Retrocede política de gobierno frente a indígenas

Cada vez son más frecuentes los enfrentamientos entre los indígenas y la Fuerza Pública en el Cauca. Y peor aún: los choques son cada vez más violentos, de manera que ya es usual escuchar que resultan personas muertas o heridas de gravedad.

Lo que está sucediendo es deplorable desde todo punto de vista. Es lamentable el número de víctimas que arrojan los enfrentamientos, con independencia de si ellas pertenecen a la comunidad indígena o a la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, entristece observar que con estas batallas campales está desapareciendo el arreglo constitucional que habíamos logrado con los pueblos indígenas, un acuerdo del que nos sentíamos tan orgullosos los colombianos.

La independencia de los países latinoamericanos significó el empeoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Ellos no solamente fueron despojados de sus tierras y de su autonomía, sino que, calificados como pueblos salvajes e inferiores, fueron considerados como un obstáculo en el camino hacia la civilización. De allí que en algunos países se realizaran campañas militares de exterminio en su contra; que en muchos lugares fueran esclavizados o sometidos a trabajos forzosos; y que incluso fueran objeto de cacerías humana, como ocurrió en Colombia, en 1967, en la tristemente célebre masacre de La Rubiera, cuando un grupo de colonos asesinó a 16 indígenas cuibas, convencido de que no era un delito matar indígenas.

Por otro lado, las reivindicaciones indígenas fueron durante mucho tiempo tratadas como un asunto de orden público, que se resolvía a través de la fuerza. Dicen que Manuel Quintín Lame fue encarcelado más de 200 veces. También conocemos la dura represión de que fue objeto el Consejo Regional Indígena del Cauca, que dio inicio al actual movimiento indígena colombiano.

Este trasfondo histórico explica la importancia del arreglo constitucional logrado en 1991, a través del cual se reconoció que Colombia era una nación multiétnica y se establecieron normas para respetar y proteger las autonomías y los derechos de las comunidades indígenas. Pero ese acuerdo ha venido siendo incumplido desde hace varios años.

Ejemplos de ese incumplimiento son la aprobación de normas sin consultar a los pueblos indígenas (y por esta razón ya han sido declaradas inconstitucionales la ley forestal y, parcialmente, el estatuto docente), al igual que la negativa del gobierno a suscribir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También lo es la renuencia gubernamental para convocar la Comisión creada mediante el Decreto 982 de 1999, que tenía por fin diseñar la política de desarrollo indígena en el Cauca y evaluar los múltiples acuerdos suscritos entre las comunidades indígenas y el gobierno. Y, claro está, el reiterado incumplimiento en la entrega de tierras.

Una parte obvia del pacto constitucional es el reconocimiento del vínculo vital de los indígenas con la tierra y su necesidad de acceder a ella. Desde hace tiempo es claro que el problema indígena es en buena medida el problema de la tierra. Eso explica las grandes luchas y sacrificios de los pueblos indígenas por la tierra, y al mismo tiempo hace incomprensible el desinterés gubernamental en atender sus demandas. Y es que, después de 17 años, el gobierno no ha acabado de cumplir su compromiso de adquirir para las comunidades indígenas 15.663 hectáreas, como reparación colectiva por la masacre del Nilo en 1991.

Las batallas campales ocurridas en los últimos meses en el Cauca son lamentables. Si el gobierno quiere evitar que se repitan tiene que tomar con seriedad las demandas de los pueblos indígenas. Para eso tiene que dejar atrás las afirmaciones tendenciosas acerca de que las protestas son promovidas por grupos terroristas y las tesis falaces acerca de que los indígenas ya tienen suficiente tierra, ideas que distorsionan ante la opinión pública el espíritu real de las marchas indígenas.

En últimas, de lo que se trata es de restaurar el arreglo constitucional logrado con los pueblos indígenas en 1991. Ello exige, como mínimo, abrirse a un diálogo real, con el ánimo de cumplir los acuerdos, y abandonar la pretensión de tratar las protestas indígenas como un mero asunto policivo.