Seguridad versus educación

Iván Mauricio Durán
Aun cuando una mejor capacidad de defensa y una mayor capacidad para proveer seguridad son condiciones necesarias para superar la violencia en el país, éstas no son suficientes.
El aumento en la presencia y la capacidad militar son necesarios, pues históricamente muchas zonas del país han visto cómo los vacios de fuerzas estatales han sido llenados por grupos armados irregulares.
Pero esto no es suficiente: en extensas regiones del país las oportunidades que tiene la población para superar la pobreza y disminuir las profundas brechas sociales aún son exiguas La carencia de oportunidades genera incentivos para comportamientos asociados con la violencia, especialmente entre la población joven, como por ejemplo la delincuencia juvenil y el narcotráfico, además de que brinda oportunidad a los grupos armados ilegales para el reclutamiento.
Este enfoque, que destaca las relaciones entre pobreza y violencia, aunque no exento de polémica, da cuenta de las complejidades del problema y de la necesidad de soluciones integrales.
En efecto, el acceso de la población a los servicios de educación y salud, así como la inversión en infraestructura para integrar las zonas más aisladas del país al centro económico y político, pueden ser factores generadores de una paz duradera, más allá del enfoque netamente militar.
Específicamente en el caso de la educación, el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación pública, tanto del nivel superior como en otros niveles, reduce los incentivos para asumir comportamientos violentos. La educación abre oportunidades de superación de la pobreza a esta población en riesgo de comportamientos violentos, al tiempo que la mantiene en el sistema educativo.
Por tal razón, es preocupante evidenciar que en esta coyuntura de crisis económica uno de los sacrificados en el presupuesto general de la nación para el 2010 es el rubro de educación, el tiene por primera vez en la historia moderna del país en un nivel menor que el rubro de defensa y seguridad. Según el Ministerio de Hacienda, entre 2009 y 2010 el presupuesto general de la nación aumentará de 140,5 billones de pesos a 148,2, es decir un incremento de 5,48%. Por su parte, el presupuesto para educación sólo aumentará de 20,4 billones de pesos en 2009 a 20,6 billones en 2010, es decir un crecimiento de 0,9%, mientras que el gasto en defensa aumentará de 19,2 billones de pesos en 2009 a 21,1 en 2010, es decir un incremento de 9,98%, lo que significa un crecimiento más que proporcional del gasto en defensa respecto al crecimiento del presupuesto total de la nación.
En términos de la participación del gasto en el presupuesto general, las cifras de educación representan una disminución de 14,5% del presupuesto general de la nación en 2009 a 13,9% en 2010. Estas cifras constituyen un rezago respecto a otros países de América Latina. Por ejemplo, según los datos más recientes de la CEPAL, Chile invirtió en educación 18,2% del gasto total; Perú, 16,4%, y Cuba, 20,6% en 2007. Por el lado del gasto en defensa y seguridad, las cifras muestran que habrá un aumento de 13,7% en 2009 a 14,2% en 2010. Por supuesto, en un país con los problemas de conflicto armado como el que enfrenta Colombia, este gasto se justifica. De hecho, según cifras del Ministerio de Defensa Nacional, Colombia es el país de América Latina que más invierte en defensa y seguridad en términos del Producto Interno Bruto. En promedio entre 1998-2007, Colombia invirtió 3,9% del PIB, seguido de Chile con 3,6%. Cabe resaltar que en un nivel medio se encuentra Venezuela con un promedio de 1,3%.
Ahora bien, el menor crecimiento del gasto en educación, que viene de años atrás, ha impactado fuertemente a las universidades públicas del país. En días recientes las universidades han manifestado su inconformismo contra la Ley 30 de 1992, la cual, en el artículo 86, vincula el crecimiento del presupuesto de las universidades públicas al crecimiento de la inflación. Según los representantes universitarios, esta norma ha limitado la capacidad de las universidades para ampliar la oferta de cupos, desarrollar investigación y mejorar la infraestructura y la calidad de la planta docente, puesto que el crecimiento de estos gastos, necesarios para una universidad de calidad, excede el crecimiento de la inflación.
Por su parte, es innegable que los resultados en materia de seguridad en los años recientes han sido positivos, en especial lo que respecta al conflicto armado. Sin embargo, el retroceso que se ha experimentado en materia de seguridad, en especial con el surgimiento del neoparamilitarismo y el aumento considerable de la inseguridad urbana, conduce a pensar que la política de seguridad se ha agotado y padece fallas estructurales, tal como se pone en evidencia en el libro “Guerra y violencias en Colombia: Herramientas e interpretaciones” de CERAC. Estos fenómenos de violencia hacen dudar del balance de la política de seguridad, más aún cuando el gasto en defensa y seguridad se sostiene en detrimento del gasto en educación, como si la seguridad fuera un sustituto de la educación.
¿Será que el problema de la violencia en Colombia requiere reorientar la política de seguridad hacia una mayor consideración de la inversión social, y en particular de la educación, como un complemento sustancial de dicha política? Es cierto que un país con los problemas de violencia que enfrenta Colombia tiene dificultades para garantizar condiciones adecuadas de inversión, tanto nacional como extranjera, lo cual impacta negativamente en el bienestar general. Pero también un país que no brinda oportunidades a la población para salir de la pobreza, como se hace a través de la educación, es un país que mantiene activos muchos incentivos para la violencia. En síntesis, en un país que no se brindan las condiciones para salir de la pobreza, no hay gasto en defensa y seguridad que baste.