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Opinión

  • | 2015/06/01 09:45

    El acuerdo de Santos con las FARC sobre publicidad oficial a medios de comunicación

    Mientras el Gobierno define cómo obligar a las autoridades a divulgar cuánto dinero entregan a cada medio de comunicación en pauta publicitaria, hay que documentar los abusos que se están cometiendo.

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Hace unos meses, seis personas cercanas a la Fundación Para la Libertad de Prensa nos propusimos preguntar a cada una de las Gobernaciones y Alcaldías de ciudades capitales ¿Cuánto dinero han gastado en publicidad a medios de comunicación? ¿Cuáles medios recibieron dinero? ¿Cuánto pagaron a cada medio? y ¿Con qué criterio decidieron cuánto pagar a cada uno? Las respuestas son surreales.

El que se haya sentado en una sala de redacción a hacer periodismo sabe el problema que se arma cuando en esa sala se produce información que afecta los intereses de quien financia el medio. Basta meterse a la página web de Actualidad RT –antes llamada Russia Today- o a la de China Central Television, para ver cómo, abiertamente y sin ruborizarse, esos medios defienden la política exterior de los gobiernos que los financian. En Canadá, por ejemplo, el cubrimiento extremadamente favorable del principal periódico del país hacia la industria petrolera no se puede explicar sino por el dinero que recibe de la misma.  

Acá en América Latina, la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la OEA documenta desde hace años cómo nuestros gobiernos usan la publicidad oficial como una herramienta para controlar el debate público castigando a medios críticos y premiando a medios afines. Este es uno de los grandes problemas de libertad de prensa en Colombia, pero ni a los directores de medios les gusta hablar públicamente de sus negociaciones para obtener pauta, ni a los periodistas se les aconseja comentar sobre esos asuntos “internos”.

Las FARC y el gobierno colombiano redactaron en la Habana un acuerdo sobre participación política que incluye un compromiso del Gobierno a ajustar “la normatividad para que la pauta oficial (…) se asigne de acuerdo a unos criterios transparentes, objetivos y de equidad” y a que ese gasto sea “de conocimiento público, mediante la publicación de informes detallados”. Aprovechando que en La Habana se trabajó el tema, nos juntamos los seis voluntarios para recolectar información sobre esos contratos. Así que enviamos 64 derechos de petición y esperamos pacientemente las reacciones de los gobiernos locales a nuestras preguntas.

Para comenzar, sólo respondieron 31 de los 64. Pero de esos 31, no a todas se les puede llamar propiamente “respuestas”. La Alcaldía de Medellín envió inicialmente la imagen de una torta dividida en tres partes, cada una correspondiente al porcentaje asignado en pauta a radio, a televisión y a prensa. La Alcaldía de Riohacha respondió literalmente que no había destinado recursos para la asignación de “putas publicitarias” (sí, leyó bien). La Gobernación de Antioquia envió un archivo en pdf de 293 páginas con información que francamente parece organizada de tal modo que no se entienda. Una mención especial merece la Gobernación de Magdalena por “avisar” que se iba a tomar el doble del tiempo del que le exige la Ley para responder, para lo cual no tuvo reparo en ampararse en una norma inexistente (el artículo 14 de la Ley 1437, declarado inexequible por la Corte Constitucional).

Encontramos casos de alcaldías y gobernaciones que asignaron más del 80 % del presupuesto destinado a pauta a un solo medio de comunicación. También encontramos que mientras la Gobernación de Antioquia destinó más de 42.000 millones de pesos a pauta en el 2014, la Alcaldía de Puerto Carreño destinó sólo cinco millones de pesos. Además, nos sorprendió que alcaldías como las de Leticia y Manizales apropiaron un presupuesto mucho mayor del que finalmente asignaron, con lo cual no sabemos a dónde se fueron varios cientos de millones de pesos en cada caso.

No hay que ser científico para saber que la asignación de pauta publicitaria oficial por parte de autoridades públicas a medios de comunicación no obedece a ningún criterio de transparencia, ni de objetividad, ni muchísimo menos de equidad. Sin embargo, hace falta recolectar más evidencia que permita entender las prácticas cotidianas por medio de las cuales los gobiernos silencian a la prensa. Generalmente cuando consumimos noticias no sabemos cómo la pauta determina la información que el medio publica, ni sabemos hasta qué punto influye cuando un medio decide no informar sobre un tema. Debería ser nuestro derecho saberlo.

Mientras en Colombia sigue siendo tabú hablar de pauta por la furia que despierta entre algunos -al interior del gremio periodístico- que se benefician injustamente de ella y por gobiernos que quieren continuar usando esa herramienta sutil de censura, en Uruguay se presentará ahora en junio un proyecto de Ley -con apoyo del Ejecutivo- para reducir la discrecionalidad en el reparto de la publicidad oficial.

Mientras el gobierno colombiano define cómo obligar a las autoridades a divulgar cuánto dinero entregan a cada medio de comunicación y cuáles criterios utilizan para decidirlo –es decir, asumiendo que va a cumplir lo que prometió en el acuerdo con las FARC-, un primer paso es encontrar la manera de dar a conocer los abusos que se están documentando.

*Sebastián Salamanca coordina el Proyecto Antonio Nariño, una alianza -entre la Fundación para la Libertad de Prensa, Andiarios, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y Fescol- para promover la libertad de expresión.
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