Señales del más acá

Ya lo de menos es que el Fiscal General de la Nación tuviera síquico de cabecera. Incluso el hecho de que el 'logoterapeuta' Armando Martí fuera pagado con dineros públicos e hiciera uso de bienes y atribuciones de la Fiscalía empieza a pasar a un segundo plano. Lo esencial tampoco está en los asuntos relacionados con la vida íntima del Fiscal que deben ser tratados con total respeto y consideración.

El tema va más allá de los muñecos de vudú, los episodios sentimentales o de la indigna campaña de desprestigio contra la esposa del Fiscal, emprendida por una alta funcionaria de la entidad.

Lo grave son dos hechos, puestos al descubierto por el parasicólogo y que minan la credibilidad de la institución: primero, que un asunto íntimo convirtió al Fiscal General de la Nación en una persona chantajeable. Y segundo, que en la entidad encargada de investigar los delitos se pueden estar cometiendo varios.

Antes de escribir esta columna hablé con el doctor Mario Iguarán. Él me autorizó para mencionar nuestra conversación y me señaló que considera muy importante aclarar que si alguien trató de presionarlo, fue haciendo uso de temas íntimos y no porque pudiera cuestionar su honestidad como funcionario. Caso distinto al del Vicefiscal, como se deduce del informe Martí.

En medio de una crisis de su relación matrimonial -que puede sufrir cualquier persona y cuyas causas, detalles y protagonistas no son asunto nuestro-, el Fiscal convirtió al síquico en su confidente. Armando Martí tenía acceso libre a su oficina, visitaba su casa con frecuencia y se convirtió en invitado de las celebraciones familiares. Mientras el Fiscal "se abría" -como él mismo dice-, otros sacaban provecho de esa información.

El informe Martí menciona los nombres del director del CTI, Jaime López, y del director administrativo Francisco Hernández. Dos funcionarios -destituidos según Martí y renunciantes voluntarios, de acuerdo con la versión pública de la Fiscalía- que habrían amenazado con revelar asuntos personales del Fiscal y "supuestos escándalos de corrupción y abuso de poder" del vicefiscal Jorge Armando Otálora.

De acuerdo con el informe del síquico y asesor, la Fiscalía cedió ante las presuntas presiones de López y Hernández. El parasicólogo, en carta al fiscal Iguarán, relaciona mes por mes "las gestiones, asesorías y misiones encomendadas por usted". En enero de este año asegura: "Neutralicé y concilié las nombradas amenazas llegando a acuerdos convenientes entre las partes". Es decir que para evitar el escándalo, les dieron algo a cambio.

El informe Martí también menciona interceptaciones ilegales y un proyecto 'congelado' para crear, en el barrio Polo Club de Bogotá, un servicio de intervención e inteligencia con el propósito de "blindar la integridad física y moral del Fiscal General".

Sin embargo, a mi juicio, la revelación más grave es otra. Mientras el país se enteraba de las denuncias por infiltración paramilitar en el DAS, el parasicólogo y asesor del Fiscal General se reunía con uno de los implicados y con altos funcionarios del gobierno Uribe para discutir el caso.

En sus gestiones de mayo, Martí cuenta que conversó con el entonces alto consejero presidencial, Juan Lozano, sobre las denuncias contra Jorge Noguera. Y además estableció contacto con Giancarlo Auque, ex secretario general del DAS, señalado como la persona que habría puesto una sala de interceptaciones al servicio del paramilitar 'Jorge 40'. Hechos que eran y son objeto de investigación por la Fiscalía.

El informe menciona tangencialmente al abogado Abelardo de la Espriella, promotor del referendo contra la extradición lanzado en Ralito. En la conversación que sostuve con el fiscal Iguarán, él admitió que tiene cercanía con este personaje, conocido como Papucho y cuyas cercanías con el gobierno y la Fiscalía resultan por lo menos inquietantes.

La independencia de la Fiscalía, de por sí precaria frente al gobierno y sus amigos, desaparece por completo cuando el encargado de acusar tiene que defenderse.