Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/07/11 00:00

Si no puedes con tu enemigo, refórmalo

Es urgente que la opinión pública sea consciente de la paradoja: el presidente Uribe pretenda que sea el Congreso – con una cuarta parte de sus miembros investigados por sus vínculos con los paramilitares – quien decida en qué condiciones deberá la Corte Suprema seguir adelantando los procesos penales en contra de esos senadores y representantes

Si no puedes con tu enemigo, refórmalo

En medio del júbilo generalizado que produjo el rescate de los 15 secuestrados el miércoles pasado, soplan vientos reformistas en el Palacio de Nariño. Tras la caída de la reforma política y el vaivén del presidente Uribe en relación con el referendo, ahora el gobierno inicia una nueva empresa para que el Congreso apruebe una reforma a la justicia. El anuncio lo hizo el nuevo ministro del interior, Fabio Valencia, el mismo día en que tomó posesión del cargo.

Son muchos los rumores acerca del contenido del proyecto. Sin embargo, el diario El Tiempo informó que desde antes del nombramiento de Valencia, ya se venía discutiendo en el Gobierno un borrador de reforma que incluye como punto inamovible la doble instancia para el juzgamiento de congresistas en materia penal. Se trata del segundo round de una pelea que tuvo su primera vuelta en febrero de este año, cuando se buscó que el Congreso sacara adelante la posibilidad de apelar las sentencias que la Corte Suprema ha emitido contra varios congresistas procesados por parapolítica. Aún así, Valencia negó tener conocimiento de la existencia de dicho borrador, y reiteró que el proyecto será redactado de manera consensuada con los partidos políticos y las altas cortes antes de ser llevado al Congreso.

Más allá de la discusión en torno al contenido del proyecto, esta nueva iniciativa se inscribe en una tendencia cíclica de reforma a la justicia, la cual ha caracterizado al gobierno de Uribe desde su primer mandato. Siempre bajo el liderazgo del ministro del Interior de turno, hasta la fecha – cada dos años y desde el 2002 – hemos visto fracasar tres intentos por reformar la justicia colombiana.
 
Sin embargo, esta vez la iniciativa ha dado un giro político que evidencia hasta que punto las reformas a la justicia promovidas por el gobierno responden – más que a la voluntad real de transformar la administración de justicia – al ánimo antagonista del Presidente, quien ve en las altas cortes del país un obstáculo para su proyecto político. En últimas, la reforma termina siendo la estrategia del gobierno para neutralizar el contrapeso que representa el poder judicial frente al poder del ejecutivo, bajo la máxima: si no puedes con tu enemigo, refórmalo.

La primera fase de la estrategia ha sido intentar eludir el control constitucional por medio de reformas a la Constitución. Así, a finales del año 2002 – tan solo unos meses después de la posesión del Presidente – el ministro Fernando Londoño intentó infructuosamente transformar la reglamentación del trámite de las tutelas, limitar el control constitucional por parte de la Corte Constitucional y reducir este tribunal a un órgano más de la Corte Suprema de Justicia.
 
Posteriormente, el segundo embate corrió por cuenta del ministro Sabas Pretelt, quien en medio de múltiples salidas en falso en contra del tribunal constitucional, terminó utilizando la carta de la reforma por iniciativa gubernamental como un mecanismo para presionar el consenso entre la Suprema y la Constitucional. La cosa terminó mal, Pretelt fue desmentido por Palacio, la Corte Constitucional no volvió a aceptarlo como su interlocutor y el proyecto se hundió.

Finalmente, el más reciente ataque del gobierno en contra de la Corte Constitucional vino de la mano del entonces ministro, Holguín Sardi. El fallido proyecto de Acto Legislativo proponía recortar la potestad del tribunal constitucional para hacer revisiones de contenido a las reformas constitucionales tramitadas ante el Congreso, precisamente en un momento que el gobierno pretendía impulsar dos importantes reformas constitucionales ante el legislativo – el referendo y la reelección. Aún así, Holguín sostuvo hasta el hundimiento del proyecto que el objetivo de la reforma era acabar con el choque de trenes.

Al menos por el momento, la Corte Constitucional ha dejado de ser el foco de las cruzadas reformistas del Ministerio del Interior. Y esto es así, particularmente después de que dicho tribunal anunció la semana pasada que no revisará el Acto Legislativo que permitió la reelección presidencial, por encontrarse vencido el término de la acción.

La nueva fase de la estrategia de debilitamiento del poder judicial pone en la mira a la Corte Suprema de Justicia, pues al gobierno le preocupa que la Corte tenga la competencia de juzgar en única instancia a los congresistas sindicados por sus vínculos con los paramilitares, particularmente teniendo en cuenta que muchos de ellos son cercanos al Presidente.
 
Así, por primera vez en 6 años de mandato, Uribe plantea un proyecto de reforma que pretende limitar la potestad de la Suprema como juez penal en única instancia de senadores y representantes. Y esto sucede, precisamente cuando la tensión entre la Suprema y el Presidente – in crescendo desde principios de este año – se encuentra en un punto álgido, tras la remisión del fallo de Yidis Medina a la Corte Constitucional. Por esta razón, y a pesar de que el Presidente insiste en que el proyecto no está permeado por su pelea con la Suprema, resulta difícil no encontrar una coincidencia entre el objetivo de la reforma y el enorme protagonismo político que la Corte Suprema ha ganado en los últimos meses.

Después de este giro – para nada inesperado – queda claro que el Presidente está dispuesto a jugarse una vez más la carta de la reforma a la justicia para asegurar y aumentar su poder político. Tal y como lo advirtió acertadamente el ex magistrado Rodrigo Uprimny al referirse a las iniciativas de 2002 y 2004, el gobierno parece perseguir con estas medidas el desmonte del Estado Social de Derecho y no su fortalecimiento. En este caso, al neutralizar el contrapeso que representa la independencia de la Suprema frente al poder político del legislativo y el ejecutivo, se debilita uno de los mecanismos más importantes para limitar el abuso del poder estatal.

En esa medida, resulta apremiante que la opinión pública sea consciente de la paradoja que representa el hecho de que el jefe del gobierno nacional pretenda que sea el Congreso – con una cuarta parte de sus miembros siendo investigados por sus vínculos con los paramilitares – aquel que decida en que condiciones deberá la Corte Suprema seguir adelantando los procesos penales en contra de senadores y representantes.


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