El camino es culebrero

No me resigno a guardar silencio sobre la opacidad con que funciona nuestra Corte Constitucional. Sus sentencias verdaderas, las que los ciudadanos leemos y son tenidas en cuenta por las autoridades que deben acatarlas son, en apariencia, meros comunicados de prensa. Las sentencias formales, aquellas que deben satisfacer los requisitos de adecuada y suficiente motivación, se divulgan meses después cuando los efectos prácticos de las determinaciones adoptadas ya se han cumplido. Que yo sepa esta extraña manera de proceder es solo nuestra.

Esta preocupación sube de punto ahora que los magistrados, para crear la impresión de que actúan monolíticamente, han decidido decir en esos comunicados lo menos posible, reservando, para las aclaraciones de voto y salvamentos parciales, las consideraciones que cada uno de ellos estima fundamentales. Fíjense en lo que pasó con el comunicado de esta semana sobre la constitucionalidad del acto legislativo de la JEP. Todos los magistrados que participaron en esa trascendental decisión dejaron consignado que entregarán documentos en los que expondrán su pensamiento a profundidad. Cuando eso suceda, meses después, lo que digan carecerá de importancia o, peor aún, nos puede sumir en un mar de confusiones.

Estos reproches los formulo no para agraviar a los magistrados sino en beneficio del buen nombre de la corte y en el interés del país. Yo sé que los debates internos son rigurosos y que se actúa de buena fe en la difícil coyuntura en que nos ha colocado un acuerdo de paz extremadamente audaz. Impedir que la Constitución no quede (por completo) vuelta “trizas” constituye una muy compleja tarea.

La más importante de las determinaciones adoptadas esta semana es la que versa sobre la elegibilidad política de los antiguos guerrilleros bajo la sola condición de que se comprometen a rendir cuentas ante la JEP cuando ese sistema entre a funcionar. (El requisito, en realidad, es superfluo: del acatamiento de esa obligación depende los beneficios de la justicia transicional). Añade con buen juicio la corte que la JEP, al imponer las penas restrictivas de la libertad a cada uno de los reos, decidirá si su cumplimiento impide el desempeño de funciones públicas. Así debería suceder si las penas consisten, como cabe suponer dada la gravedad de los crímenes cometidos, en mucho más que sembrar lechugas los domingos en la mañana.

La secuencia de eventos estipulada entre el Gobierno y las Farc es terrible: primero se concedieron los beneficios de suspensión de las penas y de elegibilidad política; y luego, en fecha que hoy luce incierta y remota, se exigirá el cumplimiento de las penas. Debió ser al revés como incluso algunos partidarios irrestrictos del proceso, tales como el profesor Rodrigo Uprimny, lo reconocen.

Para la dirigencia fariana la sentencia de la corte le permite respirar con cierta tranquilidad: ha quedado a salvo su participación política que es objetivo primordial de cualquier proceso de paz, y no para un futuro sino desde ya sin cortapisas reales de ningún tipo.

Sin embargo, tendrán las Farc que elegir con cabeza fría sus candidatos a la Presidencia, el Congreso y otros cargos de elección popular. Porque si la JEP, en contra de lo que sucede en la justicia ordinaria y de mis propias expectativas, llegare a funcionar pronto y con eficiencia, puede que les retire una porción importante de los cargos que ganen a dedo, unos, o en franca lid, otros. Tal vez sea inteligente jubilar a los generales y darle paso a los coroneles. Ignorar el rechazo ciudadano que por motivos poderosos ciertos dirigentes suscitan, los más visibles y de alto rango, puede resultar contraproducente.

Las recientes decisiones de la corte le pueden devolver al Gobierno algunos de los votos que había perdido en el Congreso en el trámite de la ley estatutaria; quizás los que necesita para sacarla adelante así sea con un margen estrecho. Pero lo que no consiguen es cerrar la grieta profunda que divide a la sociedad colombiana. Un sector de la ciudadanía, que puede ser mayoritario en los comicios del año entrante, rechaza la fórmula que se negoció en La Habana para conciliar los valores de Justicia y Paz. Ese repudio no es insólito. Sucedió en Guatemala donde el electorado no respaldó el pacto con la guerrilla. En Irlanda del Norte los acuerdos de paz originales fueron suspendidos durante un tiempo, pero se consolidaron años después.

Recordarán ustedes que la Corte Penal Internacional se dirigió a la Corte Constitucional para formular glosas a la JEP en temas muy espinosos, incluido el de la responsabilidad de los comandantes de la fuerza pública. Sobre todos esos temas la Cancillería ha abierto en público fuegos contra la fiscal Bensouda, mientras que la corte ha callado sobre las observaciones que llegan de La Haya.

Ambos episodios aumentan el riesgo de que nos intervenga la Justicia Internacional. Como soñar es gratis, si yo fuera canciller hubiera mandado un “non paper” a la corte; y si fuera magistrado hubiera buscado que la sentencia se ocupara del asunto para replicar, en términos amables, las objeciones. El silencio es despectivo.

Briznas poéticas. De Wislawa Szymborska, nobel en 1996: “Nada ocurre dos veces/ y no ocurrirá. Por eso/ sin experiencia nacemos,/ sin rutina moriremos/ (…) No volverá ningún día,/ no hay dos noches iguales,/ dos besos que se repitan/ dos miradas similares”.