Se nos viene el agua encima

En septiembre de 2009 tuve que cambiarme a un nuevo apartamento. Mi consumo promedio de agua, durante los cinco años que viví en el anterior, fue de 50 metros cúbicos. Cosa que, a raíz del percance que relataré a continuación, ahora sé. Como también sé que el nuevo apartamento al que me he mudado llevaba ya un año desocupado.
 
En éste y como era de esperarse, el primer recibo de agua me llegó por 53 metros cúbicos, por un valor de $235.000. Pero en diciembre de ese mismo año la Empresa de Acueducto de Bogotá me visitó para cambiar el medidor ‘por vida útil’. Una vez instalado, me pidieron que firmara un acta en donde certificaba que el servicio de agua quedaba en normal funcionamiento y que recibía el nuevo medidor debidamente instalado. Tratando de hacer tal verificación, tan solo atiné en abrir un grifo. Y, al ver que funcionaba, firmé el acta. Justo ahí comenzó mi percance: se me vino el agua encima.

Para mi sorpresa, la siguiente factura llegó por un valor de $1.325.430, relacionando un consumo de 355 metros cúbicos. Tuve que quejarme, por supuesto. Del Acueducto vinieron a revisar y me dijeron que la lectura del nuevo medidor era correcta y que, por tanto, la única falla posible en la toma de la lectura había sido con el medidor anterior. Pero también me aclararon que la lectura de ese medidor ya no la podían verificar, porque el aparato ya no existía: había sido “chatarrizado”.

Es curioso que las decenas de veces que expliqué mi caso –tanto por teléfono como de manera personal a la Empresa de Acueducto– todos los empleados comprendieran que se trataba de un error, cometido por quien había tomado la lectura del antiguo medidor. Es curioso porque, aun así, el derecho de petición que ante la empresa presenté me fue negado.
 
El argumento: “Usted firmó un acta y el aparato anterior ya fue chatarrizado”. Mucho después pude saber que, quizá a raíz de casos como el mío, la empresa pide ahora que el usuario firme también un consentimiento de chatarrización, consentimiento que a mí nunca me pidieron. Por eso, revise muy bien antes de firmar ese consentimiento: se le podría venir el agua encima.
Después de muchos y engorrosos trámites, tuve que presentar un recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En estos casos –de acuerdo con la respuesta de la Superintendencia– lo que se hace es promediar el consumo de las últimas tres facturas y ese será el valor a pagar.
 
Pero por ser nuevo en el apartamento (que estuvo desocupado), yo no contaba con este número de facturas. Solicité que tuvieran en cuenta el historial de mi apartamento anterior, pero no lo hicieron. La decisión del ente gubernamental fue, entonces, bastante salomónica: a partir de una operación que se denomina ‘promedio por aforo’, decidió que yo debía pagar 112 metros cúbicos y, en consecuencia, la siguiente factura (posterior a esta decisión) me llegó por un valor de $664.000. Muy injusto, pero tuve que pagar: la decisión me advertía que en contra de ella “no procedían recursos en la Vía Gubernativa, por encontrarse agotada”.

 
Y ahí debió terminar todo, en esa decisión de junio del presente año. Porque si bien había sido injusta, yo no tenía ya ningún ánimo para contrarrestarla. Tampoco tenía con qué: “¿Es usted abogado? –me preguntó victoriosa una despachadora de la Superintendencia–. Porque si no, contratar a uno le sale más caro que el valor de la factura misma”.

Pero no fue así. Ahí no terminó todo. En esta navidad, no contenta con el injusto incremento que tuve que pagar, la empresa quiere más: se me volvió a venir el agua encima. Hace un par de días recibí un nuevo comunicado, esta vez de un juzgado, notificándome que la Empresa de Acueducto de Bogotá había interpuesto una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Superintendencia –notificándome como a un tercero interesado–.

En un proceso kafkiano. Así me sentí en aquel juzgado. Nunca había estado en uno y me parecía inaudita la razón por la que estaba allí. “Muchacho –me dijo una amable señora, en un tono compasivo, mientras me entregaba ese ‘atado’ de hojas al le llaman folio: mi caso–. Tiene cinco días hábiles para responder, pero eso lo debe hacer un abogado: ¿a qué se dedica usted?”. “Soy profesor –le respondí, y también le dije la universidad en la que trabajaba”. “Ah por dios, profesor, y ¿qué enseña ahí? –me preguntó apurada”. “Ética y ciencia política –respondí, ya empapelado”.

En el acto, pude ver cómo se le aguaban los ojos a la señora. Me asusté. Dejé de sentirme en un proceso kafkiano: esto ya era más una extraña pesadilla. “Ay profesor –me dijo ella, tratando de contener sus lágrimas–. Hace dos semanas que me operaron. Fue terrible. Pero mi mayor consuelo vino de la gran calidad humana de los practicantes de su universidad. De no ser por la bondad de esos muchachos, créame que me habría muerto. De verdad que hacen ‘ustedes’ un trabajo que solo mi Dios les sabrá recompensar. Venga profesor –agregó, tomándome de un brazo y hablándome al oído–, déjeme confesarle una cosa: este país es una mierda, perdóneme; porque yo aquí atiendo casos del Acueducto todo el tiempo y, en su mayoría, las personas no tienen nada qué hacer, nada más que rezar: rece profesor, rece mucho que yo también voy a rezar por usted”.

En detalle, la amable señora me explicó todo lo que debía hacer. Todo, de lo cual nada podía yo hacer. Las cosas, de nuevo, dependían de un abogado. Saliendo del juzgado –con mi ‘atado’ bajo el brazo– pensé en el número de amigos, abogados, con los que contaba para estos menesteres: ninguno. También recordé que, en alguna ocasión, Gustavo Petro había denunciado a la Empresa de Acueducto por corrupción. Pensé en contactarlo. Luego me cuestioné por no tener el valor de decirle a la señora que (a pesar de apreciar su sinceridad) yo no rezaba, que no creía en esas cosas, y que en lo que sí creía era en las instituciones. En esas mismas que no parecían amparar a los ciudadanos cuando (de una manera abierta y por parte de las empresas públicas mismas) estaban siendo objeto de injusticias. Igual, ahora sólo me queda esperar.
 
Pero es época de navidad, en la que resulta inevitable dejarse embargar por buenos sentimientos. Para mi fortuna, pienso, el número escrito por el empleado de la Empresa de Acueducto –al tomar la lectura del antiguo medidor–, no fue mayor. Mejor aún, más afortunado me siento de no tener hoy mi casa bajo el agua, como muchos colombianos. Con ellos sí que están siendo injustas las instituciones y la naturaleza misma: a ellos sí que se les vino el agua encima.

Así pues, sabiendo que la naturaleza seguirá azotando a nuestras clases menos favorecidas y que percances como el que he relatado aquí no dejarán de repetirse, permítaseme extender una invitación. Es época de navidad, es un momento propicio para reformular nuestras acciones, dejar de actuar con negligencia y mala voluntad. Ayudemos a los damnificados: es muy sano creer que, para nuestra fortuna, toda vez que Dios y las instituciones fallen, nuestra buena voluntad vendrá a salvarnos.