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Opinión

  • | 2012/11/26 00:00

    ¿Se puede reabrir proceso contra 'Los Pepes'?

    Con las reformas hechas a la Ley 975, de Justicia y Paz, podría pensarse en una revisión de los hechos, sobre todo porque se cometieron delitos de lesa humanidad, considerados imprescriptibles.

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El 3 de febrero de 1993 llegó a las salas de redacción de los principales periódicos del país una carta firmada por un grupo que se autodenominó ‘Perseguidos por Pablo Escobar’ (Pepes). Era la presentación en público de una organización criminal que tenía como objetivo “el aniquilamiento total de Escobar Gaviria, sus secuaces, sus colaboradores y sus bienes”.
 
Se trataba de un grupo integrado, según ellos, por personas que se consideraban afectadas y perseguidas por el narcotraficante antioqueño y su estructura sicarial, conocida como el Cartel de Medellín. En el comunicado, ‘Los Pepes’ le advirtieron a su perseguidor que le responderían con la misma acción cada vez que él realizara algún acto terrorista: “Por eso reiteramos que si Escobar no siente dolor cuando pone en riesgo la vida de niños, ancianos y personas inocentes, nosotros tampoco lo sentiremos en la respuesta que le demos a él, sus colaboradores y amigos”.
 
Informes de la época suscritos por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación caracterizaron a ‘Los Pepes’ como una “organización que contó entre sus filas con personalidades del gobierno, industriales, ganaderos y mafiosos, desarrollando operaciones de claro contenido militar que dejaba entrever la posibilidad de ser realizadas por personal del Ejército o de la Policía y personal”. No obstante, esa descripción se quedó corta, pues la naciente empresa criminal se basó en la formación de una coalición de fuerzas que permitió operaciones conjuntas en las cuales se fundieron legalidad e ilegalidad.
 
De un lado estaba el Bloque de Búsqueda, un grupo élite conformado por más de 1.300 agentes de la Policía Nacional y el Ejército, entrenados para operaciones especiales en las ciudades y respaldados por agencias norteamericanas de seguridad, como la CIA y la DEA, y miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército norteamericano, que aportaba alta tecnología en comunicaciones; asimismo, contaban con el apoyo de los servicios de inteligencia de la Policía Nacional y de fiscales regionales.
 
Y del otro lado había un grupo de ilegales, conformados por paramilitares y narcotraficantes que servían a sus propios intereses a y los del Gobierno Nacional a través de acciones no convencionales de alto impacto, como colocar bombas en sitios públicos, secuestrar, torturar y atentar de manera selectiva contra familiares y colaboradores del Cartel de Medellín.
 
Esa persecución significó para la capital antioqueña y el país un nivel de confrontación armada urbana jamás vista hasta esa época, que dejó cientos de muertos, desaparecidos y torturados, destrucción de bienes públicos y privados, y lo que es peor, una estrategia probada de articulación de la legalidad con la ilegalidad que, posteriormente, sería funcional a los intereses contrainsurgentes del Estado y de un amplio sector privado acosado por las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl.
 
Ejemplo de esa continuidad operativa entre fuerzas legales e ilegales es el exgeneral Mauricio Santoyo Velasco, próximo a recibir sentencia en Estados Unidos por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
 
No queda duda alguna que para combatir al Cartel de Medellín se apeló a una serie de estrategias que desembocaron en la comisión de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles en el tiempo y que pueden ser investigados con el fin de juzgar a los responsables, particularmente a los oficiales que integraron las diferentes instituciones de la Fuerza Pública que se articularon a esa empresa criminal y que hoy tienen altos cargos en el país y en el extranjero, así como otros gozan de buen retiro.
 
El caso de ´Los Pepes´ recobra importancia por cuanto las reformas introducidas a la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, introducen cambios en el enfoque investigativo de la policía judicial, centrándose en el esclarecimiento de los llamados “patrones de criminalidad y sistematicidad de los hechos violentos cometidos con ocasión del conflicto armado interno”.
 
Si bien podría argumentarse que la guerra desatada por ‘Los Pepes’ contra el Cartel de Medellín no hizo parte de acciones del conflicto armado interno y, por lo tanto, no es viable la reapertura del proceso, que duerme profundamente en los estantes judiciales, también es cierto que se convirtió en la génesis de lo que muy pocos años después se convirtió en una poderosa máquina de guerra contrainsurgente que siguió recibiendo el apoyo de sectores de la Fuerza Pública, la rama judicial y empresarios, entre otros, lo que podría darle validez a la propuesta de reabrirlo.
 
Para avanzar en esa propuesta, sería necesario derogar el Decreto 1833 del 13 de noviembre de 1992, promulgado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través del cual se expidieron varias normas sobre la concesión de beneficios por colaboración con la justicia sobre la base del estado de conmoción interior que el Gobierno Nacional había declarado una semana antes en todo el país.
 
En los considerandos, esta norma precisó que “es procedente establecer, bajo el control del Procurador General de la Nación y del Fiscal General de la Nación, instrumentos que permitan recaudar pruebas contra los responsables por delitos de competencia de los jueces regionales, ofreciendo beneficios especiales a las personas que colaboren eficazmente con la justicia en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de la responsabilidad penal de los autores y partícipes”.
 
Sustentado en ese decreto, el Gobierno nacional ofreció cuatro garantías a los delatores: a) quien aporte datos concretos y eficaces, no sería sometido a ningún tipo de investigación ni acusación por los hechos sobre los cuales declare; b) en “ningún tiempo” podrán ser objeto de investigación o de acusación por esos hechos; c) se le podrá conceder a testigos que estén dentro o fuera del país; d) si la garantía fuese negada porque no fue eficaz, lo dicho no podrá utilizarse en contra del declarante.
 
La estrategia se complementó con la ausencia de persecución contra los integrantes de ‘Los Pepes’, quienes nunca fueron judicializados. El jefe paramilitar Castaño Gil así lo reconoció en el libro Mi confesión: “Fuimos tolerados por la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el DAS y la Procuraduría, y el propio presidente César Gaviria Trujillo nunca ordenó que se nos persiguiera. Los periodistas aplaudían en silencio. ¡Y así tenía que ser!”.
 
Pero el mundo es otro hoy en relación con los crímenes considerados de lesa humanidad, las normas del derecho han evolucionado y si hubiese voluntad política en el país se podría reabrir la investigación para dar una lección de no tolerancia a la impunidad del pasado y ser consecuentes con los discursos de verdad y justicia que tanto se promueven a nivel nacional e internacional.
 
* Periodista e investigador social
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