SALVAR A SAMPER

LA GENTE HA COMENZADO A MURMUrar, cada vez con mayor insistencia, acerca de la posibilidad de que el presidente Ernesto Samper tenga que dejar su cargo, por uno de dos caminos: o porque la Comisión de Acusaciones de la Cámara lo encuentre culpable y lo acuse ante el Senado, eventualidad muy improbable, porque en general los congresistas también están incursos en la conducta de aceptar dineros del narcotráfico para sus campañas, con muy notables excepciones; o porque su situación política se haga insostenible, en medio de una opinión pública crecientemente adversa que ya no le cree al Presidente, ni a sus ministros, ni a su gobierno. Esta situación se vería agravada por la censura de los ricos (recordemos que son los ricos los que tumban los gobiernos, no los pobres); por el repudio de la clase empresarial, y por el agravamiento de la situación económica, que no encontrarían como respuesta sino la falta de autoridad de un mandatario moralmente cuestionado.
En definitiva, como la eventualidad de una renuncia presidencial no esta descartada en medio de la confusa, difícil y desmoralizante situación en la que nos dejaron sumidos las confesiones de Santiago Medina, es mejor sentarnos a hablar de eso, y analizar, con el corazón en la mano, qué es lo que nos espera, cuál es el peor de los escenarios y qué podemos hacer para no llegar allá.
La primera pregunta es quién reemplazaría al Presidente, y la primera respuesta que se nos ocurre es la del vicepresidente Humberto de la Calle. No está claro, sin embargo, que De la Calle pueda asumir la Presidencia, en medio de una controversia desatada por dineros ilegales que sufragaron una campaña de la cual él fue fórmula, así no hubiera intervenido para nada, como es seguro en la consecución de esos narcorecursos. El hecho real es que los dineros del narcotráfico que ayudaron a elegir a Samper también ayudaron a elegir a De la Calle, porque fue la misma campaña, y se invirtieron en propósitos que les servían a ambos. Sería aún más grave para el país que estas consideraciones no se tuvieran en cuenta, y que una vez asumida la Presidencia por parte de De la Calle, continuara dándose en el país la misma polémica sobre el origen non sansto de su titularidad. No creo que él país resista un segundo capítulo de este infierno que estamos viviendo.
Y si, como parece, no pudiera asumir De la Calle por razones más políticas que jurídicas, llegaríamos al peor de los escenarios: el del artículo 203 de la Constitución, que establece que a falta de presidente y de vicepresidente, es el Congreso el que se reúne para escoger nuevo Presidente de la República.
Irónicamente nos enfrentaríamos aquí al primer gran fracaso confirmado de la Constitución del 91, que abolió la figura del designado y la reemplazó por la del vicepresidente con el argumento de que quien tenga vocación presidencial debe tener el mismo origen d el Presidente. Si aún existiera el designado, su función, caldo Samper, sería la de convocar a nuevas elecciones, y se preservaria el carácter popular de la elección del primer mandatario.
Pero si no es viable jugar la ficha del vicepresidente, Colombia quedaría sometida a la posibilidad de que su próximo Presidente le fuera impuesto por la corporación más desprestigiada del país, la de menor credibilidad, la de menor popularidad y, por consiguiente, la de menor legitimidad. ¿Qué puede salir de esta conjugación? Pues nada menos que el peor Presidente de la historia de Colombia. ¿Acaso puede dar garantía un Presidente elegido por este Congreso corrupto?
Hay que reconocer, además, que si hay en Colombia un colombiano que se esté jugando su vida, su honor, su carrera y su futuro es el presidente Samper, en su lucha contra el cartel de Cali. Y mientras por lo menos este Presidente tan cuestionado puede demostrar resultados concretos y sorprendentes en esta lucha, como es el evidente desmoronamiento de la cúpula del cartel, el Congreso no puede demostrar ningún resultado de de puración , y por el contrario, solo pue de exhibir escandalosos actos de contubernio con el cartel, como la ley 87 del 93 (la de la rebaja de penas) que, según expertos en el tema, fue claramente redactada por los interesados en sus beneficios.
Yo me pregunto, en este punto de reflexión, qué puede ser peor: si el esfuerzo colectivo del país de comprometerse con el propósito político de salvar a Samper y de preservar la estabilidad del maltratado sistema, o jugarle a la ruleta rusa de terminar gobernados por un presidente del Congreso.