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Opinión

  • | 2008/09/29 00:00

    Salvatore Mancuso tiene razón

    Los paramilitares son los peones de la guerra, los verdaderos promotores están en la sombra

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El ex paramilitar Salvatore Mancuso tiene razón cuando afirma que si actores de la guerra en Colombia como él no dicen toda la verdad, “los verdaderos culpables del conflicto van a señalar a la guerrilla y a los paramilitares como los culpables”. Estas palabras, pronunciadas desde un tribunal en Washington el jueves pasado, permiten constatar que en el país son muchos los que callan su participación en el conflicto armado y depositan toda responsabilidad en los verdugos.

El reclamo de Mancuso es justo: la verdad de la expansión y consolidación del proyecto paramilitar en diversas regiones del país no sólo pasa por los victimarios. De ello me había hablado un campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Oriente antioqueño: “Los victimarios son los peones de la guerra. Los verdaderos promotores del paramilitarismo están en la sombra”.

Es justamente en Antioquia, escenario de los últimos escándalos sobre nexos de altos mandos militares, funcionarios judiciales y empresarios con estructuras paramilitares, donde menos se conoce de ello y donde poco se han avanzado en las investigaciones. Aquí se han protegido a los culpables desde diversas instancias estatales y aún se agazapan promotores y financiadores de tanto desangre.

El caso del ex fiscal Guillermo Valencia Cossio sólo es un pie de página de un gran texto que no es posible leer en su verdadera magnitud porque aún faltan muchas verdades; pero quien puede escribir una página completa es el empresario paramilitar Raúl Hasbún, pues tiene en su cabeza la estructura de financiación de la “empresa”, como llaman a las Auc en Urabá. Lo curioso es que los medios de información se ocupan tímidamente de sus versiones.

Por eso es que después de decenas de audiencias públicas de los ex paramilitares ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, aún no alcanzamos a entender las lógicas paramilitares que permitieron tanta barbarie. Si bien hay retazos de verdad en las confesiones, falta mucho para comprender la estrategia contrainsurgente desarrollada en el país desde hace décadas.

No obstante, creo que parte de las claves para desentrañar tal estrategia belicista está en las mismas palabras de Mancuso, quien aseveró que el Estado es el principal promotor de la violencia, pues según él, lo reclutó y entrenó para acabar, supuestamente, con la guerrilla.

Esa versión de Mancuso coincide con la de otros jefes paramilitares que, en distintas circunstancias y tiempos, hicieron igual referencia: “El ejército realmente nos formó, nos capacitó para combatir a la guerrilla”, reconoció en 1996 Carlos Castaño. En el 2006, Ramón Isaza explicó cómo empezó su labor paramilitar en el Magdalena Medio: “organicé a 16 ganaderos, los llevé al batallón y allá nos consiguieron 16 escopetas de 7 y 8 tiros”.

Las concepciones ideológicas que amparan lo afirmado por Mancuso están consignadas en el Reglamento de combate de contraguerrillas de abril de 1969, que sugirió la creación en Colombia de juntas de autodefensa como “organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que amenacen el área y para operar en coordinación con tropas de acciones de combate”.

Propósito que se mantuvo en el Manual de Combate contra Bandoleros y Guerrilleros, de junio de 1982, que planteó como función de la institución militar organizar, instruir y apoyar a las juntas de autodefensa, “y orientar la provisión de armas y el establecimiento de una relación amistosa”. Con igual sustento ideológico, surgieron, en la década del 90, las asociaciones de seguridad privada, llamadas Convivir; paralelamente se consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia y, muy probablemente, beban de esas aguas las llamadas Águilas Negras.

La estrategia contrainsurgente promovida por el Estado requirió de la participación de amplios sectores estatales, políticos y económicos, que no vacilaron en apelar al paramilitarismo como uno de los instrumentos de intervención. Razón entonces tiene el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Por eso es previsible que vengan nuevos escándalos y haya más capturas de personalidades, tanto del sector público como privado, en Antioquia y en el resto del país.

Parte de la verdad que necesita el país pasa por reconocer que el paramilitarismo en el país no fue un fenómeno autónomo y sus propósitos tuvieron un alcance más allá de lo militar: así como se tejieron alianzas para perseguir, reprimir y eliminar a los grupos guerrilleros y, por extensión, a opositores políticos y a la población civil señalada como auxiliadora o simpatizante de la insurgencia; también se hicieron acuerdos para apropiarse de miles de hectáreas de tierra, recursos del Estado y “refundar la patria”.

El problema de no reconocer y aceptar esa verdad tiene tres efectos negativos: reduce el fenómeno a actos criminales puntuales y a un conteo de fosas y de cadáveres, mantiene un velo de impunidad y abre el espacio para simplificar la nueva fase del paramilitarismo y reducirlo a un problema entre narcotraficantes. Urge entonces conocer a esos otros culpables de tanta barbarie en campos y ciudades para propiciar una verdad integral que los lleve ante la justicia y sea realmente reconciliadora.



(*) Juan Diego Restrepo es periodista y docente universitario

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