Lunes, 16 de enero de 2017

| 2009/06/25 00:00

¿Revictimizando a las víctimas?

Al hundir la Ley de Víctimas el gobierno les dijo que sus derechos no son importantes.

María Paula Saffon

Aunque intempestiva, la reciente movida del gobierno de solicitar a su bancada el hundimiento del proyecto de ley de víctimas en la etapa de conciliación era de esperarse. Durante los dos años de intenso debate legislativo, con frecuencia el gobierno jugó a dar la impresión de apoyar el proyecto y de estar comprometido con los derechos de las víctimas, al tiempo que empleaba estrategias para hundirlo, o desnaturalizar su propósito.

Así, justo antes de la votación en la plenaria del Senado, inesperadamente el gobierno pidió a su coalición que hundiera el proyecto, a pesar de que el día anterior había acordado con los ponentes que apoyaría su aprobación. Igualmente, en el primer debate de la Cámara se opuso al texto que había estado discutiendo con los ponentes, y propuso uno alternativo que alteraba hasta tal punto el contenido del proyecto que el senador Cristo dijo que había quedado “descuartizado”.

Por eso el trámite del proyecto deja dudas sobre si el gobierno tuvo alguna vez la intención genuina de promover la aprobación de la ley de víctimas, y la promoción de su hundimiento en la etapa final del proceso legislativo no hace sino corroborarlo. Pero además, los argumentos que utilizó para justificar dicho hundimiento son tan débiles e inaceptables, que ofrecen la prueba más contundente de su falta de interés por proteger los derechos de las víctimas.

En primer lugar, afirma el gobierno que la aprobación del proyecto de ley se volvió inconveniente porque el tema se politizó excesivamente. Ahora bien, si por politización se refiere a la existencia de desacuerdos o de posiciones vehementes, no podría legislarse sobre casi ningún tema sensible para la sociedad. Adicionalmente, son muchos los temas “politizados” en relación con los cuales el gobierno no ha tenido ningún problema en promover enfáticamente la aprobación de proyectos de ley, como aquellos que han otorgado beneficios a los victimarios de crímenes atroces.
 
El contraste entre la aprobación expedita de estos proyectos y el tortuoso y fallido trámite de la ley de víctimas demuestra que la prioridad del gobierno no es la protección de estas últimas.

En segundo lugar, el gobierno afirma que un proyecto de protección de los derechos de las víctimas no puede otorgar un tratamiento igual a las víctimas de actores ilegales y a las víctimas de agentes del Estado, pues ello equivaldría a equiparar a estos últimos con terroristas. Este argumento es impreciso, pues una cosa son los derechos que se reconocen a las víctimas por los daños sufridos con motivo de crímenes atroces (y en especial el derecho a la reparación administrativa), y otra la responsabilidad penal que se deriva de tales crímenes, que (con o sin ley de víctimas) debe siempre ser comprobada judicialmente.

Pero este argumento es ante todo muy alarmante porque muestra que el gobierno está mucho más preocupado por preservar la imagen y eficacia de la fuerza pública que por proteger a las víctimas de las barbaridades que muchos de sus miembros han cometido. Según Uribe, “el efecto práctico de esta situación [la aprobación de la ley de víctimas]era que en el momento en que un soldado y un policía tuvieran que enfrentar a un terrorista, el soldado y el policía, dirían: ‘¿Cómo lo enfrento? ¿Saben lo que van a decir con esta nueva ley? Que es que violé los derechos humanos, que le di de baja en asesinato fuera de combate’”.
 
Así, para el Presidente no es tan problemático que las víctimas de crímenes atroces cometidos por agentes estatales sean discriminadas y no reciban una reparación adecuada, como que los miembros de la fuerza pública se desmoralicen por miedo a ser tildados de terroristas –a pesar de que ese miedo quizás podría contribuir sustancialmente a disminuir sus violaciones a los derechos humanos—.

En tercer lugar, la explicación a la que mayor énfasis ha dado el gobierno para justificar el hundimiento de la ley de víctimas es que la reparación allí contemplada resulta “impagable”. Aunque atractivo políticamente, el argumento es oportunista, y muy lesivo de los derechos de las víctimas. El gobierno ya había expresado sus dudas presupuestales durante el trámite legislativo del proyecto y, con base en ellas, varios componentes del proyecto fueron ajustados, y los que no lo fueron se sustentaron con estudios técnicos.
 
Además, el proyecto de ley ofrecía tan solo un marco general de protección de los derechos de las víctimas, que establecía los mínimos que debían ser respetados, pero sin imponer una camisa de fuerza en materia presupuestal. En esa medida, el gobierno hubiera podido desarrollar estrategias de implementación de la ley tendientes a respetar sus mínimos, pero atendiendo a las restricciones presupuestales, recortando algunos costos o extendiéndolos en el tiempo.

El hundimiento del proyecto de ley dio mayor importancia al tema presupuestal que al reconocimiento de los daños sufridos por las víctimas, que el proyecto contemplaba no solo a través de reparaciones monetarias sino de muchas otras medidas materiales y simbólicas.
 
Para justificar que el gobierno no podía ser tildado de tacaño por el hundimiento de la ley, el Ministro de Hacienda señaló que en menos de un mes el gobierno “entregará los primeros $225.000 millones a las primeras 10.000 víctimas”. Sin embargo, es evidente que la mera entrega de dinero sin medidas tendientes al reconocimiento del sufrimiento es insuficiente para reparar a las víctimas, e incluso puede ser interpretada como un pago por el olvido, como dinero manchado de sangre.

Con el hundimiento de la ley de víctimas, el gobierno no solo dejó a las víctimas en una condición de relativa desprotección, sino que lanzó el mensaje de que sus derechos no son importantes, o al menos no son tan importantes como los de otros ciudadanos, incluidos sus victimarios. Este mensaje es particularmente grave para personas que han visto sus derechos groseramente violados y su dignidad arrasada, y que requieren de un Estado que las reconozca como ciudadanas con plenitud de derechos y no que contribuya a su revictimización.



* Maria Paula Saffon es estudiante del doctorado en ciencia política de la Universidad de Columbia e investigadora asociada del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia– (www.dejusticia.org), creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.


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