Las deudas de Santos

Durante el primer turno, el gobierno de Santos contrajo al menos tres deudas con los pueblos indígenas en particular y con el movimiento interétnico en general. Ahora, en el segundo tiempo, Santos inicia con cuentas morosas porque en los primeros cuatros años no cumplió sus promesas y por lo tanto cumplirlas se vuelve uno de los retos principales de la agenda de derechos humanos para los próximos cuatro años. 

La primera deuda es implementar las decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Ministerio del Interior deberá seguir apoyando a los pueblos indígenas en la creación de los planes de salvaguarda que ordenó la Corte Constitucional en el 2009. Esos planes son proyectos que presentan los pueblos indígenas a la Corte y el gobierno en los que colectivamente definen por ejemplo cómo van a proteger su territorio o desarrollar los proyectos de educación. 

Hasta la fecha, los planes de salvaguarda no han sido efectivos. De los 34 planes ordenados por la Corte sólo se han presentado nueve, los cuales no han sido implementados por la descoordinación entre los diferentes órganos estatales y el incumplimiento de los acuerdos. Los 25 planes restantes no se han podido siquiera construir por la desorganización de las instituciones y la falta de recursos y acompañamiento que debe dar el Ministerio del Interior a los pueblos indígenas. 

La segunda deuda es cumplir con los acuerdos generados por la movilización de los pueblos indígenas. Después de la minga de finales de 2013, los pueblos y el gobierno nacional pactaron 29 acuerdos que hablan sobre territorios indígenas, autonomía, política minera, energética y agraria y paz. Por tanto, Santos tiene la obligación de cumplirle a los indígenas y promulgar las medidas necesarias para materializar las promesas que le hizo a la minga en el resguardo La María. 

En este tema es indispensable que el gobierno adelante todos los procedimientos para proteger los territorios de los pueblos indígenas. Sólo por citar un ejemplo, actualmente el pueblo u´wa le pide al gobierno que proteja su territorio de la explotación inconsulta de hidrocarburos y le titule sus territorios ancestrales. 

La tercera deuda involucra a todo el movimiento interétnico: los indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos. Como resultado de una de las movilizaciones más grandes de la historia de Colombia, en marzo de 2014 Santos firmó el decreto que creó la Mesa Única Nacional –MUC- (que reúne a las organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular).  Para cumplirle a la MUC en el segundo periodo, el gobierno debe iniciar el diálogo prometido y responder por ejemplo a las exigencias de la Cumbre en relación al ordenamiento territorial, la locomotora minera y los mecanismos de interacción con las comunidades campesinas. 

Cumplir con las órdenes de la Corte y las promesas hechas al movimiento indígena, afrocolombiano y campesino es uno de los retos centrales para el segundo periodo de Santos. Por tanto, para los próximos años es trascendental que el movimiento interétnico esté atento a las acciones del gobierno y continúe innovando en los mecanismos de movilización. Así logrará garantizar que Santos pague sus deudas y pase las palabras escritas a la realidad que se vive en el campo, los resguardos, los territorios colectivos y las zonas de reserva campesinas.