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Opinión

  • | 2017/03/11 12:10

    La Corte refrendadora

    Para llegar a ser considerada una "república bananera" en su máxima expresión, a Colombia solo le faltaba que su propia Corte Constitucional, a través de "sentencias refrendatorias", terminara avalando y prohijando cuanta ocurrencia y capricho provinieren de la implementación de los acuerdos con las FARC.

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Como lo muestra la encuesta de Gallup publicada en Febrero de 2017, la Corte Constitucional Colombiana tiene los más bajos índices de favorabilidad desde el año 2001, llegando a cifras que apenas alcanzan un 30% de opinión favorable, y un alarmante, pero merecido,   60% de opinión desfavorable.

Esa pésima percepción ciudadana,  es el reflejo del rechazo de los colombianos  a una serie de decisiones tomadas por alto tribunal en el último año, caracterizadas por ser contradictorias y por basarse en criterios más  políticos que jurídicos.

Antes de celebrarse el plebiscito del 2 de Octubre de 2016, la Corte Constitucional defendió este mecanismo como la más clara expresión de la "democracia participativa" y el mejor camino para blindar de legitimidad lo pactado en La Habana. Curiosamente después del resultado adverso del plebiscito, contradiciendo todo su bello discurso acerca de la democracia participativa, la propia Corte terminó inventándose un mecanismo para que fuera el Congreso,  y ya no los ciudadanos, quien refrendara los nuevos acuerdos con las FARC.

En palabras sencillas, la Corte avaló un plebiscito que posteriormente ella misma desvirtuó y deslegitimó. Pero no se detuvo ahí, pues en una decisión hecha pública el pasado jueves 9 de Marzo, la cual es digna de una "República Bananera", la misma Corte validó la refrendación que hizo el Congreso de los acuerdos con las FARC, precisamente usando el camino que ella misma le diseñó para que lo hiciera, convirtiéndose  así en juez y parte, pues no solo es la madre de la "creatura", sino quien la cuida y alimenta con sus fallos.

No puede dejarse de mencionar que en una decisión simultánea, hace dos días la Corte también tumbó el primer decreto presidencial proferido en ejercicio de facultades especiales conferidas por el mismo  acto legislativo que creó el "fast track", pero esa decisión, aunque importante,  es francamente secundaria frente a  la sentencia refrendatoría  de los acuerdos de paz, la cual es la que realmente tiene un impacto institucional de fondo. La Corte no puede fácilmente limpiar su imagen con el solo hecho de tumbar un decreto,  pues su pecado capital, por el que pasará a la historia, fue  reemplazar la voluntad popular por una sentencia. 

En efecto, quien verdaderamente terminó refrendando los acuerdos con las FARC no fue el Congreso, sino la propia Corte Constitucional, quien finalmente derrotó a quienes ganamos en las urnas votando el NO. Hoy son la mayoría de los magistrados de dicha Corte quienes con sus decisiones siguen abriendo  el camino para que, vía "fast track", la constitución sea reformada a "discreción" de las FARC con aquiescencia del Gobierno, haciendo  realidad todos los caprichos y ocurrencias de su asesor jurídico español, quien dicho sea de paso,  parece seguir siendo financiado por el Gobierno Noruego, como lo advierte el Ex Presidente Pastrana en su agudo twitter, situación que para evitar injerencias indebidas debería ser esclarecida y resuelta,  tanto por la cancillería noruega, como por la nuestra. 

La Corte que surja del nombramiento de cuatro nuevos magistrados, deberá  vencer la actual tendencia del alto tribunal hacia el apaciguamiento y la condescendencia con el poder ejecutivo, de manera que cuando tenga que fallar acerca de la constitucionalidad del Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, cuya aprobación desafortunadamente se da ya como un hecho cumplido, no caiga de nuevo en consideraciones más políticas que jurídicas y  evite que una institución que se anuncia como temporal y transitoria, no adquiera  vocación de permanencia, ni termine por convertirse en un "leviatán".

Imagínense ustedes un "super tribunal" capaz de juzgar a todos los colombianos, sin límite en los temas, ni en el tiempo, con capacidad de revisar todo tipo de decisiones de órganos judiciales y de control, aun por encima de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, creado y legitimado por  el  aval de la propia Corte Constitucional.  Eso sí consagraría a Colombia como "República Bananera",  con su propia "Corte refrendadora" de decisiones gubernamentales y congresionales, dándole una nueva dimensión al  término acuñado en 1904 por  el escritor estadounidense William Sydney Porter,  en su cuento "El Almirante".

*Ex Viceministro de Justicia. Decano, Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.

@ceballosarevalo

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