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¿Sabe Bogotá por qué crece la inseguridad y cómo enfrentarla?

La seguridad de la capital demanda políticas públicas que no respondan ni al calor del debate político ni al estallido de una próxima bomba, sino que sean el resultado de un análisis riguroso y un conocimiento profundo de los fenómenos criminales de la ciudad.

Semana
2 de septiembre de 2008

Tras varias explosiones y múltiples noticias sobre actos criminales en diferentes lugares de la capital, en agosto pasado, la Cámara de Representantes citó en dos ocasiones al alcalde Samuel Moreno para indagar sobre sus planes de seguridad. El Alcalde no asistió a ninguna. Falta ver qué pasa con dos citaciones más que están en curso: una en la Cámara y otra en el Senado. A esto, se suma el enfrentamiento entre la Alcaldía y el Ministerio de Defensa sobre el manejo de la seguridad en la ciudad, que ocupó la atención del país hace unas semanas.

Las citaciones del Congreso y las diferencias con el Ministro de Defensa han sido motivo de polémicas entre quienes dicen defender al Alcalde y quienes son acusados de atacarlo. Las preferencias políticas no están ausentes en los debates públicos, pero no podemos perder de vista el núcleo de la discusión. Más allá de quienes optan por una u otra postura, la pregunta de fondo no es quién apoya a quién sino qué está pasando en Bogotá en materia de seguridad.

Miremos los hechos: A la fecha y en lo que va del año Bogotá ha sido escenario de al menos 13 explosiones y la quema de cinco vehículos de trasporte público. Las cifras sobre homicidios en la ciudad no dejan de ser igualmente preocupantes. Van en aumento y dan cuenta de un fenómeno singular: de las víctimas de homicidio con arma de fuego cerca del 27 por ciento reciben más de 4 impactos de bala y cada dos días se produce una muerte por sicarios en la ciudad. Esto, sin mencionar el número de muertes violentas no identificadas que revelan los datos de Medicina Legal, ni el incremento en otros delitos de impacto social.

¿De qué es síntoma lo que hemos visto en los últimos meses?

Para empezar, existe una extorsión silenciosa. La información disponible muestra que se trata de una modalidad criminal bastante extendida. En segundo lugar, las múltiples explosiones que se han dado en la ciudad y los explosivos que se han incautado, incluyendo pentolita y R-2 que no son materiales de fácil consecución, revelan la existencia de estructuras criminales capaces de perpetrar acciones de mayores dimensiones a las que hemos visto hasta el momento.

¿Qué instrumentos tiene el gobierno de Bogotá para hacer frente a estos crecientes problemas de seguridad? No es claro si cuenta con los mecanismos suficientes para darles respuesta, ni tampoco por qué algunos de los instrumentos que la ciudad desarrolló en la última década se han debilitado o incluso se han dejado de lado.

La seguridad suele cobrar vigencia cuando estalla una crisis, pero muy rara vez hace parte de una labor continua de análisis y estudio que permita entender los fenómenos antes de que éstos sean evidentes, y diseñar acciones y políticas públicas para mitigarlos.

Bogotá no puede asumir los logros de seguridad conseguidos en la última década como si se trataran de tareas concluidas. La criminalidad organizada y las dinámicas urbanas cambian. La manera de dar cuenta de éstas y de manejarlas no puede improvisarse, ni ir al vaivén de las crisis. La seguridad de la capital demanda políticas públicas que no respondan ni al calor del debate político ni al estallido de una próxima bomba, sino que sean el resultado de un análisis riguroso y un conocimiento profundo del tipo de fenómenos criminales que hay en la ciudad. Es mejor prevenir que curar. Tratar de corregir los problemas cuando éstos ya han adquirido proporciones enormes, es una tarea particularmente difícil cuando se trata de la seguridad ciudadana.


 
Ángela Rivas Gamboa es coordinadora del Área de Sector Privado y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz


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