Los retos del nuevo ministro de Justicia

Mafalda, el personaje creado por Quino, decía que lo urgente no dejaba tiempo para lo importante. Con quince días de posesionado, seguramente el nuevo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, tiene su agenda copada y resolviendo asuntos que no dan espera. Pero tiene dos retos importantes que debe atender por el bien de la justicia, la sociedad y el país. 

El primero es formular una política criminal coherente, pasando por una reforma al sistema penal acusatorio.  Segundo, atender el sistema carcelario. Esos dos temas tienen íntima relación. 

En nuestro país, cada vez que un perro muerde a un niño, hay una trifulca en un estadio o un conductor borracho genera un accidente, salen los congresistas de siempre a pedir aumento de penas. Claro, eso da votos, pero no es serio. 

Las reformas penales que se hacen implican tres cosas: creación de delitos, más cárcel y eliminación de beneficios, no en vano el sistema de prisiones no da abasto. De hecho en lo corrido del actual gobierno, el Código Penal se ha modificado cuatro veces y ahora el Ministerio de Defensa ha presentado un proyecto de ley con los tres parámetros mencionados y al final el resultado es el mismo: congestión en la justicia, hacinamiento carcelario y la no evitación de la comisión de conductas punibles. Por eso el ministro debe propender por evitar el populismo punitivo. 

La verdadera reforma a la justicia debe pasar, entonces, por modificar el sistema penal acusatorio. Eso lo señaló la fiscal Vivian Morales cuando estaba en su cargo y el hoy ministro en su columna de El Tiempo “El ´cañazo´ del sistema acusatorio” de enero de este año. 

En el estudio de investigación realizado por la Universidad del Rosario, dentro del proyecto de la Fundación Cavelier Lozano, se hizo una encuesta en donde se les preguntó a los jueces de conocimiento, de control de garantías, fiscales, abogados de la defensoría pública y abogados particulares si consideraban que el actual sistema penal era eficiente. El 85 % dijo que era deficiente y poco eficiente, es decir, es un sistema que no goza de credibilidad o legitimidad,  no es eficiente, ni otorga las garantías mínimas a los intervinientes, tampoco es ágil o expedito, en fin, con una serie de falencias que luego de ocho años de establecido han demostrado que no ha funcionado y la sociedad exige una justicia penal más pronta y eficiente, por esa razón decía el hoy ministro en su columna que “El Congreso no puede eludir un debate a fondo sobre el sistema judicial. ¿Es esa la justicia que merece Colombia?”.

Finalmente, derivado de lo errático en la creación de leyes penales, está el tema carcelario. Para nadie es un secreto que el actual sistema es fuente de corrupción, violatorio a los Derechos Humanos y con una clara sobrepoblación carcelaria. 

En este último punto, las cifras a marzo de este año señalaban que la capacidad de los centros carcelarios y penitenciarios del país era de 75.726 cupos, pero que los detenidos entre procesados y condenados es de 115.808. Esto es, más de 40.000 personas viviendo en condiciones deplorables. Por eso los internos han tenido que acudir a la tutela, como fórmula de protección de sus derechos, y los jueces han seguido la política penal de Holanda en el sentido de que si no hay cupo, no se puede recibir a una persona a un centro carcelario.

Quisiera terminar con la pregunta que se hacía el doctor Gómez Méndez, “¿Cuándo tendremos una política criminal en serio?”. La respuesta la tiene el ahora ministro de Justicia.