Rojas regresó

Justo cuando parecía estar bajando la marea en la Corte Constitucional, que trataba de hacerle curaciones a su legitimidad mientras sigue despachando con un magistrado tan cuestionado como Pretelt (por ejemplo, reformando su reglamento interno), el Consejo de Estado ordenó mediante tutela reintegrar a otro magistrado que había entrado y salido de la Corte por la puerta de atrás: Alberto Rojas Ríos. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? ¿Qué viene para la legitimidad de la Corte?

Concluir desde ya que esta es una nueva herida a la Corte es bastante tentador. Los efectos del retorno de Rojas Ríos son riesgosos, pues la credibilidad judicial no se ha recuperado del todo y no le ayuda que un magistrado sobre el que pesaron quejas de indignidad por mala conducta insista en mantenerse con acciones judiciales. Pero tampoco podemos saber qué consecuencias traerá esto, por la complejidad del caso y porque el grado de incertidumbre y polarización sobre el diseño de las Altas Cortes es hoy demasiado alto.

Por eso, una vía más útil podría ser tratar de extraer algunas lecciones de las críticas que han recibido por estos días las Cortes y de los propios escándalos que han afectado a la Corte Constitucional.

Las primeras lecciones son sobre la Corte. A pesar de que el escándalo de Pretelt fue mostrado como la crisis de la tutela y de la jurisdicción constitucional, la mayor parte es más un cuestionamiento contra ese individuo que una hecatombe institucional. Con Pretelt investigado, la Corte continúa escogiendo y resolviendo tutelas de personas que no conocen un solo funcionario de esa corporación o que no pagaron para la selección. Es decir, ese tribunal sigue haciendo el tipo de trabajo por el que lo hemos admirado. Es cierto que puede haber problemas de eficiencia y cambios en su tendencia ideológica. Los ciudadanos tenemos el derecho a criticar eso, pero no podemos decir que esto es una crisis de la tutela o de los jueces constitucionales. Entonces, sería un error interpretar el retorno de Rojas como una expresión más de esa llamada crisis de la Corte.

Lo segundo es que la Corte les enseñó a otros tribunales y otros altos funcionarios que la respuesta frente a decisiones judiciales controversiales no puede ser su desacato. Apenas fue notificada, la Corte anunció que cumpliría la tutela, a pesar de que ella es la máxima autoridad en esa materia y que, por eso, la decisión podría ser revisada (y tumbada) por ella misma. Esta es una decisión acertada porque muestra que, por encima del ego de la institución o de qué Corte manda sobre cuál, lo cierto es que son las autoridades las que deben dar ejemplo en el cumplimiento de las decisiones judiciales. Qué bueno sería si aprendiendo esa lección, por ejemplo, el procurador dejara de entorpecer la ejecución de la sentencia de la Corte sobre el proceso de adopción de las mamás de Medellín para formalizar la adopción de su hija, sólo porque no está de acuerdo con ella.

La lección más difícil, y que está aún por aprenderse, es que la mayor parte de la legitimidad de las decisiones de los jueces no proviene de no haber sido vencidos en juicio, sino de sus virtudes democráticas, de su independencia y del buen crédito en el ejercicio de su profesión. Por eso, hay razones institucionales para apostar a la legitimidad de la justicia, pero debemos seguir pensando en alternativas para que los magistrados también fortalezcan nuestras razones para creer en ella.