” entre poderosos sectores económicos de línea uribista que no ven con buenos ojos una posible relección de Juan Manuel Santos; y la segunda, que hay fuertes vínculos de dueños, socios y miembros de juntas directivas con proyectos agroindustriales en donde hoy hay sospechas de despojo, lo que eventualmente podría afectar sus inversiones y verse inmiscuidos en procesos penales.

Es claro que estamos pasando por un momento significativo en materia de restitución de tierras, aún con las críticas que se le puedan hacer a esa iniciativa gubernamental. Por ello es urgente que los medios de información precisen sin ambages públicamente cuál será su orientación informativa y le aclaren a la ciudadanía si entre sus propietarios y directivos hay vínculos con proyectos agroindustriales en regiones donde se teme que hayan habido despojos masivos de predios por parte de grupos paramilitares.

Yo creo que así como la prensa les exige transparencia a los funcionarios del Estado en todas sus ramas y los fiscaliza continuamente; de la misma manera, debería ofrecerle a la ciudadanía la suficiente claridad sobre quiénes son sus dueños y los miembros de su junta directiva, así como las actividades económicas alternas que tienen unos y otros, por lo menos para entender por qué se censuran ciertos temas.

*Periodista y docente universitario
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