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Opinión

  • | 2003/05/12 00:00

    Secuestrados por secuestradores

    El Estado debe actuar de modo impersonal. La política contra el secuestro tiene que ser radical e inflexible. No se puede tolerar lo intolerable

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La tolerancia es una gran virtud que tiene a su vez un gran límite: no se puede tolerar lo intolerable. La tolerancia es la única solución para la convivencia cuando hay discrepancias religiosas o políticas: sin ella no pueden convivir judíos con musulmanes, y católicos con protestantes; o liberales con radicales, y comunistas con conservadores. Se debe tolerar la prostitución como un mal menor y de ahí las 'zonas de tolerancia'. Se toleran las borracheras de quienes no manejan carro. Se aceptan las preferencias sexuales de todos los adultos. Pero si un depravado viola y asesina a una niña, no podemos decir: "Seamos tolerantes". Eso cae dentro de lo intolerable y lo único indicado es perseguir, neutralizar y condenar al malhechor. ¿Qué hace el Estado en este caso? Pone algunos filtros para que la sociedad no se porte de manera salvaje. Si yo soy el padre de la niña violada y asesinada, y si el violador asesino cae en mis manos, yo querré probablemente vengarme de él y picarlo con unas tijeras. El Estado, cuando funciona, interviene e impide esta venganza personal; no me da a mí la potestad de decretar cuál es la pena (pues sabe que mi instinto será responder 'ojo por ojo'), sino que los jueces se encargan de darle una pena adecuada al delincuente. Buena parte de las matanzas criminales que se dan en Colombia se deben a que no hay ni una policía ni un Estado creíbles que persigan y castiguen los abusos de los delincuentes. La impunidad conduce a venganzas personales, en una espiral que nos devuelve al estado de naturaleza, el peor y el más rudimentario. Algo intolerable en cualquier lucha, incluso en una lucha que se pudiera considerar justa (por ejemplo combatir la esclavitud), es secuestrar inocentes para extorsionarlos o tomar rehenes y asesinarlos para hacer presión contra los esclavistas. Ningún fin (ni siquiera la supresión de la esclavitud) justifica esos medios. Por lo tanto esos medios caen en el terreno de lo intolerable. El Estado no puede transigir ni ser débil con el abominable delito del secuestro. No puede ser tolerante con los secuestradores, no puede ser acomodaticio con quienes asesinan rehenes inermes e inocentes. Tampoco puede intercambiar secuestrados por secuestradores. Y algo más triste: no les puede preguntar a las víctimas o a los parientes de los secuestrados qué se debe hacer en cada caso particular, así como no le preguntan qué hacer con el malhechor al padre de la niña violada (ni a la madre del violador). El Leviatán, para que funcione, debe poner reglas que se cumplan para todos y de una manera casi automática. Por ejemplo: quienes secuestren siempre serán perseguidos; no se harán burbujas de seguridad o minizonas de despeje alrededor de todo aquel que tenga rehenes secuestrados. Más aún, debe haber penas durísimas para quienes ejecuten a sangre fría a personas secuestradas. Incluso una pena que en Colombia no existe, y en estos casos extremos se requeriría. No digo los fusilamientos de Fidel Castro, pero sí la cadena perpetua. Claro que si yo soy el secuestrado, o si la persona secuestrada es un pariente cercano mío, yo gritaré para que no haya rescates que pongan en riesgo la vida de mi ser querido. Es comprensible e inevitable, y en tal caso no se me puede exigir que sea consecuente. Pero el Estado, para que funcione, debe actuar en esto de un modo frío e impersonal. Es tristísimo, pero no le veo otro remedio. Un país con miles de secuestros al año exige una terapia de choque de este tipo. Y lo mismo contra quienes desaparecen o masacran personas, delitos equivalentes al del secuestro. Aquí el concepto de tolerancia no tiene ningún sentido. Hay actos intolerables. Entiendo el argumento de quienes defienden el intercambio humanitario: disminuir el dolor, así sea en unos cuantos. Es un argumento fuerte, que apela a un sentimiento muy noble y muy escaso: la compasión. Confieso que es un argumento que me produce un dilema moral insoluble. A veces estoy de acuerdo, y a veces hasta en desacuerdo conmigo mismo. Pero no creo que el Estado y las leyes deban ser titubeantes e influenciables, como somos los seres humanos. En la política contra el secuestro el Estado tiene que ser radical e inflexible: no se puede tolerar lo intolerable. El asesinato de Gilberto Echeverri y de Guillermo Gaviria, hombres pacíficos y buenos, más el asesinato de otros ocho rehenes inermes e inocentes, entra en el campo de lo intolerable. Es verdad que el operativo militar fue un absoluto fracaso (el peor resultado esperable: perder a todos los rehenes y no capturar a un solo secuestrador). Pero la culpa de la muerte de los secuestrados recae únicamente sobre quienes los tenían injustamente en su poder. Imaginemos que 'El Paisa' y sus secuaces estuvieran en la cárcel. Imaginemos ahora que un hijo del Presidente estuviera secuestrado por las Farc. ¿Sería admisible canjear al joven secuestrado por los secuestradores presos? Cualquier padre diría que sí y se inclinaría a hacerlo. El Estado no lo puede hacer y debe darse unas normas para que ni el mismísimo presidente, sea quien sea, lo pudiera hacer.
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