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Opinión

  • | 2017/02/25 00:00

    El abuso de los españoles y la clase política samaria

    Se ha empezado a hacer justicia. La orden es devolver a la ciudad las redes, toda la información de los usuarios y anular las pretensiones económicas de la compañía.

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Me quito el sombrero ante los samarios que pusieron 230.000 firmas en el despacho de la juez tercera administrativa para reclamar la devolución de Metroagua al dominio de la ciudad. Hicieron además una inmensa movilización ciudadana. Lograron que el 16 de febrero el juzgado tomara esta decisión trascendental para la salud y el bienestar del pueblo de Santa Marta

Está por terminar el más grande abuso de Inassa, una empresa de aguas de capital español, que en contubernio con la clase política de Santa Marta, había usufructuado, a través de Metroagua, las redes de acueducto y alcantarillado de la ciudad durante 26 años obteniendo enormes ganancias, sin invertir un solo peso en el mejoramiento y ampliación de las redes y en la planta de tratamiento, hasta llegar a una limitada y deplorable prestación de los servicios que significaba enfermedades y sufrimientos, sobre todo en los barrios más pobres y desvalidos.

La historia empezó en abril de 1991 cuando el alcalde José Ignacio Vives Echeverría, en vez de convocar una licitación pública y celebrar un contrato de concesión, utilizó la exótica figura del ‘arriendo de las redes’. Después los alcaldes siguientes: Edgardo Vives Campo, Luis Cuello Lopera, Jaime Solano, Hugo Gnecco y José Francisco Zuñiga  mediante la figura del otrosí, prorrogaron el contrato en cinco oportunidades, suprimieron las regalías y establecieron cláusulas que obligaban a la ciudad a pagar las inversiones que declarara la empresa  si quería recuperar el control de las redes. Todo esto, ante la indiferencia de la dirigencia nacional.

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Las consecuencias de este tipo de contratación y de la alcahuetería con los españoles son dramáticas. En pleno siglo XXI, 18.000 familias de la ciudad no tienen en sus casas conexión de acueducto y alcantarillado; con el deterioro de las redes, el 58 por ciento del agua que entra en el sistema se pierde; y los rebosamientos y fugas de las aguas negras envilecen las calles en pleno centro histórico de una ciudad que vive especialmente del turismo.  Pero eso no es lo peor. Cuatro de cada diez niños padecen enfermedades gastrointestinales. 

Para que no queden dudas del abuso, Ángel Garrido, presidente del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, la empresa matriz, dijo ante la Asamblea de Madrid, el pasado 5 de abril de 2016,  que desde 2002 hasta 2016, no habían invertido un solo céntimo en las empresas donde tenían participación en América (Colombia, Panamá, Brasil, México, República Dominicana y Ecuador); que ellos cumplían una labor como socios operadores, que las inversiones correspondían a los gobiernos nacionales, regionales y locales, pero que así como no habían invertido un céntimo, sí habían obtenido utilidades por 60 millones de euros en ese tiempo.

En estas querían seguir los españoles con la complicidad de la clase política del Magdalena,  pero en enero de 2012 llegaron a la Alcaldía Carlos Eduardo  Caicedo y  en  2016 Rafael Martínez, mandatarios que le dieron prioridad a recuperar la administración de impuestos que estaba bajo concesiones onerosas a particulares; a intervenir el mercado público, expósito, abandonado a la avaricia de los concesionarios que exprimían jugosas ganancias; y a arrebatarle, por las vías legales y con el concurso de la ciudadanía, el servicio de acueducto y alcantarillado a la ambiciosa y abusiva compañía Interamericana de Aguas S.A. (Inassa).

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Han ganado una batalla memorable. El último de los otrosís vence el 17 de abril y los españoles habían interpuesto una reclamación de 58.000 millones de pesos, alegando inversiones realizadas con el propósito de quedarse en la administración de las redes, pero la acción ciudadana encabezada por Caicedo y la valentía de una jueza han cambiado la situación. 

Se ha empezado a hacer justicia. La orden es devolver a la ciudad las redes, toda la información de los usuarios y anular las pretensiones económicas de la compañía Inassa. Ahora le corresponde a la Alcaldía de Rafael Martínez defender el fallo ante tentativas de echarlo para atrás o de incumplirlo, buscar un adecuado operador temporal y abrir una licitación justa que transforme de verdad estos servicios esenciales, en una ciudad que vive la paradoja de estar muriendo de sed cuando está bañada por múltiples ríos y aguas subterráneas que bajan de la Sierra Nevada.

Santa Marta le está dando un ejemplo a todo el país. Lo que ocurrió allí durante 26 años no es un caso aislado. La mala prestación de los servicios públicos es la regla a lo largo y ancho del territorio nacional. En un sinnúmero de municipios la alianza entre políticos corruptos y empresas inescrupulosas no permite una prestación digna de los servicios esenciales. Electricaribe es una prueba fehaciente de atropello a una región y a sus pobladores. Pero en todas partes se puede levantar la ciudadanía y pueden surgir líderes políticos con una ética pública que los empuja a ponerse del lado de los usuarios y no de las empresas que los aceitan con coimas y prebendas. 

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