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Opinión

  • | 2006/10/28 00:00

    Sí, pero...

    Lo que hizo el presidente puede ser polémico, pero si no lo hubiera hecho, un presunto aliado del narcotráfico seguiría teniendo acceso a la información

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El episodio del presidente Uribe y el secretario de Gobierno de Buenaventura tiene de largo y de ancho. Por un lado, son razonables las críticas al jefe del Estado por emprender un proceso sumario y ordenar la detención de una persona sin atender las garantías legales e incluso sustituyendo la labor de los funcionarios judiciales. Sin embargo, es innegable que en el Pacífico los narcotraficantes están viviendo un nuevo auge y que cuentan con la ayuda de dirigentes de todos los niveles. En ese sentido, lo mejor para Colombia sería que el debate no se quedara únicamente en las formas.

En lo que tiene que ver con el secretario de Gobierno Adolfo Chipantiza, es válido estar en desacuerdo con la espectacularidad de la orden presidencial. Frente a las cámaras y confiriendo labores de Policía judicial a su cuerpo de escoltas, el Presidente mandó a que lo condujeran ante las autoridades judiciales.

El sistema penal acusatorio establece que un ciudadano debe ser oído antes de proceder a su detención y que ésta se debe efectuar después de obtener la autorización de un juez de garantías. Dos requisitos que no se habían cumplido para el momento en que el Presidente dio la orden.

Sin embargo, no deja de ser preocupante que la Fiscalía y los jueces de garantías no hayan considerado el alcance de la sindicación en contra del señor secretario y en cambio hayan decidido dejarlo rápidamente en libertad ignorando la gravedad de la acusación que pesa en su contra.

El comandante de la Brigada de Infantería de Marina de la zona, asegura que el secretario de Gobierno lo invitó a que "cambiáramos una droga que habíamos acabado de incautar para evitar que se presentaran unas muertes y algunas amenazas". Agrega el capitán de navío Héctor Pachón que el funcionario de la administración municipal de Buenaventura: "Me propuso que aliviáramos la presión a esta ofensiva que estamos haciendo contra el narcotráfico y dejar algunas áreas descubiertas, seguramente para traficar con coca".

Si el comandante de Brigada recibe semejante propuesta delictiva, la reporta inmediatamente a sus superiores como se lo ordena el reglamento militar y la pone posteriormente en conocimiento de la justicia, no resulta explicable que el señalado secretario siguiera libre, y menos en sus funciones.

La salida del secretario de Gobierno, al parecer por renuncia voluntaria, sólo se presentó después del incidente.

En el Pacífico están sucediendo cosas graves. La aparición de cultivos masivos de coca, que no existían hace unos años, debe ocupar la atención del país. Los narcotraficantes, entre ellos varios de los que están disfrutando de su nueva condición de paramilitares, han logrado acercar los cultivos y laboratorios de procesamiento a los puertos. Ellos están optimizando su negocio por cuenta del controvertido proceso de paz con las autodefensas y por la evidente pasividad judicial.

A la sombra de esa inercia han conseguido enormes tajadas de poder político en varias regiones del país, incluidos desde luego Buenaventura y todo el departamento del Valle. Si las autoridades investigaran con rigor las relaciones políticas de estos narcos, tendrían que empezar a dar explicaciones algunos miembros de la bancada del gobierno sobre los cuales nadie ha dicho una palabra hasta ahora.

Lo que hizo el Presidente puede ser polémico, pero si no lo hubiera hecho, un presunto aliado del narcotráfico seguiría teniendo acceso a la información sobre las operaciones en contra del millonario y sangriento negocio.

Por eso la controversia no se puede estancar en el error jurídico del mandatario -por grave que sea- sino que debe avanzar hacia el grado de impunidad del que están gozando muchos delincuentes por los vacíos del nuevo sistema penal acusatorio.
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