Santrich 1 – Estado De Derecho 0

A los magistrados de la JEP se les apareció el sagrado corazón en forma de carta refundida. Ahora, con el pretexto de que ni el Ministerio de Justicia ni el servicio postal 4/72 les hicieron llegar la carta rogatoria de pruebas a los norteamericanos en el caso de Jesús Santrich, dirán que tenían la buena disposición de avanzar en la materia pero que con esas trabas todo resulta imposible. La verdad es que aunque la carta hubiera llegado al día siguiente, el resultado hubiera sido el mismo:

los gringos nunca destapan todas sus pruebas sino en el juicio de conocimiento ante sus tribunales cuando los sujetos procesales han sido extraditados ya. En toda la historia, la Corte Suprema jamás les había pedido tanto a las autoridades norteamericanas y, con lo que les llegaba, venían tomando la decisión de autorizar o no los trámites de extradición.

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La JEP, sin embargo, quería más y pese a que tenía material probatorio a su disposición enviado por la Fiscalía o adjuntado por los propios estadounidenses en la solicitud de extradición de Jesús Santrich, algunos de sus magistrados, fueron creando ante la opinión pública la sensación de que no cuentan con suficientes elementos para tomar una determinación y por eso solicitaron lo imposible sabiendo, como es obvio, que lo único que lograrían era dilatar un trámite procesal en el caso más sensible que tiene la jurisdicción especial, como lo es el del señor Santrich.

No es que yo quiera excusar la falta de seguimiento del Ministerio de Justicia o las fallas que tiene el correo estatal de los colombianos o que me parezca bien que a estas alturas del partido no exista en nuestro ordenamiento jurídico una norma que permita que ciertos documentos entre Estados puedan ser enviados por medios electrónicos o que exista plenamente la notificación digital. Todo eso está mal y este caso de la ‘carta perdida’, nos deja ver con claridad aquellas falencias.

Lo que resulta increíble es que ahora la culpa de la demora en establecer la fecha en que ocurrieron los delitos que se le adjudican a Santrich, se la echemos a la ministra Gloria María Borrero cuando ha sido la JEP la que se ha extralimitado en este caso, como decía en noviembre del año pasado el procurador Fernando Carrillo.

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Es cierto que la Corte Constitucional facultó a esta jurisdicción para ordenar pruebas en el proceso Santrich pero esas evidencias tienen que estar orientadas a saber con precisión cuándo se cometieron las conductas y no a realizar un juzgamiento de fondo sobre la responsabilidad de este sujeto.

Sin embargo, la JEP ha insistido en revestir ese esclarecimiento de las fechas con un ropaje procesal sofisticado, lo que ha hecho demorada e incierta la decisión que no llega y que, me temo, se tardará otro tiempo más en llegar.

Lo inquietante es que cuando la JEP decida lo que tenga que decidir y el caso, eventualmente, pase a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema, algunos de esos magistrados estén pensando en trancar esta extradición con argumentos fútiles como los que se les ha oído en conversaciones informales: que no mandarán a Santrich sin que antes les manden a Andrés Felipe Arias o que a Estados Unidos le interesa la cooperación judicial en una sola dirección y no colabora de verdad con la justicia en Colombia.

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Esos peligrosos nacionalismos, señores magistrados, no son los que se esperan de ustedes en la hora difícil que vive nuestro país y a uno le puede parecer conceptualmente una jartera el ‘imperialismo yankee’ pero, como también dice el procurador Carrillo, la institución de la extradición lleva más de 25 años funcionando y no es el momento para desactivarla.

El mensaje es fatal: delincan, delincan que nada les pasará. La JEP y la Corte Suprema parecen no estar interesadas en sancionar con dureza la reincidencia después del acuerdo del Teatro Colón y, si eso ocurre, es el Estado Social de Derecho el que claudica mientras los criminales cantan victoria. Perdonar una vez es apostarle a la paz. Seguirlo haciendo dos o tres veces, como si nada, es sinvergüencería y complicidad con el delito.