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Opinión

  • | 2017/07/12 08:21

    Rosalba Ariza, secuestrada y desaparecida en el Cauca

    La trágica y conmovedora historia de una profesora, víctima hace ocho meses de una banda que actuó durante años con total impunidad en la vía La Plata-Popayán, confirma que el secuestro y sus atrocidades siguen muy activos en Colombia.

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Noviembre 1 de 2016, día de Todos los Santos. Rosalba Ariza, 55 años, maestra de la Normal Superior de Florencia, viajaba por tierra desde Caquetá hacia Cali. A la altura del kilómetro 58, en el corregimiento de Paletará, jurisdicción de Isnos, Cauca, la Toyota Prado color negra en la que se movilizaba con otras dos personas, fue interceptada por cuatro hombres armados que vestían uniformes militares. Los interrogaron. “La profesora se queda con nosotros” les dijeron.

No era la primera vez que ocurría un secuestro en ese lugar, durante años una trampa letal en la cual fueron raptadas decenas de personas. El territorio fue hasta el año 2.000 dominio de la guerrilla. Individuos residentes en la vereda Paloquemado se dedicaron a secuestrar gente entre los kilómetros 55 y 60 de la vía que va desde La Plata a Popayán. Escogían a sus víctimas según la calidad de los carros en que viajaban y se las “vendían” al frente tercero. Cuando las Farc replegaron sus tropas y salieron del territorio, sus aliados locales continuaron el negocio en provecho propio. Un delito que repitieron durante años en total impunidad -casi 40 veces solo en 2016-, siguiendo el mismo libreto: recibían desde el Huila, vía radio, la alerta del ingreso de un carro de gama alta en la carretera y lo esperaban en su dominio de cinco kilómetros. Allí amedrentaban a sus víctimas con armas cortas y largas, realizaban el secuestro y resolvían el cobro y pago del rescate en los días siguientes.

A la familia de la profesora Ariza le exigieron 300 millones de pesos. Tras una intensa y dura negociación sus familiares lograron clarificar que tanto ella como su esposo son educadores y que esa suma estaba fuera de sus posibilidades. Cerraron en 20 millones que les entregaron cumplidamente en una zona vecina al municipio huilense de San Agustín. Pocas horas después los llamaron para confirmarles el recibo del dinero y que la profesora sería liberada en una trocha, cercana del mismo lugar de la carretera en donde ocurrió el secuestro.

Allí se apostaron a la hora señalada y esperaron el resto del día y de la noche. Nunca apareció. Ocho meses después, el esposo y los dos hijos de Rosalba siguen en la espera.

La zona donde operaban los secuestradores es un páramo. En sus últimos contactos los secuestradores aseguraron que la habían liberado y que le pudo ocurrir algo en el camino. Como existía el antecedente de un secuestrado que murió por la severidad del clima, soldados y policías, con la ayuda de centenares de indígenas kokonukos, del resguardo Paletará, realizaron una monumental operación de búsqueda a lo largo y ancho de la vereda, que no dio resultados. Se ha dicho que los secuestradores la sacaron de la zona y que la tiene un grupo subversivo pero hasta ahora son consejas sin asidero. La realidad inquietante y perturbadora es que desde su última llamada, en noviembre, los secuestradores no volvieron a tomar contacto con la familia.

La Fiscalía logró desarticular la banda y capturó a varios de sus integrantes en la vereda Paloquemado. Rubén Edil Muñoz y Aldemar Vargas Mejía fueron detenidos en noviembre, acusados de ser autores materiales. El 4 de febrero fue capturado Wilson Niño y el 27 Aldemir Cerón Muñoz, alias Mimo, pero un juez de garantías lo dejó en libertad. Oliverio Muñoz, alias Veneno, otro de los presuntos autores, fue asesinado por sicarios en Isnos, en diciembre pasado.

El esposo y los hijos de Rosalba Ariza son un testimonio vivo e irrefutable de que, en Colombia, el terror del secuestro sigue activo, con las mismas expresiones de crueldad y barbarie de los secuestradores, abandono e indolencia de las autoridades y debilidad de la justicia.

Son penosos y reprochables, por ejemplo, el silencio, pasividad y falta de autoridad del gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, que -como sus antecesores- no enfrentó ni detuvo esa tenebrosa escalada de secuestros concentrada en una zona pequeña y accesible. Lo propio se puede decir de las Farc, que sembraron esa actividad en la zona. Iván Márquez, quien también fue profesor en Caquetá, dijo hace poco acerca del secuestro “…en el desenvolvimiento del conflicto las Farc también causamos un gran dolor con la retención de personas por razones económicas”. En la nueva realidad del posconflicto podrían dar apoyo a la familia, información o contacto con sus antiguos subalternos y no han hecho nada.

Esta semana se cumplieron ocho meses sin saber nada del paradero de la profesora Rosalba Ariza. Si fuera una mujer poderosa o familiar de un alto funcionario el caso estaría resuelto. Ni la Presidencia, ni el Ministerio de Educación, ni Fecode, ni los gobiernos locales muestran interés ni acciones en el tema. Dadas las condiciones en las que se produjo el secuestro y la naturaleza inhóspita del terreno es difícil pensar que Rosalba Ariza todavía esté viva. Quizás su esposo y sus dos hijos sean conscientes de ello, pero se aferran a cualquier indicio para no perder las esperanzas y para salvar su causa del abandono y el olvido, triste destino de tantos secuestrados y desaparecidos en Colombia.

@germanmanga

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