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Opinión

  • | 2012/10/01 00:00

    Si piensa comprar vivienda sobre planos, mire bien

    El crecimiento del sector vivienda no se diluye entre todos los colombianos ni se materializa en una vivienda digna como lo reza la Constitución.

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La vivienda fue, después de la comida, lo primero que buscó el hombre. Antes de cubrir su cuerpo con las hojas de los árboles y las pieles de los animales, nuestros más antiguos ancestros, cuando aún eran nómadas, se metían en las cuevas naturales para guarecerse de los factores hostiles de la propia naturaleza, como la lluvia, el granizo y la nieve. Y una vez que el hombre salió de este estado primitivo, todas las culturas se preocuparon por construir una vivienda para las familias que las integraban. De ahí que esa prístina necesidad se haya elevado a principio fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11), y en nuestra Constitución (art. 51). Esta norma señala: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna”.

El último informe del Departamento Nacional de Estadística —Dane—, indica que la economía en el segundo trimestre de este año creció 4.9%. El mismo informe señala que a la vanguardia de la vigorosa economía colombiana está el sector de la construcción, con el 18.4%: un verdadero Potosí frente a la industria que decreció –0.6% y a agricultura que creció solo el 2.2%. Aunque el estudio no desagrega los diferentes productos de la Construcción —hoteles, centros comerciales, oficinas, bodegas, etc.—, quizás el componente más alto de este renglón de la economía sea el de la vivienda. Pero no el de la vivienda de interés social, de la que también nos habla la Constitución, sino la del estrato 6, que es la de mayor rentabilidad.

Ese 18.4% del crecimiento de la economía, en cuyo segmento está la vivienda, sin embargo, no se diluye entre todos los colombianos, ni se materializa en una vivienda digna como lo reza la Constitución, ni siquiera llega a quienes hacen el mayor esfuerzo para adquirirla. Crecimiento y rentabilidad se quedan en un puñado de urbanizadoras, que no tienen principios éticos para cumplir las obligaciones contractuales con sus compradores, sino manos voraces con retroexcavadora y calculadora, que multiplican suelo y subsuelo, tantas veces como pisos tienen las torres que construyen y venden.

Las urbanizadoras —no todas, afortunadamente—, manejan varios secretos: comprar terrenos bien ubicados, de alta estratificación; vender sobre planos, con tres, cuatro o cinco años de antelación a la fecha de entrega, y construir con materiales de la más baja calidad. Esto, en las grandes ciudades y también en las intermedias, les trae enormes ventajas. Sus compradores son profesionales, cuya pareja trabaja de sol a sol, y carece de tiempo para mirar los acabados en la preentrega y luego en la entrega. Generalmente asiste solo uno de los dos, el otro está atendiendo obligaciones laborales o compromisos empresariales. Como consecuencia de lo anterior, al momento de recibir no alcanza a darse cuenta de los imperfectos, y de buena fe firma el acta de entrega. Pero en la primera semana observa que la pintura se desprende, los techos se soplan, los interruptores hacen corto, los baños se tapan, el mesón de la cocina se cae. El comprador furioso toma el citófono para reclamar en la administración —que es de la urbanizadora—, pero se da cuenta que tampoco sirve. Ahí comienzan las reclamaciones. Entonces, la urbanizadora responde: “¡Qué pena, pero usted no dejó esas observaciones en el acta de entrega!” Hay, sin embargo, una luz de esperanza: el estatuto del Consumidor (ley 1480/2011), cuyas normas son de orden público, irrenunciables y, por encima de cualquiera acta de entrega. Pero el estatuto no es milagroso. El consumidor debe abrir bien los ojos antes de comprar sobre planos. Y, luego si detecta las fallas, debe organizarse con los demás compradores y reclamar sus derechos.
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