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Opinión

  • | 2011/05/01 00:00

    Se prende el debate sobre paraeconomía

    La influencia de los negocios ilegales y de las fuerzas criminales en la economía colombiana está por cuantificar, pero bastan unos ejemplos para creer que ha sido decisiva.

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En las últimas semanas saltó a la prensa la noticia de que el senador Habig Mareg se había apropiado de 16.330 hectáreas de tierras baldías en el departamento de Vichada. Alias ‘el Tuso’ Sierra habló de importantes negocios con el senador Mario Uribe. La Fiscalía llamó a juicio a Jaime Blanco Maya, contratista de la empresa Drummond, acusado de promover el asesinato de dos sindicalistas en alianza con los paramilitares.

De noticias similares están saturados los medios de comunicación en estos años. Los paramilitares, en las versiones ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía o en sus confesiones en Estados Unidos, han empezado a hablar tímidamente de sus estrategias para apropiarse de grandes riquezas. También en los procesos por la parapolítica hay declaraciones sobre enriquecimiento mediante el despojo de bienes y tierras, o el desvío de recursos del Estado, o los negocios con delincuentes.

No obstante la discusión sobre las redes económicas y las riquezas construidas alrededor de las fuerzas ilegales y de las alianzas de estos con empresarios tradicionales y agentes del Estado, no había tenido una trascendencia igual al debate suscitado por la parapolítica o a la controversia sobre los asesinatos, masacres, torturas y desplazamientos perpetrados por los paramilitares.

Solo ahora, con motivo del trámite de la ley de víctimas y de restitución de tierras, con ocasión de las reflexiones sobre las regalías, y a propósito de los escándalos de corrupción en Estupefacientes, en Agro Ingreso Seguro, en la contratación de obras, en las pirámides financieras y en la salud, se empieza a vislumbrar la magnitud de la economía que se gestó en el ámbito de la mafias y la ilegalidad.

La Corporación Nuevo Arco Iris llega a la Feria del Libro de Bogotá con dos libros sobre el tema y aspira a poner su granito de arena en un debate nacional que comprometa a la academia, a los medios, a los empresarios y al Estado. La reestructuración y la modernización de la economía del país dependen en buena medida del descubrimiento de los secretos de la paraeconomía.

Con apoyo de la Cooperación Sueca se hizo una investigación de algunos negocios ilegales. Random House Mondadori publica los resultados bajo el título: La economía de los paramilitares. Salta a la vista la manera como el senador Dieb Maloof, en alianza con el Bloque Norte de las Autodefensas, saqueó la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla, encargada de la salud de la costa atlántica. Hay otros seis casos impresionantes.

Mercados de la criminalidad en Bogotá es otra investigación que acometió Arco Iris por encargo de la Secretaría de Gobierno de la ciudad y en asocio con esta entidad. Taller de Edición hace la publicación. Es un texto impactante que trae un apartado clave: la forma como se mezclan negocios legales e ilegales en Corabastos, el principal centro de mercadeo del país.

La influencia de los negocios ilegales y de las fuerzas criminales en la economía colombiana está por cuantificar, pero bastan algunos ejemplos para creer que han sido un factor decisivo en la marcha del país en los últimos treinta años.

Desde el año 1995, Colombia ha exportado un promedio de quinientas toneladas de cocaína por año. El precio de la droga en los mercados internacionales ha oscilado bastante, pero no es una arbitrariedad calcular una media de veinte mil dólares por kilo. Es decir, el negocio en su conjunto vale cerca de diez mil millones de dólares cada año y una parte de este dinero ha entrado a la economía nacional.

Si a esto sumamos el expendio interno de drogas, los juegos de azar, la prostitución, el contrabando, la extorsión, la trata de personas, la captura ilegal de rentas del Estado en todos los órdenes, los fraudes financieros, podríamos concluir que la economía colombiana tiene dos caras y, en muchos casos, la cara más dinámica es la ilegal y mafiosa.

Un debate serio sobre el fenómeno tendría dos objetivos: reformar las instancias del Estado dedicadas a la vigilancia de los negocios –especialmente las llamadas Superintendencias– e iniciar un largo proceso para sanear la economía del país.
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