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Opinión

  • | 2017/04/19 10:56

    Acuerdo por lo Superior- 2034: perdió el año

    El panorama de los retos que el Gobierno debe afrontar con el concurso de las comunidades académicas, vislumbra que se requieren acciones contundentes de nuestros líderes y de la comunidad en su conjunto para alcanzar la aspiración de convertir a Colombia en el país más educado.

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El 2012 fue un año convulsionado para la educación superior. El Gobierno retiró del Congreso el proyecto de ley 192, o reforma a la Ley 30 de 1992, que causó inquietudes, malestar y protestas en la comunidad universitaria. Aunque hoy, como el desmemoriado Macondo que somos, vemos que finalmente sí hubo modificaciones sin oficializarlas como ley. En otras palabras, se hicieron por la puerta de atrás.

Entre otras propuestas que enfrentaron al Ministerio con la comunidad estudiantil estaban la inversión privada en las universidades públicas; autonomía universitaria, hacer un solo paquete con instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias, universidades y centros de investigación y el incentivo al crédito educativo, que terminó siendo el programa “Ser Pilo Paga”.

Como respuesta, el Ministerio de Educación convocó en noviembre de 2011 al Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior en el que colaboraron más de 33 mil personas por cerca de 1.000 días. De allí nació el “Acuerdo por lo Superior -2034: propuesta de Política Pública para la excelencia de la educación superior en Colombia…” que se constituyó en un aporte fundamental sin cambiar la ley 30, con 10 apuestas que le permitieran a Colombia dar un salto cualitativo.

Tristemente a un año del corte de evaluación a corto plazo (2014-2018) muy poco se puede destacar de ellas.

Educación inclusiva. Según el acuerdo, la meta de cobertura bruta para 2018 de la educación superior debe ser del 56% (población de 17-21 años). Hoy estamos en el 49,4% con el esfuerzo en solitario de universidades públicas y privadas de todas las regiones.

Calidad y pertinencia. Para finales del 2015 debía estar creado el diseño técnico-político de la nueva propuesta de reformulación de la educación superior; en el lapso 2015 a 2016, aprobado el marco normativo para la creación y consolidación de la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación y para 2018 deberán estará listos los decretos reglamentarios para operacionalizar esta iniciativa en las seis regiones en que se dividió al país. De esas buenas intenciones, solo baste decir que los procesos de aseguramiento dirigido a la acreditación se han desprestigiado e instrumentalizado y corren el peligro de convertirse en un modelo agotado, y no un escenario de reflexión y oportunidad de las IES. En vez de eso, lo que hay es una carrera contra el tiempo para el cumplimiento de requisitos, exigencias de indicadores homogeneizantes, y juicios descontextualizados.

Investigación: Los lineamientos y políticas del SNCT (Sistema nacional de ciencia y tecnología) se cumplieron, pero el ajuste normativo para su financiación no. Pero quizá lo más triste es que la destinación de recursos para ciencia, tecnología e innovación debía ser el 0,7% del PIB. En la práctica, solo se apropió el 0.23% de nuestro PIB, ya que los recursos se destinarán a vías terciarias.

Regionalización. La meta a 2018 establece que desde el Ministerio de Educación y del CESU se integre el sistema de educación superior entre el nivel central y las seis (6) regiones del país. En este punto, la nota es 0.

Articulación de la educación. No hubo logro de metas. A 2018 se propendían la articulación de la educación superior y educación para el trabajo –terminó en un fallido intento de fast track, la expansión y consolidación de la educación media y la superior en las regiones y la certificación de competencias. La nota es 0.

Comunidad universitaria y bienestar. Las metas 2014-2015 eran definir el régimen de contratación y vinculación de docentes y para 2016-2017 estructurar el programa nacional de cualificación docente. Ninguna se ha desarrollado. Quizá la única meta que se cumpla sea el ajuste e implementación de políticas de bienestar para la comunidad universitaria.

Nuevas modalidades educativas. Para lograr la expansión en cobertura con calidad y pertinencia las metas establecen para 2018 el fortalecimiento del modelo pedagógico y de los desarrollos tecnológicos y las plataformas de conectividad y la definición de políticas de las nuevas modalidades educativas. Todos los esfuerzos son desarrollados de manera aislada por las universidades, sin apoyo del Gobierno.

Internacionalización. A 2018 se establece la creación de la Agencia Nacional de Cooperación e Internacionalización Universitaria, la promoción e incentivo del bilingüismo y el multilingüismo en las IES. Quizás son las metas que más puedan entregar la tarea hecha. Solo queda la deuda gubernamental de la creación de la Agencia.

Sostenibilidad financiera del sistema. Las metas del 2034 pretendían contar a la fecha con la aprobación proyecto de Ley. A la fecha, todos los programas, como por ejemplo “Ser Pilo paga” se han dedicado exclusivamente a IES acreditadas ubicadas en los centros de poder (con preponderancia de estudiantes estratos 4, 5 y 6), dejando de lado distintas posturas que hay acerca de los estímulos a las instituciones no acreditadas (en su mayoría regionales).

Estructura y gobernanza del sistema. Finalmente, en lo que debía ser la función propia del Consejo Nacional de Educación Superior CESU perdió el año.

El panorama descrito de algunos de los retos que el Gobierno debe afrontar con el concurso de las comunidades académicas, vislumbra que se requieren acciones contundentes de nuestros líderes y de la comunidad en su conjunto para alcanzar la aspiración de convertir a Colombia en el país más educado.

*Rector Universidad Autónoma del Caribe

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