Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2009/06/09 00:00

¿Seguro de desempleo para quién?

El seguro de desempleo propuesto por el Presidente Uribe está más destinado a proteger a los bancos que a los trabajadores.

Helena Alviar

Al terminar la Convención Internacional de Seguros en Cartagena haces unos días, el presidente Uribe anunció que en los próximos días presentará ante la Comisión de Conciliación Laboral una propuesta para crear un seguro de desempleo.
 
Aunque aún no se ha presentado el proyecto, el Presidente fue claro en establecer que el seguro de desempleo no generará cargas adicionales a los empleadores ni al gobierno. Según Uribe, los primeros ya deben asumir numerosos impuestos a la nómina, y el segundo ya tiene muchos compromisos fiscales. Por lo tanto, el seguro sería financiado integralmente por los trabajadores y por las cajas de compensación familiar.

El Presidente defendió la propuesta argumentando la necesidad de proteger a los trabajadores en momentos de crisis. Rápidamente, los sindicatos de trabajadores la rechazaron, argumentando que no es justo que sean ellos mismos quienes financien el seguro de desempleo, mientras que los empresarios reciben cuantiosos subsidios y numerosas exenciones de impuestos.
 
En el mismo sentido, argumentaron que la mayoría de la población asalariada no cuenta con la capacidad de pagar el seguro, pues el 86 por ciento de los trabajadores nacionales recibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos, lo que escasamente alcanza para cubrir los gastos de la canasta familiar.

Para los economistas ortodoxos, aumentar los costos relacionados con el salario genera incentivos para que más y más trabajadores sean, y prefieran ser, contratados informalmente. En este sentido, Roberto Steiner, director de Fedesarrollo, sostuvo hace varias semanas que para evitar el colapso de la economía nacional es necesario adoptar medidas tendientes a eliminar el salario mínimo, sustituirlo por un salario flexible y abolir los aportes parafiscales.
 
El director de Fedesarrollo, afirmó que Colombia cuenta con las cargas no salariales (pensiones, salud, vacaciones, cesantías, intereses, bonos obligatorios y aportes parafiscales) más elevadas del continente, lo que incentiva el trabajo informal, que ya alcanza el 60 por ciento de la población nacional activa ocupada. Cuesta trabajo entender, entonces, cómo esta mayoría cuyo ingreso se reduciría aún más al depender de la enorme oferta de mano de obra, tendría que cubrir, además, su propio.

Por otra parte, la industria aseguradora respaldó el seguro de desempleo propuesto por Uribe, siempre que éste cubra únicamente a aquellos trabajadores que se queden desempleados y que tengan compromisos financieros relacionados con préstamos de vivienda.

En Colombia enfrentamos un problema de desempleo grave que exige acciones concretas del Estado, entre otras la forma del seguro de desempleo. Las estadísticas lo muestran: el país tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina (14,2 por ciento, es decir, aproximadamente dos y medio millones de personas desempleadas), la industria colombiana, decreció 10 por ciento anual durante el último trimestre, con lo cual el impacto sobre el empleo formal es fatal. Adicionalmente, más del 85 por ciento de los trabajadores colombianos reporta que el salario es su única fuente de ingresos.

Sin embargo, lo propuesto por el gobierno está lejos de ser un seguro de desempleo. Por ejemplo, en países como Francia, España y Dinamarca, el seguro de desempleo está estructurado en diferentes etapas que responden a las necesidades de los trabajadores de acuerdo con el tiempo que han pasado desempleados. De esta forma, en una primera etapa el trabajador recibe una indemnización por concepto del seguro de desempleo, calculada en función del salario que dejó de percibir.
 
Una vez agotado este primer tramo, al desempleado se le otorga un subsidio temporal que le permita cubrir sus necesidades, antes de ser incluido en planes de asistencia menos generosos. Adicionalmente, el seguro de desempleo es asumido conjuntamente por trabajadores y empleadores, y los subsidios del régimen de asistencia son financiados en su totalidad por el Estado.

En Argentina, Chile y Uruguay, el seguro de desempleo cubre a la totalidad de los trabajadores formales, y se encuentra financiado tanto por éstos como por los empleadores. En Venezuela, el Estado también contribuye en la financiación de la póliza.

En este orden de ideas y debido a que la propuesta presidencial será cubierta sólo por los trabajadores y únicamente para los casos en que no se puedan cubrir obligaciones bancarias, la medida no es un seguro de desempleo, sino una protección para las entidades financieras. Por esta razón se debería llamar seguro para el cumplimiento hipotecario y no utilizar el eufemismo del seguro de desempleo.

En lugar de lo propuesto por el Presidente Uribe, se podría pensar en un seguro que fuera financiado tanto por los trabajadores, empleadores y el Estado, que no estuviera encaminado únicamente a proteger a quienes tienen deudas hipotecarias y que tuviera unas fases claras como en algunos países europeos. Otra alternativa sería financiar este seguro con lo que produciría la eliminación de las innecesarias e inequitativas exenciones tributarias con las que cuentan los empresarios.

El mayor problema que tienen los trabajadores colombianos es la dificultad para encontrar un trabajo que pague un salario que les permita cubrir sus necesidades, tener acceso a salud, a una alimentación adecuada, a educación, a recreación y, por supuesto, a una vivienda digna. Es decir, el trabajo es un derecho directamente relacionado a otros derechos. En los casos en los que no encuentran empleo, el Estado, los empleadores y la sociedad en general deben asistirlos para que puedan volver a insertarse dentro del sector productivo en condiciones dignas, no sólo por sus responsabilidades como proveedores para sus familias, sino por restaurar su sentido de identidad, de dignidad y de ser útiles para la sociedad. Pensar que el inconveniente con relación a la pérdida del empleo es dejar de pagarle a las entidades financieras o que el salario mínimo es muy alto, es estar poniendo el problema en el lugar equivocado.



*Helena Alviar García es profesora de planta y directora de la Maestría y Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y socia fundadora de DeJuSticia.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia-(www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.



¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.