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Opinión

  • | 2005/06/25 00:00

    Si no hay guerra ¿para qué un comisionado de paz?

    Rodrigo Uprimny, director de DJS, resalta las inconsistencias del gobierno, que al mismo tiempo niega y reconoce la existencia del conflicto armado.

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El reciente memorando del Comisionado de Paz sobre los lineamientos para los proyectos de cooperación internacional insiste en la tesis del gobierno según la cual en Colombia no existe un conflicto armado, sino una amenaza terrorista. Que el comisionado de paz reitere esa tesis no deja de ser paradójico, pues uno no puede dejar de preguntarse si en ese mismo memorando el comisionado no debió haber renunciado a su cargo. O si al menos debió haber planteado un cambio de nombre a su función. Y la razón es obvia: los comisionados de paz en Colombia han existido para ayudar a superar el conflicto armado. Pero si no existe conflicto armado ¿para qué un comisionado de paz?

La creación de un comisionado de paz para que negocie un inexistente conflicto armado no es la única contradicción del gobierno en este campo. Existen otras inconsistencias, tal vez más importantes y protuberantes, como el incremento del gasto en operativos militares y la promoción de la ley de justicia y paz, para facilitar la negociación con los paramilitares.

De un lado, el gobierno defiende el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y destaca los éxitos del plan Patriota, que ha costado millones de dólares. Ahora bien, para enfrentar amenazas terroristas, se debe privilegiar el componente policial y no la acción militar, pues se trata de desarticular bandas que no logran control territorial y por ello operan en el secreto. En cambio, el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea despliegan su fuerza de combate para preservar la integridad territorial en operaciones típicas de la guerra. En esas condiciones, si no existe conflicto armado, ¿por qué la insistencia gubernamental no sólo en destacar sus éxitos militares, sino en mantener esos esfuerzos bélicos? ¿No es un poco esquizofrénico que el Gobierno se preocupe tanto del éxito de las operaciones de guerra en un país que supuestamente no enfrenta guerra alguna?  

De otro lado, el gobierno ha promovido la ley de "justicia y paz", que debe dar piso jurídico a la negociación con los paramilitares. Esa ley concede enormes beneficios penales a los actores armados ilegales que entren en proceso de paz con el gobierno. Eso significa que se estarían adelantando negociaciones de paz con actores armados para superar un inexistente conflicto armado, lo cual no deja de suscitar perplejidad.

Si no existe un conflicto armado, sino una amenaza terrorista ¿por qué todos estos esfuerzos por alcanzar la paz? Y en especial ¿por qué negociar con esas organizaciones terroristas? ¿No es acaso lo lógico someter por la fuerza al terrorismo y no negociar con él? En esas condiciones, si el gobierno asume que no existe conflicto, armado sino una amenaza terrorista, todo indica que no debería apoyar un proyecto que habla de procesos de paz  con grupos ilegales; el gobierno debería, a lo sumo, plantear una estrategia de sometimiento a la justicia, pero no una negociación de paz.

En todo caso, resulta contradictorio con el discurso gubernamental de la inexistencia del conflicto armado que el gobierno hubiera insistido en que se calificara de delincuentes políticos a los grupos paramilitares, con el fin de dar mayor sustento jurídico a las negociaciones. En efecto, si lo que existe es una amenaza causada por grupos terroristas, ¿por qué la insistencia en calificar de delincuencia política el fenómeno paramilitar?

Pero eso no es todo; la definición de esa ley acerca de los rasgos que debe tener un actor armado para poder entrar en negociaciones de paz con el gobierno está basada en la Ley 782 de 2002, la cual, a su vez, prácticamente copia la regulación que trae el Protocolo II de Ginebra sobre la aplicación del derecho internacional humanitario a los conflictos armados internos. En efecto, estos textos hacen referencia a organizaciones armadas, que (i) bajo un mando responsable, (ii) logran un cierto control o presencia en un territorio, y (iii) tienen capacidad de realizar acciones armadas sostenidas. Ahora bien, el Protocolo II incorpora esos tres criterios precisamente para caracterizar un conflicto armado interno. ¿Cómo puede entonces el gobierno defender esos mismos criterios en la ley de justicia y paz, lo cual supone aceptar el conflicto armado colombiano, para luego negar públicamente la existencia de dicho conflicto?

La posición del gobierno es entonces contradictoria, pues niega la existencia del conflicto armado pero, al mismo tiempo, acepta su presencia, ya que promueve estrategias que necesariamente suponen el reconocimiento de dicho conflicto, como existencia misma del comisionado de paz y el apoyo a la ley de justicia y paz

Estas contradicciones gubernamentales son cuestionables. Desde Aristóteles sabemos que un requisito mínimo de cualquier discurso que aspire a la racionalidad es la consistencia. Un actor racional no debe violar el principio de no contradicción, según el cual uno no puede afirmar al mismo tiempo que algo es A y No A. Una pregunta obvia surge entonces, y es la siguiente: ¿por qué este gobierno, que dista de ser ingenuo, incurre en esas profundas contradicciones?

Una primera respuesta es que el gobierno habría abandonado las tesis aristotélicas para adherir a algunas teorías lógicas contemporáneas que admiten contradicciones en el discurso. Pero no creo que sea así, pues no sólo el gobierno no ha dicho nada al respecto, sino que, además, esas lógicas admiten contradicciones parciales periféricas, pero no en el corazón de una argumentación. La respuesta debe estar en otra parte.

Todo indica que la posible respuesta es que el gobierno incurre en esas contradicciones, pues pretende obtener las ventajas jurídicas y políticas de que exista conflicto armado y de que no exista conflicto armado.

Así, al negar discursivamente el conflicto armado y hablar de amenaza terrorista, el gobierno no sólo busca quitar todo reconocimiento político a las guerrillas, sino que pretende igualmente limitar la aplicación del derecho internacional humanitario y en especial del llamado principio de distinción, según el cual, los actores armados deben respetar a la población civil. El gobierno busca impedir cualquier asomo de neutralidad de cualquier sector de la población, pues todos los ciudadanos deberían alinearse contra la amenaza terrorista.  

Pero, de otro lado, al aceptar tácitamente la existencia del conflicto, el gobierno parece buscar que la sociedad colombiana y la comunidad internacional acepten los costos de la búsqueda de la paz, no sólo en términos de financiamiento del gasto militar para la guerra, sino también de aprobación de los enormes beneficios punitivos previstos en el proyecto de justicia y paz, para los actores armados que se desmovilicen.

Las contradicciones lógicas tendrían entonces una funcionalidad política y jurídica. Pero, incluso en el trópico, la razón reclama sus derechos y esas contradicciones gubernamentales han llegado a límites insostenibles. Es muy indicativa, por ejemplo, la reacción de Acnur de plantear su salida del país si el gobierno insiste en negar el conflicto armado. Un mínimo de coherencia gubernamental resulta entonces indispensable, si queremos políticas de paz viables. 

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