Sábado, 21 de enero de 2017

| 2008/05/15 00:00

Revisar la extradición

Revisar la extradición

La decisión de extraditar a la cúpula del paramilitarismo favorece al gobierno, pero erosiona gravemente el Estado de Derecho. Con habilidad, Uribe cambió el escenario y dejó en el aire a quienes decían que era incapaz de extraditar a los ex jefes paramilitares por físico miedo a que denunciaran sus presuntos vínculos con esas organizaciones.
 
Resulta irónico que estos críticos ahora digan que los extraditó para que no hablaran.
El gobierno nunca dio la seguridad jurídica de no extradición; por el contrario, siempre condicionó la extradición a que Mancuso, Jorge 40, Don Berna y los demás narcotraficantes, acataran las obligaciones de la ley de justicia y paz. La Política de consolidación de la Seguridad Democrática, dentro de las medidas que combaten el resurgimiento de tales grupos, contempla “retirar todos los beneficios jurídicos, aplicar la legislación penal ordinaria y, cuando sea procedente, extraditar”.

Al comienzo del proceso con los paramilitares la extradición inmediata parecía lo conveniente. Suprimirla o suspenderla indefinidamente con ocasión de un “proceso de paz”, era un incentivo a nuevas bandas de narcotraficantes, dispuestas a disfrazarse de autodefensas o guerrillas con tal de obtener bajas penas en Colombia e impunidad en el exterior.

A pesar de eso, algunas cosas hacen pensar que la extradición debía hacerse luego de pagar las condenas en Colombia. La primera, el descubrimiento del famoso programa de ''Resocialización de Narcotraficantes” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que a cambio de confesión de delitos, rutas de narcotráfico y dinero, ofrecía bajas penas y hasta la posibilidad de mantener parte de la riqueza ilícita. Esa es probablemente la razón por la que los hoy extraditados no delataron las vías de exportación de droga, ni entregaron bienes a la justicia colombiana. Prefirieron negociarlos con las cortes estadounidenses que reparar con ellos a las miles de víctimas, así diga el Alto Comisionado que tales bienes tendrán ese destino final.

La jugada de los paramilitares es pagar simultáneamente la pena que impongan las cortes estadounidenses por narcotráfico y la derivada por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Un “articulito” de dicha ley establece que “la pena podrá cumplirse en el exterior”. El negocio es rentable para estos delincuentes: los 8 años que máximo pagarían en Colombia harían parte del tiempo que cumplirán en las cárceles estadounidenses.

Si se quería ser duro con los delincuentes (¡como debe ser!), se tenía que observar la regla de juego original: aplicarles la pena ordinaria que fácilmente ascendería a 40 años y, cumplida ésta, proceder a su extradición.

Lamentablemente, si no se hace algo desde la sociedad civil, la extradición terminará por ahogar en un mar de confusiones e impotencia a las víctimas y a quienes demandamos la verdad sobre los vínculos con políticos, empresarios, militares, magistrados, fiscales, multinacionales y las propias agencias de inteligencia norteamericanas.

Hay que exigir al gobierno impedir que se repita el incumplimiento de la Ley de Justicia y Paz en los 3.284 casos restantes. Es urgente fijar un término durante el cual se podrá cumplir con las obligaciones de verdad y reparación que tienen los sindicados, so pena de ser excluidos de los beneficios. Esta es la única forma de asegurar que los lugartenientes, que en realidad eran quienes movían la maquinaria asesina y también mantenían permanente relación con los diferentes estamentos de la sociedad, revelen la verdad.

Para despejar cualquier suspicacia de contribución a la impunidad, se debe excluir de Justicia y Paz a los extraditados. Con eso se elimina la posibilidad de cumplir la pena en el exterior, quedan cobijados por la justicia ordinaria y vigentes los procesos, en espera a que se verifique la pena en Estados Unidos y se requiera su repatriación a fin de que se condenen por crímenes de lesa humanidad. Finalmente, son imprescriptibles.

A esta altura, así parezca ingenuo, queda exigir al gobierno que haga equipo con las organizaciones de la sociedad civil con el propósito de mantener el reclamo de verdad, justicia y reparación y se establezcan mecanismos de seguimiento y observación rigurosa a los procesos que se adelanten en Estados Unidos.

En el futuro se necesita que un nuevo gobierno entienda que el tratado de extradición es de doble vía y tenga la valentía y el liderazgo de exigir el retorno de los narcoparamilitares, una vez cumplan las penas en Estados Unidos. Aún más, no se debe temer revisar el tratado y abrir un debate indispensable para evitar que un mecanismo de cooperación judicial se desnaturalice y que los criminales terminen gozando de las playas de Miami, mientras sus víctimas enfrentan en la soledad su propia desgracia.

Nota: ¿Por qué Sabas Pretelt no renuncia a la embajada en Roma y explica al país su papel en el escándalo Yidis?

www.rafaelguarin.blogspot.com

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