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Opinión

  • | 2015/11/06 20:39

    Ironías del destino

    Ironías del destino, el año 2016 va camino de ser no solo el año de la efeméride de nuestro texto constitucional, sino también el año del punto y final al conflicto con las FARC-EP.

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Si entonces el texto constitucional fue el punto de culminación de los procesos de negociación con el M-19, el Quintin Lame, el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), la CRS (Corriente de Renovación Socialista) y el EPL (Ejército Popular de Liberación). El año 2016, el vigésimo quinto aniversario de nuestra constitución podría ser el año de la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla más longeva del continente, las FARC-EP.

Pero las ironías del destino no acaban aquí. Los procesos de paz que se desarrollaron entonces se caracterizaron por ser altamente parcelados y nuevamente a pesar de los esfuerzos por tratar de lograr la paz definitiva estas negociaciones no acabaron con la guerra debido a la renuencia en la participación de sectores fuertes del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo). Ironías del destino las FARC salieron del proceso de paz de aquel entonces cuando se convocó la Constituyente, hoy las FARC consideran la asamblea constituyente como la solución idónea para refrendar los acuerdos de paz. Si antaño el ELN y las FARC no entraron en el proceso de negociación, hoy corremos el riesgo que la paz sea incompleta si no somos capaces de incorporar cuanto antes al ELN.

La recuperación y reconstrucción de la legitimidad en las instituciones constituye uno cuando no es el más importante reto que conlleva un escenario pos-acuerdo. Si la Constitución de 1991, la Carta Constitucional supuso un mecanismo de formalización de las agendas de los actores políticos; en el proceso actual de paz con las FARC-EP nos enfrentamos a un doble desafío. El primero la refrendación o mejor dicho el proceso de “otorgar legitimidad” a los acuerdos de paz celebrados en La Habana, con todo lo referido a la mecánica propia de negociaciones que conllevará la firma y eventual refrendación de un acuerdo de paz. El segundo tiene que ver con la propia labor de construcción de una nueva institucionalidad, donde sin duda la monopolización de la violencia por parte del estado y la capacidad para generar un horizonte de desarrollo político y social para todos serán conditio sine qua non.

Mucho se ha dicho sobre la refrendación de los acuerdos desde que el gobierno anunciase hace ya más de un año la necesidad de la convocatoria de un referéndum para legitimar el contenido de los acuerdos de La Habana. La última propuesta del gobierno pasaría por la realización de un plebiscito como el mecanismo de participación ciudadana a través del cual los colombianos puedan refrendar los eventuales acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. Aparentemente la intención es que las discusiones de las comisiones primeras de Senado y Cámara comenzasen cuanto antes de modo que esta pudiera quedar aprobada para mediados de diciembre para que pasase a revisión de la Corte Constitucional.

Mucho me temo que nos encontramos ante un callejón sin salida fruto de la necesidad de “incluir el pueblo” de unas negociaciones de las que no ha sido cuanto menos parte activa. Si la redacción del texto constitucional del 91 tuvo la virtud de servir como formalización de las agendas de estos nuevos actores, el posible plebiscito o sea cual sea el mecanismo de refrendación que se adopte debe al menos para servir para reconstruir la legitimidad de estas nuevas instituciones. Seamos claros, si se convocara la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, más que probablemente esta asamblea, de tener un carácter abierto, podría arrojar la victoria o el control donde una mayoría de sus miembros no se identificaría con las FARC. Pero bueno, pongamos el caso de un referendo o de un plebiscito, incluso si el gobierno Santos logra promulgar las reformas acordadas con las FARC gracias a sus mayorías en el Congreso; alguien se imagina el escenario dantesco que podría suponer el rechazo por parte de la ciudadanía al resultado de las negociaciones, un escenario nada desdeñable a juzgar por los resultados de las últimas encuestas que muestran que un 70% de la población es contraria a la participación de las FARC en política. ¿Se arriesgara el gobierno a una derrota en las urnas? ¿Tiene sentido negociar una nueva constitución que deberá regir los destinos del país, sin la participación del otro actor protagonista, el ELN? Y la pregunta más importante, ¿aceptarían las FARC-EP a la guerra el resultado de las urnas o la introducción de reformas que no se correspondan con lo negociado con el gobierno?

La agregación de voluntades en torno al acuerdo no provocara en ningún caso la alquimia necesaria para lograr la aceptación de un régimen como correcto o apropiado por parte de la población. Ninguno de estos mecanismos de refrendación per se será garantía de la paz, sino tan solo el establecimiento de unas nuevas reglas del juego, que los actores y en especial los nuevos actores políticos deberán acatar. Y este es el quid de la cuestión. La firma de los acuerdos no supondrá la superación del conflicto, sino más bien la progresiva superación de un conflicto armado, que si bien no sea de forma definitiva, sino más bien gradual o parcial; lo que genera que se materialice en una disminución drástica, definitiva o sustancial del número de víctimas fruto del enfrentamiento armado.

Solo desde este horizonte podremos asumir el papel del mecanismo de refrendación de los acuerdos, no como el punto y final del conflicto, sino la aceptación por parte de los actores de su resolución por medios pacíficos. La pregunta por la idoneidad del mecanismo no debe ser entendida entonces desde el marco de la idoneidad democrática en términos de la garantía del éxito de un acuerdo, sino como fruto de la necesidad de integrar a todos los actores del conflicto, puesto que solo de su participación activa en el escenario del post-acuerdo, son la garantía real de la perdurabilidad del acuerdo y de la necesaria reconciliación nacional. Es el momento de plantearse opciones arriesgadas, formulas hibridas quizás alejadas de los formatos de participación tradicionales pero que posibiliten una integración real de todos los sectores de la sociedad.
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