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Opinión

  • | 2011/01/13 00:00

    Retos después de la muerte de un capo

    Cuando se aniquila el líder de la organización, al contrario de acabarla, genera a su interior un proceso de división y pugna.

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La muerte de Cuchillo es, sin duda, un golpe contundente a las estructuras neoparamilitares que operan en el oriente del país. Sin embargo, es posible que a partir de este importante logro de la fuerza pública, la violencia aumente. El origen paramilitar, la estructura jerárquica y las disputas con los otros grupos armados en la región permiten prever un escenario de especial cuidado para consolidar la seguridad en los llanos orientales.

Desde el primer informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se advirtió de la persistencia de facciones completas de las AUC que no entraron dentro del proceso de desmovilización o que se retiraron al poco tiempo de iniciarlo. A este tipo de organizaciones se les denominó en su momento grupos disidentes. Este es el caso del ERPAC, organización que lideraba Cuchillo. Las características principales de los grupos disidentes es que su estructura militar permaneció intacta después del proceso de desmovilización; el control territorial, antes limitado por acuerdos entre los diferentes comandantes, se expandió a voluntad –como se evidenció con la guerra intestina entre Miguel Arroyave y Cuchillo–; las rutas y los contactos para mantener el negocio, tampoco se desmantelaron y por el contrario, se consolidaron nuevas alianzas –por ejemplo, con las Farc, por parte de Cuchillo– para aniquilar a los competidores y reducir los costos de transacción para la apropiación de rentas ilegales.

Desde este origen es posible deducir, teniendo en cuenta otros factores –como la capacidad para organizar acciones tipo comando o la homogeneidad del armamento–, que el ERPAC cuenta con una organización jerárquica. Este tipo de organización permite una estructura de comando y control que cuenta con canales estructurados y con lealtades frágiles que dependen de subordinaciones estratégicas entre varias facciones de la organización.

Cuando se aniquila el líder de la organización, al contrario de acabarla, genera a su interior un proceso de división y pugna. Los canales de distribución de las rentas y los acuerdos de jerarquía se modifican –las lealtades se reconfiguran– y por lo tanto la estructura criminal se fragmenta desde sus mandos medios.

Hay que recordar cómo fue el proceso de fractura de otras organizaciones que tenían una estructura más o menos parecida; por ejemplo, la oficina de Cobro de Envigado, en los bandos de Sebastián y Valenciano, después de la extradición de Don Berna, o el Cartel del norte del Valle, en los Machos y Los Rastrojos, después de la desmovilización del Bloque Calima de las AUC. En cualquiera de los casos, lo que se observó fue un aumento de la violencia por cuenta de los mandos medios y la diversificación en los mecanismos de captura de rentas a través de la conformación de nuevas alianzas con otras organizaciones criminales. Por lo tanto, es probable que dada la fractura inminente del ERPAC, los otros grupos armados con los que se disputaban el territorio coopten o entren en confrontación con las facciones en las que se agruparán los mandos medios. Hecho que generará un riesgo inminente para la población civil en parte de los territorios que actualmente están en disputa, y en aquellos que ya estaban controlados por el ERPAC.

Este panorama deja un reto para la estrategia de combatir las organizaciones criminales. Es deseable y loable la decisión de combinar la actuación policial y de inteligencia con fuerza militar ligera, pero al tiempo se debe realizar un trabajo de acercamiento institucional en aquellas zonas en las que las Bandas Criminales tienen control. Equiparar las BACRIM con organizaciones que superan la delincuencia común y que tienen otro tipo de estructura es un primer paso para lograr derrotarlas; sin embargo, no hay que descuidar que al contrario de otras estructuras criminales del pasado, lo que caracteriza a los neoparamilitares es su aprendizaje de la guerra. Esto es la alta capacidad de reclutamiento, de control poblacional y de captura del Estado. Si se combaten simultáneamente los mandos, medios y altos, y la base, es decir las condiciones que permiten la reproducción del aparato de poder de las estructuras criminales a través de un acercamiento institucional con la población civil en las zonas en las que operan estas estructuras, es probable que se reduzca la violencia armada asociada a la criminalidad organizada.
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