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Opinión

  • | 2012/09/17 00:00

    Santos debe impedir la reelección de Ordóñez

    El presidente tiene el deber constitucional de cerrarle el paso al segundo período de un procurador enemigo de los derechos fundamentales.

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Es grave, muy grave, lo que está pasando con la Procuraduría. Reducida la institución durante el primer período de Alejandro Ordóñez a punta de lanza de su fanatismo católico en una cruzada contra el principio constitucional del laicismo estatal, la campaña para la reelección del procurador es realmente escandalosa, incluso para un país que vive en medio del escándalo.
 
La "terna de uno" que se está conformando para reelegirlo más parece un concierto para delinquir entre la Corte Suprema de Justicia y el Senado. La repartija de puestos tanto a nivel nacional como regional a familiares y amigos de magistrados y senadores para asegurar el oprobio es una vergüenza sin precedentes en la historia universal del clientelismo. Como señaló Rodrigo Uprimny, Ordóñez debería “autodestituirse” después de haber hecho nombramientos para ganarse los favores de quienes lo ternaron en la Corte Suprema de Justicia, en abierta violación del artículo 126 de la Constitución. Pero no lo va a hacer. Ni tampoco sus nominadores de la Corte Suprema o sus electores declarados del Partido de la U y el Liberal en el Senado (el respaldo de los conservadores se da por descontado) le retirarán su apoyo, salvo que se les atraviese el presidente o la sociedad civil.
 
En este contexto, solo quedan tres salidas: dos para evitar la catástrofe de su reelección y una tercera, in extremis, para deshacerla después de consumada. La primera salida está en manos del presidente Juan Manuel Santos, quien tiene la obligación de ternar a un candidato de peso, con posibilidades reales de competir con Ordóñez, y persuadir a los partidos de su coalición para que lo elijan. El deber del Presidente de oponerse a un nuevo período de Ordóñez tiene varios fundamentos constitucionales. Rápidamente explico tres:

1. En un Estado laico, un fanático religioso no puede “proteger los derechos humanos” y “velar por el cumplimiento de la Constitución”, como esta se lo ordena en su artículo 277, y al mismo tiempo convertir una religión en derrotero de su gestión como funcionario. Ordóñez patentó durante su primer período el método, inconstitucional en Colombia, de “interpretación teológica" de la Constitución.
 
2. Apoyar a un enemigo declarado de los derechos fundamentales de las mujeres y la población LGBT supondría para el presidente quebrantar el juramento constitucional de posesión que hizo ante el pueblo, que le ordena “cumplir fielmente la Constitución” (art. 192) y lo obliga a “garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos” (art. 188), a fortiori los de minorías discriminadas. Esta situación convierte además a Ordóñez en el peor enemigo de la ambiciosa política de igualdad de género que impulsa el presidente. En otras palabras, lo grave de reelegir a Ordóñez no es que sea un católico recalcitrante, sino su repugnante misoginia y homofobia disfrazadas de moralismo.
 
3. Ordóñez es un funcionario que, según fallo de tutela de la Corte Constitucional, mintió a sabiendas en comunicados y actuaciones oficiales sobre el alcance de los derechos reproductivos de las mujeres, incumpliendo abiertamente sus deberes constitucionales. Reelegir a un funcionario bajo estas condiciones, y encima gracias a una vergonzosa feria de favores burocráticos, es un premio a la corrupción y las peores prácticas clientelistas sencillamente inaceptable.
 
A todo lo anterior se suman razones de conveniencia política por las cuales el presidente Santos se metería un tiro en el pie si permite que Ordóñez repita período: estaría instalando en el corazón del Estado a alguien que se manifestó “escéptico” frente al proceso de paz, lo que en plata blanca significa “en contra” de él; y de otra parte, si el procurador logra ser reelegido en el Senado a pesar de que el presidente no quiso ternarlo, esta sería la prueba de que el primer mandatario ya no es capaz de controlar su coalición en el Congreso. Por esta razón, la aspiración de Ordóñez es un desafío a la autoridad presidencial.
 
La segunda salida a la reelección del procurador es que el “quinto poder” o sociedad civil se manifieste categóricamente como lo hizo frente a la fallida reforma a la justicia, con el suficiente estruendo e indignación para que los senadores se den cuenta de que el país no está dispuesto a tolerar otros cuatro años con un enemigo de la Constitución entronizado en la Procuraduría.
 
La tercera solución, ex post, sería la oleada de demandas de nulidad contra la eventual reelección del procurador. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos, ONG, tanques de pensamiento, universidades y grupos de ciudadanos que se verían directamente afectados por las prácticas discriminatorias de Ordóñez, ya están preparando la artillería jurídica contra su ilegal reelección, que a todas luces supondría un fraude a la Constitución. Esto porque las ternas no pueden ser de papel, ni las elecciones de los altos funcionarios consumarse gracias al nepotismo.
 
Presidente Juan Manuel Santos: cúmplale al país, cumpla su juramento de posesión e impida la reelección de un procurador enemigo de la Constitución y los derechos fundamentales.
 
*En Twitter: @florezjose
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