Viernes, 20 de enero de 2017

| 2008/08/05 00:00

Segregación a la bogotana

Al prohibir a un grupo de desplazados manifestarse en el Parque de la 93, el gobierno distrital estaba justificando la limitación de los derechos de los más pobres y vulnerables, en aras de la seguridad de los más pudientes.

Segregación a la bogotana

El jueves pasado, alrededor de un centenar de desplazados se hicieron presentes en un parque de la ciudad para protestar de forma pacífica ante la falta de atención del Estado. Con reclamos concretos y justificados, los ciudadanos intentaron ingresar a un parque público para llamar la atención de los gobiernos distrital y nacional, en ejercicio legítimo de su derecho constitucional a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sin embargo, la Policía les impidió el acceso por “razones de seguridad”. Los manifestantes se fueron a las calles aledañas produciendo la consecuente congestión vehicular y desorden.

Lo sucedido en el parque de la 93 le da la razón al reciente informe del Pnud sobre desarrollo humano urbano: “Bogotá es una ciudad segregada que no mezcla ricos y pobres”. Segregación que se expresa como distancia socioeconómica en el espacio y como inequidad en la distribución de equipamentos. El diario El Espectador calificó esta situación como la “eterna brecha social”, pues en Bogotá la segregación de la población por razones sociales y económicas es una constante. Según el Pnud, si bien los indicadores sociales de Bogotá han mejorado, la ciudad no crea condiciones que favorezcan la integración entre ricos y pobres, siendo esta una de las más grandes barreras al desarrollo de la ciudad.

El caso del parque de la 93 ejemplifica esta situación. Desde que se transformó en una exclusiva zona de comercio y de negocios hace algunos años, se volvió también un epicentro de segregación urbana. Lugar de esparcimiento y recreación para los habitantes más pudientes del norte de la ciudad, es un espacio vetado para los visitantes del sur. Sólo basta recordar la reacción que despertó en el sector la instalación de una pista de patinaje de hielo artificial hace ya un par de navidades, que atrajo a centenares de bogotanos de diversos sectores sociales. La invasión del parque, como la llamaron los vecinos, no fue bien recibida, y la pista no volvió al año siguiente.

Hoy el perímetro del parque está acordonado por la seguridad privada que impide el ingreso a la zona, muchas veces bajo criterios abiertamente arbitrarios y discriminatorios, a personas que parezcan amenazantes a los ojos de los vigilantes. Así, los comerciantes contribuyen mensualmente con una suma de dinero para costear la seguridad del sector, garantizar la tranquilidad de sus clientes y la prosperidad de sus negocios.

Este tipo de prácticas no son exclusivas de Bogotá. Es un fenómeno recurrente en las urbes contemporáneas, que ha sido estudiado ampliamente, entre otros, por la antropóloga brasilera Teresa Caldeira. Según Caldeira, estamos ante el desarrollo de una nueva forma de segregación urbana, producto del amurallamiento, tanto material como virtual, de ciertos sectores de la ciudad habitados por los más pudientes, en detrimento de los derechos de acceso y movilidad de aquellos con menos recursos. Dice Caldeira que el proceso de desarrollo urbano de las últimas décadas se ha orientado hacia la desarticulación y la segregación a través del uso que se da al espacio físico, con una tendencia creciente a la consolidación de espacios cerrados, públicos y privados, que se aíslan del resto de la ciudad.

Para justificar este tipo de segregación actores privados y gobiernos suelen argumentar que lo que se busca es garantizar la seguridad de los más pudientes y poderosos de la ciudad. Y eso fue exactamente lo que sucedió la semana pasada en Bogotá, cuando en una evidente salida en falso, la alcaldesa de la localidad de Chapinero declaró que la presencia de multinacionales y embajadas en el sector de la manifestación justificaba las medidas para evitar que los desplazados se manifestaran en el Parque de la 93.

Seguramente la alcaldesa trató de hacer su trabajo, pero detrás de su lógica estaba la idea según la cual la seguridad de las élites políticas y sociales de la ciudad justifica la restricción del derecho de un grupo socioeconómicamente inferior a moverse dentro del espacio urbano. La decisión es aún más inquietante, si se tiene en cuenta que se trataba de víctimas del desplazamiento forzado.

Impedirle el acceso al Parque de la 93 a los desplazados también es una manera de hacer invisible la realidad de las víctimas del conflicto armado de nuestro país. La alcaldía terminó así legitimando la postura de aquellos que prefieren no ver al otro, miserable y doliente, pues les resulta incómodo. Porque como dicen por ahí: ojos que no ven, corazón que no siente

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