Viernes, 20 de enero de 2017

| 2008/09/06 00:00

Roscografía

La vida pública del nuevo magistrado Sanabria se ha desarrollado entre la burocracia local, el Concejo de Gachantivá y la Asamblea de Boyacá

Roscografía

La elección de los dos nuevos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura empieza a consolidar la toma de la rama judicial por parte del gobierno, y afectará las investigaciones contra congresistas. Los dos magistrados, elegidos esta semana, son conocidos más por sus vínculos políticos que por su trayectoria como juristas. Ellos harán parte de la sala disciplinaria que tiene la facultad de sancionar a los funcionarios judiciales, entre otros los magistrados principales y auxiliares de la Corte Suprema de Justicia.

En pocas palabras, el presidente Uribe y sus aliados quedaron con la férula en la mano para castigar a quienes han investigado la para-política y la yidispolítica. Y eventualmente para reemplazarlos.

Los nuevos altos jueces disciplinarios son políticos, nominados por el Presidente y escogidos por la bancada uribista.

De Ovidio Claros, el primero de ellos, el padrino político es William Vélez Meza, el escudero de Mario Uribe. Claros ha sido congresista, contralor de Bogotá y gerente del desaparecido Seguro Social en Cundinamarca. De sus logros jurídicos poco se sabe. Lo que sí se conoce es que, en 2002, cuando aspiraba a la Cámara de Representantes, fue reportado por la Procuraduría dentro de una lista de candidatos sancionados. Según ese documento, el doctor Claros tenía dos registros disciplinarios.

El ahora 'juez de jueces' fue suspendido 30 días de la gerencia del Instituto de Seguros Sociales, porque según la investigación modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.

Sin embargo, esos asuntos nunca han sido obstáculo para el nuevo magistrado. Cuando fue elegido Contralor de Bogotá, en 1997, se posesionó en medio de una polémica porque a pesar de que tenía una resolución de la Procuraduría en su contra, alegó que técnicamente no estaba sancionado. Alguien escribió mal la cédula del doctor Claros en la resolución y mientras la confusión se solucionaba, él accedió al puesto.

El segundo 'juez de jueces' es Pedro Alonso Sanabria, quien ha sido miembro del grupo político del senador Ciro Ramírez, recluido en La Picota por cuenta de la para-política y de sus presuntas relaciones con narcotraficantes como alias 'Mi Sangre' y Gilberto Saavedra, alias el 'Doctor'.

Con la elección de Sanabria para el Consejo Superior de la Judicatura, Ciro extiende su influencia en la rama judicial. Ya tenía serviciales amigos en esa misma institución y en el Consejo de Estado; para no mencionar las cuotas que mantiene con sus anfitriones del Inpec, y que incluyen a su propio hermano.

La vida pública del nuevo magistrado Sanabria se ha desarrollado entre la burocracia local, el Concejo de Gachantivá y la Asamblea de Boyacá. También fue segundo en una lista a la Cámara de Representantes, encabezada por Rafael Flechas, dueño de una finca en la que en su momento acordaron reunirse alias 'Mi Sangre' y el poderoso Ciro Ramírez.

Jorge, el hermano de Rafael Flechas, fue también, hasta hace unas semanas, magistrado del Consejo de la Judicatura y estuvo a punto de convertirse nada menos que en magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, porque -y este es otro gran tema- el Consejo Superior de la Judicatura está encargado de nominar a los candidatos para la Corte.

Con la posibilidad de sancionar a los actuales y proponer a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Claros y Sanabria llegan a la alta corporación judicial.

Allí se encontraran con el presidente de la sala disciplinaria, el magistrado Angelino Lizcano, cuota de otro político detenido: el congresista Luis Fernando Almario, procesado al mismo tiempo por presuntas relaciones con las Farc y con los paramilitares.

De la mano de Almario, Angelino Lizcano saltó de la Licorera del Caquetá a la secretaría de la Cámara de Representantes y de allí a la magistratura.

El paradójico resultado de la toma política del Consejo Superior de la Judicatura, es que muy pronto algunos reos podrían estar decidiendo el destino de sus jueces.
 

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