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Opinión

  • | 2017/03/30 16:03

    Revocatoria a la peruana

    La experiencia peruana nos debe ayudar a reflexionar sobre las verdaderas intenciones que hay detrás del intento de revocar a Peñalosa.

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En estos días, cuando la revocatoria de los mandatarios locales se ha convertido en un tema frecuente de las lecturas de opinión, encuentro útil volver a escribir sobre este asunto acudiendo a la experiencia de Perú, la cual –creo– puede servir para aportar a este debate porque demuestra cómo un mecanismo de participación ciudadana válido y útil se desvirtúa.

Sobre el intento de revocatoria en la ciudad de Bogotá he planteado en diversos escenarios que el proceso contra el alcalde Peñalosa es una estrategia política de la oposición y no una iniciativa real de la ciudadanía por sancionar a su gobernante por incumplir su mandato o por bajo desempeño administrativo, pues claramente ese no es el caso. Lo anterior plantea una serie de cuestionamientos a este mecanismo para que cumpla el objetivo para el cual fue diseñado.

La figura del revocatorio en Perú que fue implementada a mediados de los años 1990 y, como en Colombia, se salió de control, por lo que tuvo un impacto muy negativo: se perdió la credibilidad de las reglas de juego electorales, desvió por mucho tiempo la atención de temas prioritarios en ciudades y provincias, además de generar grandes costos adicionales por cuenta de los múltiples e inútiles procesos de votación realizados. 

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE), entre el 2005 y el 2014 se iniciaron 3.367 procesos de revocatoria, y resultaron efectivamente revocados 1.087 funcionarios, de los cuales 210 fueron alcaldes y 877 regidores (concejales, en nuestro caso). Esta situación llevó a una reflexión sobre el uso de este mecanismo de participación ciudadana con unas conclusiones explicadas claramente en la exposición de motivos de la ley que en el 2015 terminó –a petición de las autoridades electorales, de los partidos políticos y de la misma ciudadanía– modificando la ley anterior.

Se lee en un aparte: “…los procesos de revocatoria en la mayoría de los casos se convierten en una causa adicional que afecta la legitimidad política sobre todo cuando quienes buscan la revocatoria lo hacen por revancha política, por oportunismos o por simples ambiciones electorales con estrategias de confrontación, propuestas demagógicas y discursos radicales con los que manipulan a la población con la finalidad de lograr sus propósitos… De este modo la revocatoria que debería constituir un mecanismo de control ciudadano se convirtió en un instrumento de polarización política de la ciudadanía y hasta en fuente de conflictos sociales”.

En Perú fueron varios los casos en donde al otro día de tener un alcalde electo, se iniciaba un proceso para deslegitimarlo, revocarlo y eventualmente llegar al poder.  ¿Similitudes con Bogotá? Basta mencionar que desde el siguiente día de que Enrique Peñalosa ganó las elecciones, se crearon movimientos que llamaban a su revocatoria, y otros tantos surgieron desde el primer día de su mandato. Imposible negar que esta revocatoria en particular tiene tinte político y raíces ideológicas.

Lo interesante es que en Perú no se eliminó el revocatorio, se revisó a la luz de la experiencia y se ajustó en la reforma que se adoptó en el 2015. Quiero señalar dos temas que a mi juicio son centrales en la reforma peruana: la revocatoria sólo será posible en el tercer año del mandatario (períodos de cuatro años) y, de prosperar, no se convoca a elecciones sino que se nombra un reemplazo de su partido. Con esto, se fortalece el mecanismo para que los ciudadanos puedan demandar de sus gobernantes seriedad y cumplimiento, pero se elimina el oportunismo político.

Por supuesto se pueden argumentar diferencias que hacen distinta a Colombia de Perú, pero lo que queda claro es que un mecanismo democrático para empoderar a los ciudadanos tuvo errores de diseño y fue utilizado de forma inadecuada y oportunista.

La experiencia peruana nos debe ayudar a reflexionar sobre las verdaderas intenciones que hay detrás del intento de revocar a Peñalosa. En Bogotá se está adelantado una tarea de organización y gerencia que no daba espera, con  seriedad y con planeación, la cual, en tiempo razonable, empezará a dar resultados. No hay bases lógicas para decir que este es un alcalde que deba ser revocado, menos aún cuando apenas se comienzan a ver los frutos de su labor.

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