Seguridad (II): ¿cuál es la discusión?

No nos digamos mentiras: para derrotar la subversión armada, todos los Estados han acudido a métodos dudosos, incluyendo la guerra sucia en distintas formas y distintos grados. Para probarlo bastaría mirar las actas de los tribunales de Ruanda y Yugoslavia, o revisar los informes de la "Comisión de la Verdad" en los países donde ha existido (Guatemala, Suráfrica...).

Es más: parte esencial de la lógica subversiva es hacer que el Estado viole los derechos humanos para que pierda apoyo popular. Igual que parte de la lucha antiguerrillera es tolerar o acudir a los paramilitares por aquello de que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo".

Exactamente lo mismo podría decirse de otras cosas, por ejemplo, de la corrupción. No digamos mentiras: los políticos y contratistas de todas partes practican el serrucho en distintas formas y distintos grados. Es más: parte esencial de la lógica del poder es tratar de desviarlo hacia fines personales... ¡Pero nadie inferiría de aquí que la corrupción sea buena o permisible!

Hago la comparación para ilustrar un punto que muchos analistas olvidan por estos días: lo práctico no siempre es correcto, lo inevitable no siempre es deseable, el deber ser no se reduce al ser.

Por eso los derechos civiles y garantías procesales no pueden recortarse bajo ningún pretexto. O al menos eso se supone que piensan los liberales.

Verdad que, con ligereza interesada, los columnistas de derecha insisten en que las democracias avanzadas (Italia, Estados Unidos, España...) tienen leyes tanto o más duras que las nuestras. Pero:

-Es la policía civil, nunca el Ejército, el que en esos países podría ejercer tales poderes.

-Allá existe un control ciudadano y judicial mucho más sólido sobre la Fuerza Pública.

-Allá se trata de capturar pequeñas bandas urbanas, no a miles de campesinos armados y sus cómplices difusos.

-Allá también las medidas son impuestas por la derecha y criticadas por los demócratas o desmontadas por los jueces (caso, digamos, de la actual detención de árabes en Estados Unidos).

Pero muchos de mis lectores son gente práctica, que no está para finuras morales. Por razones puramente prácticas, entonces, habríamos de comparar el beneficio del Decreto 2002 con sus costos y riesgos eventuales.

El beneficio anunciado es facilitar la captura y condena de guerrilleros y paras, así como el control de población en zonas altamente conflictivas. De acuerdo. Pero aclaremos:

-Que algunas de las "nuevas" facultades existen hace tiempo y han servido de muy poco. El Código de Policía ya permite detener a sospechosos sin orden judicial. El comandante militar puede restablecer el orden público por encima de lo que diga el alcalde o gobernador. El Presidente puede crear "teatros de operaciones", convocar las reservas o hasta formar Convivir.

-Que son poquísimos los casos reales y concretos en que la Fuerza Pública no ha podido allanar o interceptar en desarrollo de operativos "calientes".

-Que la guerrilla tiene muy poco apoyo campesino, de suerte que el control de población no tiene la eficacia de otros tiempos.

-Que el problema no es tanto de leyes. Hay pendientes 2.300 órdenes de captura contra insurgentes. Y para mantener una zona de rehabilitación hay que sacar tropa de otras regiones.

Del anterior beneficio "neto" hay que restar los costos. Brevemente:

-El efecto conjunto sobre la justicia y los derechos humanos del 2002 y las demás medidas; una "zona de rehabilitación" con informantes, recompensas y "soldados campesinos" puede ser de pesadilla.

-La oposición de las ONG y la opinión mundial, que se traduce en menos helicópteros y menos dólares.

-El acabar haciéndole juego a la guerrilla: la represión es su caldo de cultivo.

No digo pues que el 2002 no sirva para nada. Digo que en términos fríamente pragmáticos sirve poco y daña más. Digo además que el fin no justifica los medios, aunque hoy son muchos los que piensan lo contrario: y por eso -vea usted- estamos como estamos.