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Opinión

  • | 2011/07/26 00:00

    Romper los nexos entre crimen y política local

    Afortunadamente, el tema de las elecciones de octubre y la acción de los ilegales está en la agenda del gobierno nacional.

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El título de esta columna corresponde al informe publicado por el “Internacional Crisis Group”, un prestigioso centro de investigación centrado en los temas de conflictos y violencia. Los interesados en leerlo pueden consultar su página, http://www.crisisgroup.org/, donde fue publicado esta semana. El texto citado se convierte en un importante referente para analizar cómo sería posible limitar y neutralizar las intencionalidades de los ilegales en estas elecciones de octubre.

Afortunadamente, el tema de las elecciones de octubre y la acción de los ilegales está en la agenda del gobierno nacional. Hemos visto al ministro Germán Vargas Lleras apersonado del tema, y al mismísimo presidente Juan Manuel Santos llamando a votar a conciencia por buenos candidatos. Esto es alentador, pero no lo es la realidad local que evidencia que el poder mafioso construido en los últimos 25 años está vivo y sigue ejerciendo. Motivo por el cual no hay que llamarse a engaños: los que recurren a la ilegalidad, intimidan y matan son poderosos, y no van a dejar el jugoso poder local así como así.

En Colombia se ha consolidado un poder mafioso en vastos territorios. Este poder se ha nutrido de redes políticas tradicionales en convergencia con narcotraficantes, usurpadores de los recursos públicos y estructuras armadas que ejercen coerción y no dudan en recurrir a la violencia para consolidar su poder y eliminar competidores. Así ha ocurrido en no menos de 300 municipios en 20 departamentos del país. Quienes quieran profundizar en el tema, les recomiendo dos lecturas: Y refundamos la patria, trabajo coordinado por Claudia López, y ¿Lo que el viento se llevó?: los partidos políticos y la democracia en Colombia, 1958-2002, de Francisco Gutiérrez Sanín. No cae mal tratar de comprender la envergadura de la que es hoy la mayor amenaza a esta precaria democracia.

La presencia de redes políticas mafiosas en las elecciones de octubre es clara. Estas se han construido vía violencia y coerción, han usurpado el poder local y regional para acrecentar sus arcas, tomando los recursos públicos como botín de sus redes. Fueron protagonistas del despojo de tierras entre 1985 y el 2005, que cálculos varios ubican entre cuatro y ocho millones de hectáreas, y que este gobierno trata de revertir con la afortunada Ley de Víctimas y Restitución de tierras, recientemente sancionada. Estas redes políticas además han cohonestado y no pocas veces fueron protagonistas de la bárbara criminalidad de los paramilitares. En su acción han logrado homogenizar políticamente amplios territorios, al desterrar o asesinar a sus contradictores: es lo que está por aclararse, juzgarse y no permitir que siga ocurriendo.

Pese a las buenas intenciones del presidente Santos, hace falta una política nacional para enfrentar a los ilegales y su poder, la cual se va configurando si se aplica de manera juiciosa el reciente estatuto anticorrupción, que a juicio de expertos tiene dientes. Y la reciente Reforma Política, que apunta a temas centrales como la financiación de las campañas y las responsabilidades de los directivos de los partidos políticos. Estos son instrumentos importantes de lo que se debe ir configurando como una política para enfrentar la ilegalidad en la administración publica.

El informe de Internacional Crisis Group tiene no sólo la virtud de describir el problema, sino de presentar un conjunto de recomendaciones al gobierno nacional, a la Fiscalía, los organismos de control y los partidos políticos. Si se estudian y se asumen con rigor, vamos en la dirección correcta. Y sin hacernos ilusiones de que es una tarea fácil y de corto plazo: muy por el contrario, se debe asumir que estos poderes enormes y sofisticados siguen actuando y su superación está por verse.

* Coordinador de la línea de Incidencia Política de la Corporación Nuevo Arco iris.






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