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Opinión

  • | 2012/03/22 00:00

    Riesgos de narcotizar la agenda de la Cumbre de las Américas

    A la opinión pública también se le envía una falsa ilusión de que si cambia la voluntad de Estados Unidos entonces la solución al problema de las drogas y al carburante de la violencia está a la vuelta de la esquina.

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Aunque para el gobierno colombiano es tentador elevar la despenalización de las drogas como punto central en la agenda de la próxima Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena, en tanto es un tema polémico que atrae a los medios y al gran público, el asunto entraña riesgos que el presidente Santos debe sopesar. Y no son de menor calado.

En primer lugar, el presidente Santos se podría arriesgar a convertirse en el vocero de una propuesta de legalización que no tiene de entrada ningún futuro. Segundo, se aventura a sobrecargar la agenda bilateral con el presidente Obama, quien no tiene margen de maniobra político para encaminarse en un viraje de tal naturaleza y respecto de un tema que no está en discusión de la opinión pública estadounidense. Allí podrían afectarse las posibilidades de avanzar en los temas que realmente tienen futuro en la agenda bilateral y regional como el comercio, la seguridad, la integración y el medio ambiente.

En tercer lugar, podría terminar fungiendo como portavoz de un grupo de países con crónicos problemas institucionales y de gobernabilidad, que si lo que quieren, como ya lo planteó el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, es más apoyo financiero de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico y las bandas armadas, pues deberían hacer esa labor directamente con la Casa Blanca y el Congreso americano. O de Bolivia, que ya fue derrotada en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su propósito de introducir un cambio en la Convención Única de Estupefacientes de 1961 para permitir la práctica tradicional de mascar coca.

El mero planteamiento de la legalización de las drogas envía el erróneo mensaje de que la frontera entre la legalidad y la ilegalidad es cada vez más borrosa y que por tanto los narcotraficantes no están lejos de ser los empresarios del futuro.

A la opinión pública también se le envía una falsa ilusión de que si cambia la voluntad de Estados Unidos entonces la solución al problema de las drogas y al carburante de la violencia está a la vuelta de la esquina.

En gracia de la discusión o de la mera lógica, el debate sobre la legalización de la drogas es conveniente, pero en un escenario como el de las Naciones Unidas o uno más técnico, como el de alguno de sus consejos. En la Cumbre de las Américas el tema puede ser presa de la demagogia de algunos mandatarios de la región y desviar la atención de asuntos viables e importantes.

La aceptación de Estados Unidos de discutir la legalización debe ser entendida como una concesión formal y no constituye un giro en su estrategia, como algunos ya han calificado. Contrario al sentido de frustración de algunos países latinoamericanos, en Estados Unidos el tema de las drogas ha perdido lustro como preocupación de la opinión pública en parte debido a éxitos importantes. El Instituto Nacional para el Abuso de las Drogas y la Universidad de Michigan estimaron en una encuesta de 2008 que ha habido una reducción ocasional a la adicción a las drogas en los estudiantes en un 25 por ciento.

La frustración por la violencia ligada al narcotráfico no puede llevar a pensar que su legalización va a resolver el problema de las drogas ilegales y más aún a acabar con la violencia. Sus promotores tienen varios problemas. ¿Dónde trazar la línea de lo que es legal e ilegal? Si se legaliza la marihuana, el narcotráfico continuará con la cocaína y la heroína. ¿O también se legalizarían?, ¿Solo la posesión de una dosis mínima o también la distribución y producción? y ¿Qué pasaría con la metanfetamina y otras drogas?

Pero además, y a menos de que estén también disponibles para niños, lo cual no cabría en la mente de alguien sensato, entonces persistirá un mercado negro para los traficantes.

El mencionado ahorro de recursos que generaría la legalización se vería contrarrestado y quizá excedido por una costosa burocracia para regular las drogas, por el incremento del consumo, los mayores costos sanitarios y de rehabilitación, por un probable aumento de la criminalidad, de pérdida de productividad y seguridad en los lugares de trabajo, de violencia doméstica y abuso infantil, entre otros.

En Estados Unidos, por ejemplo, la legalización de la marihuana ya se ensayó en Alaska cuando en 1975 el Tribunal Supremo del Estado determinó que un adulto podría poseer marihuana para consumo personal en el hogar. No obstante, el incremento del consumo en más del doble del promedio nacional entre los adolescentes llevó a que los residentes votaran en 1990 a favor de recriminalizar su posesión.

Países donde cunde la frustración por los efectos del narcotráfico, en gracia también de la discusión, deberían explicar por qué en Honduras se producen 82 homicidios por cada 100 mil habitantes al año, en El Salvador 71, en Guatemala 41, llegando a ser definidos secamente en el informe sobre drogas de la ONU como la región “más mortífera del mundo”. Incluso en el violento y vecino México la tasa ha llegado a 18 y en Colombia en los últimos años ha bajado a 33. En los países del Asia Central, donde hay más movimiento de capitales por drogas ilegales que en América Central, la tasa de homicidios es 6.6 por 100 mil habitantes, siendo ello una paradoja en palabras de Francisco Thoumi, uno de los más reconocidos estudiosos de las drogas.

La historia más bien está relacionada con una larga tradición de violencia, pobreza, guerrillas, estados frágiles, corrupción e impunidad que la legalización de las drogas no puede resolver y sobre lo que el gobierno colombiano debería tener en cuenta antes de presionar en una improductiva discusión, por lo menos en el marco de la Cumbre de las Américas.

*Experto en sector público y consultor internacional en Washington D.C.
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