Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2006/07/04 00:00

¿Se pretende intimidar a la Corte? (Por Germán Uribe)

¿Se pretende intimidar a la Corte? (Por Germán Uribe)

Se supone que la esencia de la justicia es la equidad y no que, bajo amenazas de fuerza y de rupturas de procesos, sirva para preservar la impunidad y privilegiar grupos armados ilegales. Porque es grave que cuando para algunos intereses “falla” un fallo de la Corte, el ministro del Interior y de Justicia se comprometa con los paramilitares, como en el caso de la Ley de Justicia y Paz, a tramitar en el Congreso normas que suplan los “vacíos” que pueda dejar la providencia que finalmente salga. Entonces, las cosas quedarían de esta manera tan simple pero tan seria: si lo que resuelva en últimas el ente encargado de guardar la integridad y supremacía de la Carta Magna, no convenciese ni conviniere a los señores de las AUC, o debilitase las expectativas del gobierno frente a un acierto para el logro definitivo y rápido del proceso de paz con éstas, el ejecutivo, amparado en sus mayorías en el Congreso, simplemente se reserva el derecho de prescindir de aquel fallo y provocar la expedición de una nueva ley que se acomode a los intereses de ambos. Que a los primeros, las cosas les resulten no solamente digeribles, sino muelles, y al gobierno del presidente Uribe, cómodo y rápido.

Y de la “Verdad, Justicia y Reparación”, ¿qué?

Y como la Corte está de moda, habría que señalar otro aspecto en relación con los escándalos que comenzaron a ventilarse a raíz del enfrentamiento del magistrado Jaime Araújo con su presidente, a nuestra manera de ver, más grave aún que el reiterativo “choque de trenes” entre los altos tribunales. Son las denuncias del doctor Araújo quien sospecha que, luego de la temeraria reacción del jefe paramilitar “Ernesto Báez”, pudo haberse modificado la sentencia sobre la Ley de Justicia y Paz adoptada el 18 de mayo. Y la verdad es que estamos sorprendidos constatando la manera imprudente como la Corte viene anunciando sus sentencias a través de comunicados que son trasmitidos a los medios desde una rueda de prensa e interpretados en ella sin un ceñimiento escrupuloso con la jurisprudencia respectiva, sino más bien, como “justificaciones” a todas luces fuera de tono. Y es en esta peculiaridad innecesaria en la que acaba de caer el doctor Córdoba Triviño.

Ocurrió lo siguiente: es casi medianoche. El vocero de la Corte explica que los paramilitares previamente condenados por delitos referentes a dicha modalidad, pagarían, además, las alternativas de entre 5 y 8 años por delitos confesados. Se disparan las alarmas en las AUC. Báez vocifera. Sabas trastabillea. Los “paras” prefieren la muerte en guerra a 40 años de prisión.

Se produce un segundo comunicado afirmando que las antiguas condenas serían acumulables con las alternativas. En últimas, se rectifica. Sólo pagarían entre 5 y 8 años.

En conclusión, la denuncia adquiere una inequívoca dosis de validez admitiendo que todo induce a pensar que con respecto a la sentencia sobre la Ley de Justicia y Paz, entre su discusión, su divulgación periodística, la rectificación y la expedición oficial, “aguas sediciosas” podrían hacer desviar el curso del río...

Y es que una cosa es que el gobierno instrumente nuevas leyes, pero otra, que la Corte vacile, y Dios no lo quiera, probablemente intimidada.

* Escritor y columnista

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