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Opinión

  • | 2008/07/01 00:00

    Sentencia de ilegitimidad

    Esa sentencia de la Corte Suprema es el cierre, con broche de oro, de una estrategia, cuidadosamente ejecutada, de desprestigio y deslegitimación del gobierno.

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No alcanzó a terminar el discurso el pasado jueves Álvaro Uribe cuando se comenzó a decir que la defensa de la legitimidad era un embeleco y que estábamos ad portas de un inminente fin del Estado de Derecho. La verdad es que hasta ahora nada indica que se esté saltando la ley, ni que el orden constitucional esté en peligro, en cambio sí la legitimidad de las instituciones democráticas.

En una sentencia, contaminada por evidentes intereses políticos y que extralimita su competencia, la Corte Suprema de Justicia colocó en entredicho la legitimidad del gobierno, al señalar que la reelección es “expresión clara y manifiesta de desviación de poder” y al remitir el fallo al Ministerio Público y la Corte Constitucional. Aunque algunos resaltan que se cuestiona solamente éste, sin afectar la voluntad de los más de siete millones de ciudadanos que votaron por Uribe, sectores de oposición ya descubrieron sus cartas: si se vició la reforma constitucional, obligatoriamente también la reelección y, por tanto, la inexorable consecuencia tiene que ser la renuncia del Presidente.

En ese sentido al gobierno le asiste razón en que no se trata de un problema judicial. El propio Carlos Gaviria reconoció que el recurso de revisión ante la jurisdicción constitucional, en estos casos, no existe. Cuestión que conocen los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y que ratifica el contenido puramente político de su pronunciamiento.

Esa maniobra de la Corte es el cierre, con broche de oro, de una estrategia, cuidadosamente ejecutada, de desprestigio y deslegitimación del gobierno. No es un hecho aislado cuyo efecto se quede en el debate jurídico de una reforma a la Constitución. Es mucho más que eso. Para medir su alcance forzosamente se debe interpretar en el contexto de eventos previos y concomitantes.

En marzo de 2007 Piedad Córdoba dijo en un foro en México que Uribe era “responsable de asesinato” y que Colombia representaba un “modelo de muerte, de exclusión y desaparición”. En el Polo Democrático acaban de afirmar que el Presidente es un “dictador populista” y que desconoce los fallos judiciales. El Partido Liberal no se queda atrás. En el exterior Hugo Chávez calificó de mafioso y paramilitar a Uribe. En la semana que culminó Daniel Ortega insistió en que Uribe preside un Estado terrorista y Rafael Correa se negó a reanudar relaciones hasta que Colombia tenga un “gobierno decente”.
 
Las Farc, felices con el panorama, no se cansan de justificarse repitiendo que en el país hay un “régimen sin legitimidad”. A esas “sentencias” se suma la contundente declaración de la Corte.

Esto contribuye al propósito guerrillero de crear en el exterior la idea de que la seguridad democrática no es más que terrorismo de Estado ejecutado de la mano de paramilitares y narcotraficantes. Y en el plano interno, a dar vuelta a la opinión pública con el fin de dominar el escenario electoral de 2010. Tal lectura pone en tela de juicio la continuidad de la ayuda militar de una posible administración de Obama a una “política criminal” y a moldear un clima internacional favorable a la injerencia de gobiernos que mantienen clandestinas relaciones con la guerrilla. Todo converge en reventar la política de seguridad. Por eso el problema es político y la solución escapa al mundo de los códigos y las barandas de juzgado.

En realidad, el debate sobre la legitimidad se vincula a la guerra irregular que adelantan las Farc y la revolución bolivariana. ¡No es cuento! El profesor Friedrich August Von der Heydte enseña que la revolución se da cuando se agota la legitimidad de la formula política que fundamenta determinado orden y es reemplazada por una nueva, sobre la cual se edifica otro orden. Eso explica que el centro de gravedad de la seguridad democrática sea la legitimidad y que en su contra la guerrilla y su aparato camuflado en la legalidad disparen a discreción. Finalmente, lo recuerda Eduardo Posada Carbó, la “falsa y errada noción de ilegitimidad del Estado colombiano” tiende a “justificar – explícita o implícitamente -, las acciones criminales de los enemigos del Estado”. De ahí que sea válida la referencia de Uribe de que la manifestación política de los magistrados se enmarca en la “trampa del poder del terrorismo agónico”.

Desde este punto de vista, no se trata de “suplantar la justicia con votos” o de vulnerar el Estado de Derecho, en palabras del editorial de El Espectador y de irreflexivos opositores. Se trata de enfrentar con instrumentos constitucionales el desafío político que significa la campaña nacional e internacional de deslegitimación de las instituciones democráticas.

El pleito por la legitimidad está sobre la mesa. En eso no hay duda. ¿Qué camino tomar? En el presidencialismo no existe la posibilidad de disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones, tampoco procedimientos como la moción de confianza que caracteriza el parlamentarismo. No tenemos mecanismos para esta situación. Por eso, resulta por lo menos imaginativa la fórmula propuesta: acudir directamente a los ciudadanos para salvaguardar la legitimidad de la institución presidencial.

www.rafaelguarin.blogspot.com


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