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Opinión

  • | 2017/05/08 12:17

    Defender las revocatorias es defender la democracia

    La lucha contra la corrupción requiere que los ciudadanos propinen castigos políticos a los malos alcaldes. No tenemos porque tolerar malos gobiernos y no tenemos porque creer que no podemos hacer nada frente a la corrupción.

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En la Constitución de 1991 se consagró a Colombia como una democracia participativa, pero en la ley 134 de 1994 se hizo todo lo posible para evitar que la participación directa de los ciudadanos en las decisiones se hiciera realidad. Así sucedió durante 25 años.

Durante la vigencia de la ley 134 los intentos de usar los mecanismos de participación fracasaron. El mecanismo que mayores expectativas despertó fue la revocatoria del mandato y 132 veces intentaron los ciudadanos usarla, pero solo 32 intentos superaron la etapa de recolección de apoyos. De las votaciones realizadas ninguna superó el umbral de votación requerido.

Los altos umbrales impidieron que se expresara la voluntad popular pues los alcaldes amenazados apuntaron a estimular la abstención, lo cual no es difícil en un país como el nuestro. La imposibilidad de hacer políticamente responsables de sus administraciones a malos alcaldes llevó a que las causas políticas se judicializaran y por ello ha sido la justicia la encargada de vigilar a los alcaldes. Durante la Procuraduría de Edgardo Maya fueron destituidos 428 alcaldes y durante la administración de Alejandro Ordoñez 1627 alcaldes fueron sancionados. La Procuraduría tuvo que sancionar a quienes los ciudadanos no pudieron castigar.

La ausencia de revocatoria sobre malos alcaldes privó a la ciudadanía de dar un castigo político a quienes gobernaron mal.

Para darle una segunda oportunidad a este mecanismo, impulse como vice ministro la nueva ley estatutaria de participación, Ley 1757. La nueva ley bajó los umbrales para avanzar en construir una verdadera democracia participativa.

La idea es que los alcaldes no se escuden en el abstencionismo, sino que salgan a defender su gestión, a explicarle a los ciudadanos lo que están haciendo y a defender su obra. Eso es lo que necesita nuestra democracia, una verdadera rendición de cuentas, no esos actos acaramelados con publicidad donde solo se dicen cosas buenas y solo participan los comités de aplausos.

Como la modificación funcionó y se encuentran en proceso más de 100 solicitudes de revocatorias, correspondientes a un 10% del total de los alcaldes, ciertas élites reaccionarias han entrado en pánico. Su estrategia no es defender la gestión del alcalde sino atacar la figura misma de la revocatoria.

Sus argumentos, herederos de la pos verdad, señalan que se trata de una figura de país subdesarrollado, omitiendo destacar que fueron países como Suiza y Estados Unidos los creadores de la figura. Critican que se permita que el alcalde sea revocado con menos votos de los que obtuvo, pero omiten señalar que en la elección general cuentan todas las maquinarias de concejales, diputados y gobernadores y sobre todo omiten que Colombia es un país abstencionista (en países como Perú la revocatoria se combina con voto obligatorio y el resultado es mucho más claro contra los malos gobernantes). Más aún, olvidan señalar que el porcentaje de votos válidos requeridos sigue siendo superior a la votación de muchos alcaldes en Colombia. El ejemplo de que solo 500 mil personas revocarían a Peñalosa es falso porque omite señalar que más de 1 millón de personas tendrían que votar porque la ley exige que voten al menos un 40% de los votantes en la elección inicial.

Para entrar en el fondo del debate lo que hay que preguntarse es si creemos que tenemos los gobernantes que merecemos y necesitamos. Incluso preguntarnos si tenemos que soportar los niveles actuales de corrupción y esperar la aparición de la mano prodigiosa de la justicia para que nos resuelva nuestros problemas.

La lucha contra la corrupción requiere que los ciudadanos propinen castigos políticos a los malos alcaldes. No tenemos porque tolerar malos gobiernos y no tenemos porque creer que no podemos hacer nada frente a la corrupción.

La revocatoria del mandato es el instrumento más importante para empezar a cambiar la política en los territorios, pretender acabarla o volverla inoperante equivale a arrebatarle a los ciudadanos el control político que la Constitución les otorgó, es volver a la democracia participativa de papel. Por eso defender la revocatoria, como figura de control ciudadano, es defender la democracia misma.

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